Cambio en ley reafirma cárcel para abusadores sexuales
Sanción del Ejecutivo resuelve error de interpretación en ley
Una reforma de ley castigará con penas de 2 a 4 años de prisión a quienes incurran en abusos sexuales, sin que constituyan una violación, contra personas mayores de edad.
Así las cosas, la pena aumentará de 3 a 6 años de cárcel cuando exista una relación de confianza entre el agresor y la víctima. Ya sea por asuntos familiares, educativos o cuando el imputado se aproveche de una condición de vulnerabilidad.
La modificación fue anunciada por la Casa Presidencial este viernes, luego de que el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Justicia y Paz Marcia González Aguiluz sancionaron la Ley 9584 con la que se reforma el Código Penal para restituir los castigos en casos de abusos sexuales contra mayores de edad.
Los miembros del Ejecutivo corrigieron un problema que se presentó en una modificación anterior a esa normativa. Dicho error legislativo se generó con un cambio hecho -en 2010- al artículo 162 del Código Penal, el cual –según algunos jueces- se prestaba para malas interpretaciones.
Para los jueces de los tribunales de apelación de sentencia, existía una relación errónea entre el artículo 162 y el que hacía referencia.
"La reforma fue presentada por diputados de varias bancadas, con el objetivo de resolver un problema de interpretación provocado por un aparente error legislativo: algunos tribunales consideraron que la disposición no era aplicable, debido a que remite a un artículo que no correspondía.
"Así, prácticamente se eliminaba la sanción para los abusos sexuales contra mayores de edad. La nueva reforma corrigió los posibles problemas de interpretación y dejó claras las sanciones para estos casos", informó Casa Presidencial.
La ministra González aseguró que con la reforma están eliminando dudas ante posible impunidad en delitos sexuales. "Que la ciudadanía tenga la certeza de que estamos velando por sus derechos", acotó.
Por su parte, el presidente Alvarado indicó que "están eliminando dudas de la legislación anterior para garantizar la protección e integridad de las personas mayores de edad frente a este tipo de abusos".
Estos cambios fueron solicitados previamente por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).