Carlo Díaz ordenó revisar acciones de fiscales tras absolutoria de Celso, Johnny y Berenice
Fiscal general ordena investigar proceder de los funcionarios que tramitaron el caso y negó ingerencia para que se pidiera absolutoria
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, ordenó a fiscales de alto perfil del Ministerio Público analizar e investigar el actuar de todos los fiscales que, a lo largo del tiempo, tramitaron la causa por tráfico de influencias contra Celso Gamboa Sánchez, el exalcalde capitalino Johnny Araya Monge y la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, luego de que los tres resultaran absueltos.
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública absolvió por unanimidad al extraditable, al exjerarca municipal y a la exfiscala Smith, quienes hasta ahora afrontaban un juicio por hechos que datan del 2015.
Los jueces Alfredo Arias, Franz Paniagua y Rosaura García realizaron la lectura del "por tanto" la tarde de este miércoles.
Tras conocer el fallo, Díaz anunció que tendrán bajo la lupa a todos los funcionarios que, de alguna forma, han manejado el expediente, desde la investigación y la preparación de la acusación hasta los juicios.
De esta forma, se pretende confirmar o descartar si alguno incurrió en falencias o en algún mal accionar que pueda generar consecuencias.
"Decidimos ordenar ya un análisis autocrítico de la acusación y de las actuaciones de los fiscales durante el juicio en este caso. Este análisis ha sido designado para su realización a fiscales de alto rango, en este caso a los fiscales adjuntos (categoría) 2.
Este estudio del caso va a ser integral: analizaremos tanto la actuación de los fiscales que participaron en la investigación, los que redactaron el requerimiento de acusación y los que participaron en las diversas actuaciones o en el juicio.
A partir de ese análisis que he encargado a fiscales de mucha experiencia, determinaremos si corresponde algún tipo de responsabilidad o la manera de proceder por parte del Ministerio Público en este y otros casos similares", señaló Díaz.
Días atrás y previo al dictado de la resolución, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), durante sus conclusiones, no solicitó una pena de cárcel ni ningún otro castigo, sino que pidió la absolutoria al considerar que las pruebas objetivamente no demostraban un delito.
Esto, debido a la falta de evidencia para sostener una acusación penal. Según indicó, la acusación elaborada años atrás por otro equipo de fiscales no describía con claridad qué presiones habrían ejercido Gamboa y Smith para favorecer a Araya, lo que dificultó demostrar la existencia del delito.
Inicialmente, la tesis fiscal sostenía que hubo contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, para impulsar gestiones que permitieran cambiar el estatus judicial de Araya durante las elecciones municipales de 2016, con el fin de que no apareciera con una causa pendiente.
No hubo injerencia
El máximo jefe del Ministerio Público también reiteró que no existió ningún tipo de intervención suya ni de la Fiscalía General para ordenar la absolutoria de Gamboa, Araya y Smith.
"Los fiscales en las audiencias y en los juicios, tienen absoluta independencia. Eso está regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La petición que hicieron los fiscales obedeció a su razonamiento y del análisis de la prueba que ellos hicieran de manera objetiva.
De parte de la Fiscalía General no hubo injerencia alguna por eso reitero y manifesté anteriormente, que en alguna manera esa decisión me sorprendió", detalló Carlo Díaz.
Tal como dio a conocer CR Hoy el pasado 6 de agosto, poco después de la petición de absolutoria, el fiscal general desconocía lo ocurrido y afirmó que no existió ninguna directriz para "dejar pasar" la causa de tráfico de influencias contra Gamboa con el fin de acelerar su proceso de extradición hacia Estados Unidos.
Díaz confirmó a CR Hoy este miércoles que no hubo gestión alguna, ya que los procesos son independientes y los fiscales actúan con autonomía para decidir sobre los casos una vez que el juicio ha iniciado.
"No hubo ninguna coordinación ni injerencia alguna por parte de la Fiscalía General con los fiscales de FAPTA que participaron en el juicio para estos solicitaron la absolutoria de los acusados y de alguna manera facilitar así la extradición del señor Gamboa.
La petición se sustentó en el análisis objetivo que hicieron ellos de la prueba recibida en juicio, donde de acuerdo a la ley son independientes en sus actuaciones por tratarse de audiencias orales", manifestó a este medio la semana pasada.
Paralelo a este juicio, y desde finales de junio, Celso Manuel Gamboa enfrenta una solicitud de extradición presentada por EE. UU., donde se le acusa y pretende juzgar por conspiración para traficar drogas y por distribución internacional de cocaína.
Los tres imputados eran señalados por el Ministerio Público de realizar gestiones para eliminar el nombre del exalcalde josefino de una causa penal, con el fin de favorecerlo durante la campaña electoral que lo llevó de regreso a la Municipalidad de San José en 2016.
De forma inesperada, se pidió la absolutoria del exmagistrado y exministro por un caso que se investigaba desde años atrás. Natalia Villalta, fiscala adjunta y jefa de Anticorrupción, también fue tajante en negar que existieran vínculos entre un proceso y otro.
"Para nada. Nosotros también somos conscientes de la existencia de ese proceso, sin embargo, no fue motivo por el cual nosotros nos decantamos en hacer una solicitud de esta naturaleza.
Como les insisto y les repito, nosotros teníamos que analizar lo que tuvimos en nuestro haber durante este contradictorio y eso era sobre lo cual nosotros nos teníamos que basar.
Independientemente de que hubiera o no un procedimiento de extradición en contra de don Celso, nuestras fuerzas estaban centradas y guiadas en este proceso que hoy nos tiene en conclusiones", manifestó Villalta.
Procesos aparte
El exministro y exfiscal afrontó un juicio por supuesto tráfico de influencias, debido a que, según la Fiscalía, habría orquestado junto con la exfiscala Smith gestiones para eliminar el nombre del exalcalde josefino de una causa penal en la que figuraba como imputado.
Esta acusación corresponde a hechos ocurridos entre 2015 y 2016, pero el juicio se celebró hasta ahora, en julio de 2025, luego de que un tribunal de apelación ordenara repetirlo tras una primera absolución de los tres acusados.
Paralelamente, Gamboa enfrenta una solicitud de extradición presentada por la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de remitirlo al Tribunal del Distrito Este, en Dallas, Texas, donde se le imputan dos cargos por conspiración para traficar y distribuir drogas internacionalmente.
De acuerdo con el expediente de extradición —cuyos detalles reveló CR Hoy en primicia apenas 24 horas después de su captura—, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) perfila a Gamboa como un líder regional del Cártel del Golfo, con conexiones en Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y México.
Se le vincula con el Clan del Golfo colombiano, con el que coordinaba la adquisición de cocaína para almacenarla en Costa Rica y luego enviarla hacia el norte. También se le relaciona con el Cártel de Sinaloa.
Gamboa aseguró en septiembre de 2023 a dos de sus supuestos socios —quienes en realidad eran informantes confidenciales de la DEA— que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles le concedía acceso para introducir cocaína al país.
