Caso Barrenador: Documento presentado por defensa de imputados como prueba es falso

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que el supuesto borrador de un estudio de razonabilidad de precios, que indicó presuntos ahorros millonarios en la contratación por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de 5 cooperativas y una asociación para administrar 137 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de 10 áreas de salud, es falso.

Este borrador de estudio de razonabilidad de precios fue aportado como prueba por la defensa de los imputados, entre los que figura Marta Eugenia Esquivel, expresidenta de la entidad, en la audiencia de apelación de medidas cautelares celebrada en diciembre. Sin embargo, la evidencia fue rechazada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José.

La existencia de dicho documento trascendió primero públicamente el 3 de diciembre en un reportaje del noticiario Telediario de Multimedios Canal 8. Un día después, el 4 de diciembre, fue presentado como prueba en la audiencia judicial.

El supuesto borrador también fue compartido con agresividad después del 3 de diciembre por páginas en Facebook, troles, "influencers" y diputados afines al gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Dicho documento fue secuestrado en diciembre pasado por la Fapta para ser analizado

La defensa técnica de los imputados alegó que dicho borrador fue elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y que no señalaba "por ningún lado" el supuesto sobreprecio de ₡12.400 millones en la adjudicación a las cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) para la administración de los 137 Ebáis de las 10 áreas de salud ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM). En ese espíritu, insistieron en que más bien habría supuestos "ahorros millonarios" con la adjudicación.

Los interesados en que el documento se avalara como prueba alegaron que el borrador fue enviado a los miembros de la junta directiva de la CCSS desde el 19 de marzo de 2024. Es decir, esto significa que desde ese momento y hasta el 6 de julio de 2024 (cuando se adjudicó la licitación a las cooperativas), los jerarcas pudieron haber consultado por ese supuesto borrador inicial.

¿Por qué el documento es catalogado como falso?

La fiscalía enumeró 5 aspectos puntuales como conclusiones tras el análisis pericial realizado:

• Los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS no emitieron ningún estudio de razonabilidad de precios, previo al que consta en Sicop, ni a nivel de borrador, ni tampoco en forma de papeles de trabajo. Por lo que no existe un estudio preliminar. Lo anterior, descarta la veracidad del documento aportado.
• Según el Sistema de Archivo y Correspondencia de la CCSS, el 19 de marzo del 2024, que es la fecha que consigna el documento secuestrado, no se emitió dicho documento y ninguno de los funcionarios que aparecen emitieron firma alguna de ese oficio. Este segundo elemento permite establecer de forma contundente que el documento secuestrado nunca fue firmado por los que elaboraron el estudio que consta en SICOP.
• El documento secuestrado no corresponde al estudio de la licitación, ya que es únicamente referido al rubro mano de obra, de ahí que la cantidad de páginas no corresponde al estudio oficial subido a Sicop. El documento oficial presentado en sistema incluye, además, el análisis de insumos, gastos indirectos, alquileres y utilidad (correspondientes a las variables establecidas en el pliego de condiciones). Esto permite establecer que dicho documento no pudo ser confeccionado por el equipo que realizó el estudio, ya que el pliego de condiciones se refiere a todas las variables y no únicamente a mano de obra esto permite también descartar la veracidad del documento.
• Finalmente, el documento ofrecido por la defensa técnica y secuestrado por el Ministerio Público, carece de firma digital, ya que lo que tiene es insertada una imagen que no corresponde a una firma de esa naturaleza. En ese sentido, dicho documento no cuenta con firma digital ni de otra forma, y no fue emitido por el Área de Contabilidad de Costos, ni por los funcionarios que el mismo indica lo confeccionaron, todo esto permite establecer que el documento no es veraz.
• Realizado este análisis, se ratifica que el Estudio de Razonabilidad de Precios emitido y firmado por el Área de Contabilidad de Costos es el que consta en el Sicop, es el único estudio que se ha emitido, que no ha existido estudio previo y que tampoco los funcionarios a cargo han realizado o firmado documento preliminar alguno y que este documento que difiere del oficial, al contener información falsa, es un documento falso.

La Fapta recalcó que toda la documentación que sustenta la investigación del caso y que, además, ha sido analizada por los diversos entes técnicos y por la Contraloría General de la República (CGR), fue obtenida por medios oficiales, como lo es el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde se tiene un documento con fecha de 8 de abril del 2024, con ampliación del 10 de abril del 2024, que corresponde al único estudio de razonabilidad de precios que formó parte de la licitación.

"Esta información oficial consta en el Sicop que fue el procedimiento de compra conocido por la junta directiva, según se consigna en sesión pública. Asimismo, la fiscalía verificó con la Dirección Financiera de la CCSS, la cual refirió: ‘Los documentos formalmente emitidos por esta Dirección y el Área de Contabilidad de Costros en relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142 son los que constan en Sicop, no existe documentos previos oficiales en torno a este tema‘", detalló la fiscalía, a través de un comunicado de prensa divulgado el 4 de diciembre de 2024.

Ese día, la fiscalía recordó que la prueba fue presentada en la audiencia de apelación de las medidas cautelares y que la jueza a cargo rechazó dicha evidencia por no configurar un documento válido.

"En el acto, de conformidad con el Artículo 198 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ordenó el secuestro de dicha prueba para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal. Así las cosas, el Ministerio Público continúa con su labor de investigar de manera objetiva los hechos denunciados y el respectivo análisis de la prueba lícita, como corresponde en esta etapa", puntualizó la institución, el 4 de diciembre.

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que la cúpula de la CCSS, encabezada entonces por la abogada Marta Eugenia Esquivel, habría contratado a las cooperativas en detrimento de otra licitación que estaba en curso desde 2021. Con la decisión, avalaron contrataciones por un plazo de 10 años y un monto total inicial de ₡471.555 millones, los cuales representarían sobreprecios de hasta ₡12.400 millones anuales.

La Fapta investiga presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública contra la presidenta ejecutiva Esquivel y otros 7 jerarcas de la entidad.

Entre los imputados detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes del gobierno y el sector empresarial; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

El 16 de diciembre pasado, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública declaró sin lugar la apelación de medidas cautelares presentada por Esquivel Rodríguez y los demás imputados en la causa.

La jerarca, junto a María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general de la CCSS, y otros 3 tres directivos (María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas), seguirá suspendida del cargo hasta abril de 2025 por mientras continúa la investigación penal.

A los imputados Roberto Quirós Coronado, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Porras López al no ser miembros activos de la junta directiva de la CCSS no se les impuso ninguna medida cautelar de las relacionadas con el peligro de obstaculización y continuidad delictiva.