Caso Bancrédito ¿Por qué acusa la Fiscalía al expresidente Luis Guillermo Solís? Este es el detalle
Expresidente fue advertido de la situaución del banco en al menos 6 ocasiones
(CRhoy.com).— En la acusación presentada contra el expresidente Luis Guillermo Solís, y 4 personas más, una de las piezas claves fue un informe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), enviado al Ministerio Público, donde se hizo una relación de hechos de los posibles delitos cometidos al trasladar ¢100 mil millones y $50 millones del Ministerio de Hacienda a Bancrédito.
Así lo dio a conocer CRHoy.com, en una serie de reportajes publicados en julio del 2020, momento que fue enviado el informe de la División Jurídica de la CGR a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
En la acusación también figuran Helio Fallas Venegas, exvicepresidente de la República, Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia, Martha Cubillo Jiménez, extesorera Nacional y Exviceministra de Ingresos y Mauricio Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional.
El camino que tomaron ₡100 mil millones y $50 millones que salieron del Ministerio de Hacienda a Bancrédito, entre marzo y abril del 2017 durante la administración de Solís Rivera, con el fin de "salvar" al banco de la quiebra, no habría sido el correcto.
Uno de los aspectos fundamentales del caso es que la forma en la que se justificaron esos traslados y las solicitudes de ampliación de los vencimientos de las llamadas "inversiones" podrían constituir actos ilegales en el ejercicio de los cargos públicos.
El documento de la División Jurídica de la CGR, a la cual CRHoy.com tuvo acceso, señala presuntas irregularidades cometidas por el gobierno entre 2016 y 2018 en la compra de títulos al Bancrédito, "gestionados con el objetivo de solventar los problemas de liquidez de este último, lo cual en apariencia repercutió en la afectación del flujo de caja del Presupuesto de la República del año 2018, poniéndose así en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período".
El 28 de marzo del 2017 el Ministerio de Hacienda realizó la primera "inversión" o "compra" de los microtítulos 4970 y 4969 a Bancrédito, por la suma de ₡15 mil millones y $20 millones.
Un día después se hizo la segunda compra del microtítulo 4971 del Bancrédito por la suma de ₡13 mil millones y el 30 de marzo del 2017 se autorizó la tercera inversión en los microtítulos 4975 y 4973 del Bancrédito por ₡10 mil millones y $30 millones.
Estas inversiones habrían sido respaldadas, según la División Jurídica de la CGR, por una constancia emitida por la Unidad de Gestión de Activos de la Tesorería Nacional.
Javier Cascante, en ese momento Superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), hizo, al menos, 6 advertencias a Solís Rivera. La primera de ellas, el 3 de abril del 2017, por medio de un oficio a Casa Presidencial, donde le indicó que Brancrédito estaba en una situación financiera difícil y esto debía ser abordado de una forma oportuna y urgente.
Luego de esta advertencia, el Ministerio de Hacienda autorizó el cuarto traslado de fondos o "inversión" a Bancrédito por la suma de ₡62 mil millones, tras la compra del microtítulo 4982. Sin embargo, ninguno de los montos enviados por la Tesorería Nacional al banco regresó a las cuentas del Estado, pese a que tenían fechas de vencimiento entre julio y agosto de ese año.
El 31 de julio del 2017, en sesión ordinaria del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Superintendente informó que la proyección del banco era cerrar en irregularidad 2 con pérdidas que -para ese mes- rondaban los ₡500 millones.
El 22 de diciembre del 2017, en la sesión extraordinaria de Conassif 1385-2017, se acordó la intervención de Bancrédito, con el voto en contra de Fallas Venegas. El Consejo indicó que la entidad financiera sería intervenida por espacio de seis meses.
El 8 de enero del 2018, cuando Martha Cubillo, Tesorera Nacional, comunicó a Marco Hernández Ávila, en condición de interventor del Bancrédito, la formalización del cobro de "inversiones" del Ministerio de Hacienda al banco, justificando que esas inversiones eran temporales.
Precisamente, la Contraloría señaló que para el primer semestre del 2018, en el Presupuesto de la República existió un faltante de contenido denominado "hueco presupuestario" por más de ₡400 mil millones.
Entre otras cosas, se originó por la "imposibilidad" del Ministerio de Hacienda de recuperar las inversiones hechas en Bancrédito durante el 2017 por las sumas de ₡100 mil millones y $50 millones que había "vencido" precisamente el 22 de diciembre, cuando se acordó la intervención del banco.
El expresidente Solís Rivera, indicó por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, que rechazaba las acusaciones hechas por la Fiscalía.
"Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores. Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional", dijo.
