Caso Barrenador: Fiscal confirma que fallo del Contencioso no tiene relación con investigación penal

El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó una medida cautelar para suspender la adjudicación de 138 Ebáis no descarta la existencia de irregularidades. Por el contrario, la causa penal conocida como el caso Barrenador continúa bajo investigación para determinar si existió un delito en dicha contratación.

Miguel Ramírez, fiscal jefe de Probidad del Ministerio Público, ratificó que no existe ningún tipo de relación entre la eventual existencia de irregularidades en el proceso de adjudicación y el hecho de que este quede en firme o no.

"No afecta absolutamente nada y eso quiero que quede claro. Una cosa es una medida cautelar en un contencioso-administrativo solicitado por un sindicato: si presentaron prueba o si tenían elementos o no, eso es totalmente independiente al marco penal. 

En el marco penal, tenemos toda la prueba o tenemos elementos probatorios que nos determinan otras situaciones que no son contencioso-administrativas, civiles, laborales, etc. Son materias totalmente independientes", indicó el fiscal.

La semana pasada, el Gobierno, mediante su programa televisivo de Casa Presidencial, difundió falsamente que no existió delito, cuando el proceso resuelto por un juez no tiene ninguna injerencia en la investigación penal.

"Un juez del Tribunal Contencioso Administrativo determinó que no hubo absolutamente nada irregular o ilegal en la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas", señalaron erróneamente desde Presidencia.

No obstante, la resolución respondía a una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mediante una medida cautelar para frenar la adjudicación de diez áreas de salud por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Primero, esa petición de ANEP data de agosto de 2024, incluso antes de los allanamientos y detenciones por el caso penal Barrenador. Segundo, la medida fue rechazada por falta de pruebas, ya que el sindicato no aportó estudios que respaldaran su afirmación de que existían sobreprecios.

Por esa razón, el Contencioso Administrativo rechazó única y específicamente la petición de ANEP, que era solo una medida provisional, sin resolver el fondo del presunto caso de corrupción.

Esa es la razón por la cual la causa penal sigue en pie, en la que la expresidenta de la CCSS y ahora candidata a diputada, Marta Eugenia Esquivel, figura como una de las principales imputadas.

"Nosotros sí queremos aclarar que esa resolución no tienen en lo absoluto nada que ver con el marco penal y continuamos en el marco penal, exactamente igual como hace unos días. A veces se tergiversa un poco los comunicados, no por los medios de prensa sino por quien quiere emitirlos porque hay veces la gente quiere oír.

En este caso, qué lástima. Seguimos adelante con fuerza, así lo que diga el Contencioso Administrativo no tiene ninguna vinculación en el marco penal", reiteró Ramírez.

 

Prueba de que la investigación penal no se ha frenado es que, a finales de la semana pasada, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizaron una serie de allanamientos para dar con los responsables de eliminar más de 300 archivos relacionados con el caso Barrenador.

Algunas diligencias se efectuaron en las oficinas centrales de la CCSS, mientras que cuatro se realizaron en viviendas particulares, incluida la de un funcionario de apellido Herrera, en el condominio Valle Alto, Goicoechea, así como en las residencias de dos funcionarios del Departamento de Tecnologías de Información de la institución.

Incluso, el juez que rechazó suspender los contratos de los 138 Ebáis valoró el costo-beneficio, ya que acceder a la petición de ANEP implicaba que la CCSS debía retomar por su cuenta la prestación de los servicios adjudicados, lo que conllevaría un proceso de transición que afectaría la continuidad de la atención en salud.

Paralelamente, los contratos que la medida cautelar pretendía suspender ya habían sido frenados por la Junta Directiva de la CCSS desde hacía aproximadamente cinco meses.

El 27 de agosto, los directivos iniciaron el proceso para anularlos por presuntos sobreprecios y así proceder con una contratación de emergencia, mientras se elabora un nuevo cartel licitatorio para los Ebáis involucrados en el caso Barrenador.

Actualmente, la CCSS asumió la atención de dos áreas de salud, ya que la cooperativa Asemeco no participó en la contratación de emergencia. Las ocho áreas restantes fueron adjudicadas a las cooperativas que originalmente las administraban.

Según el criterio de la Dirección Jurídica de la CCSS, debido a que la Contraloría General de la República anuló una de las diez partidas del caso Barrenador por carecer de razonabilidad de precios y de estudio de mercado, las demás partidas presentan los mismos vicios, ya que se adjudicaron en un mismo acto final.