Caso Barrenador: Gerente financiero alertó de sobreprecios y fue ignorado

Reveló inconsistencias en las ofertas

Por Ambar Segura | 4 de Oct. 2024 | 9:02 am

14 días antes de que los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobaran adjudicar 138 Ebais a terceros, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, alertó de sobreprecios y otras inconsistencias en las ofertas de las cooperativas.

Durante la sesión de Junta Directiva N. 9459, Picado mostró con datos reales cuánto de más pagaría la institución al adjudicar a Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco la administración de 10 Áreas de Salud por un plazo de 10 años.

Primeramente, el gerente resaltó que el cartel se diseñó sin que existiera un estándar o una forma específica para que los proveedores presentaran la oferta, lo cual ocasionó que se necesitara realizar un análisis distinto para cada una de las ofertas. Posterior a esto, les detalló en términos de dinero el significado de la adjudicación.

Yo nada más quisiera, porque me parece que es una decisión muy importante dar algunos datos globales. Lo hemos insistido, los contratos actuales andan alrededor de ¢30 mil millones, las ofertas actuales están en ¢51 mil millones, eso significa que si se adjudican estos contratos, estaríamos pagando ¢21 mil millones más durante 10 años, lo cual significa pagar ¢210 mil millones más.

Yo no estoy diciendo, bueno, los estudios técnicos dicen que es excesivo, pero lo que estoy diciendo es que son ¢210 mil millones más (…) Eventualmente, si los contratos se aceptan como tales, ese costo se supera en una proporción relativamente alta, aseguró Picado.

Por otro lado, detalló elementos "razonablemente útiles" para la discusión de ese momento, por ejemplo, confirmó que en la oferta de uno de los oferentes se planteaba el alquiler de su propia instalación que ya está construida.

"La viene usando desde hace años, con un costo anual de ¢300 millones, lo cual significa que si se firma el contrato al final de los 10 años va a recibir ¢3 mil millones, un inmueble que tiene un avalúo, en este momento, de ¢1.700 millones (…) eso lo dejo ahí porque me parece que es un detalle no menor", comentó Picado.

Para concluir su intervención, Picado manifestó que dicha contratación era "muy particular" y le recordó a los directivos que cuando se tuvo un contrato de este tipo con la Universidad de Costa Rica (UCR) se finiquitó porque el costo terminó siendo mayor al institucional, situación que estuvo presente en la investigada adjudicación.

"Estamos hablando y cierro ¢21 mil millones anuales, ¢210 mil millones en los 10 años que tendría vigencia el contrato", concluyó el gerente.

¿Qué hicieron los directivos al conocer la información de Picado? Claramente, fue ignorada porque se adjudicó, pero realizaron diferentes declaraciones durante la sesión. En el caso de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS e imputada del caso Barrenador, aseguró que le indicaría a uno o dos asesores de ella que revisaran dichos elementos.

Pareciera que el trabajo lo vamos a tener que hacer nosotros, compañeros (…) Aquí lo que importa es que nosotros, como miembros de Junta Directiva, tomemos la decisión más informada (…)

Me llama la atención eso de cómo se toma en cuenta lo del alquiler, porque nosotros partimos de que ya conocemos a la empresa y decimos ‘ya tiene su propio edificio' y ¿qué si ellos alquilan? Nos estamos metiendo en la forma de organizarse de los oferentes, creo que ahí se nos está yendo la mano, dijo Esquivel tras conocer inconsistencias en los contratos que presionó para adjudicar y que la llevaron a ser detenida en Pérez Zeledón.

Durante la discusión, Jorge Luis Araya, imputado, exdirectivo y director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector empresarial privado, afirmó que el sector empresarial llegó a la sesión "preparado" con una justificación que permitiría adjudicar pese a las alertas, lo cual Esquivel agradeció.

De hecho, Marielos Gutiérrez, otra imputada, les aseguró que ella realizaría el análisis desde la Dirección de Proyección de Servicios en Salud, el cual finalmente se utilizó para realizar la adjudicación.

Doña Marielos, nos apoya con los datos actualizados de per cápita y las Áreas (…) Yo voy a designar a dos personas de la presidencia para que apoyen ese comparativo, dijo Esquivel.

Por el caso Barrenador se detuvo a 8 personas que se vieron involucradas de alguna manera en la adjudicación de las áreas de salud, pese a múltiples alertas.