Caso Barrenador: funcionario de CCSS borró correos de directivo mientras OIJ hacía respaldos durante allanamientos

El pasado martes, mientras se continuaba con uno de los 28 allanamientos sobre el caso Barrenador por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA), un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) consiguió acceder al correo de forma irregular para borrar más de 300 archivos de uno de los sospechosos, pese a que un juez había ordenado inhabilitar las cuentas desde las oficinas centrales.

Así lo conformó la policía judicial, que abrió una investigación adicional, para determinar cuál empleado está detrás del acto y para intentar recuperar la información eliminada.

En este escándalo de supuesta corrupción, figura la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, así como 7 exmiembros y funcionarios que al parecer, aprovecharon su condición de junta directiva para presionar en favor de la adjudicación de contratos a cooperativas para administrar 138 Ebais, con posibles sobreprecios excesivos de unos ₡12.400 millones de colones al año.

Cronología del borro de posibles pruebas

El Juzgado Penal de Hacienda a partir de las 7:00 a.m. del lunes, inició la diligencia de allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, donde comenzó el respaldo de las cuentas electrónicas de los imputados en el caso barrenador. Esto tras la petición junto al Ministerio Público.

A solicitud de las autoridades judiciales, se inhabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios investigados en la mañana del 23 de setiembre. Este procedimiento interno es normal en los casos donde se investigan supuestos actos de corrupción.

Sin embargo, ayer miércoles en la mañana, un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas de los sospechosos generó errores en la sincronización de archivos.

Al revisar la bitácora, observó que habían borrado al menos unos 300 archivos del correo electrónico, preliminarmente, así como 4 elementos eliminados en el OneDrive, un sistema para guardar archivos que se usa en las instituciones públicas.

Al revisar lo sucedido, se confirmó que el correo, de donde se desaparecieron posibles evidencias, fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, pasando por encima a la orden del juez que dispuso el bloqueo de las cuentas.

Para autorizar el acceso a ese correo para desvanecer archivos, utilizaron el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo.

No obstante, ese funcionario no está trabajando por estar en vacaciones y regresará al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre. Por esa razón se sospecha que alguien más accedió con las credenciales de este funcionario de la CCSS para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión, que pertenece a uno de los sospechosos hombres.

En la bitácora del martes 24 de setiembre alrededor de las 9:00 a.m., se registró que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de juez.

Se presume que un funcionario aprovechó ese momento para borrar la cantidad masiva de correos. La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.

Según las autoridades judiciales, este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, dado que no es posible en estos casos de presunta corrupción, citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, como sugirió el mandatario Rodrigo Chaves durante una serie de ataques que emitió contra el Poder Judicial por la detención de Marta Esquivel.

Según el OIJ, citar a personas investigadas por este tipo casos alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba, como ya sucedió lamentablemente en este caso.

"El Organismo de Investigación Judicial va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar esos correos y archivos, siendo que en caso de no contar con la tecnología disponible (debido a las carencias informáticas que ya se han informado en reiteradas ocasiones por falta de recursos) se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones", según destaco su director, Randall Zúñiga.