Caída en inversión social afecta a 4 sectores vitales para el país
Disminuyen recursos para educación, salud, vivienda y protección social
La disminución en la inversión social en los últimos tres años afecta a cuatro sectores importantes para la calidad de vida de los costarricenses.
Según el II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), mientras que en 2020 el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 24,2%, en 2021 se redujo a 23,4%. En 2022, cayó a 21,2%.
La reducción del gasto social ha golpeado a la educación pública, los programas de protección social de poblaciones vulnerables, la salud y la vivienda, detalla el estudio.
“Comenzamos a invertir menos por persona en educación, vivienda, salud y protección social”, se advierte en la investigación.
Educación
Según el Cinpe, existe una tendencia “preocupante” sobre el monto que el Estado está destinando para financiar a la educación pública.
Mientras que en 2010 se asignaba el 6,92% del Producto Interno Bruto (PIB), en 2023 fue el 5,70%, porcentaje muy alejado del 8% establecido por la Constitución Política.
Desde el año 2017, ese financiamiento tiende a la baja en los presupuestos públicos de Costa Rica.
“La brecha entre la inversión educativa en Costa Rica y los estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya la necesidad urgente de aumentar los recursos destinados a la educación. Esto no solo beneficiaría la calidad y cobertura del sistema educativo nacional, sino que también afecta la preparación de la fuerza laboral para enfrentar los desafíos del futuro”, indica el estudio.
Los investigadores hacen énfasis en que por cada estudiante el país invierte $6.624 al año, mientras que en el promedio de los países de la OCDE ese monto alcanza los $10.678, según datos de 2021.
También se detalla que los recursos transferidos a las juntas de educación para infraestructura sufrieron una reducción de 3,6%, durante 2020 y 2022.
Desde 2021, un 60% de las escuelas púbicas reportan necesidades críticas de reparación y mantenimiento, de acuerdo con datos del Programa del Estado de la Nación de 2022.
Protección social
De acuerdo con el informe, el financiamiento para los programas relacionados con la protección social pública ha oscilado entre 11,24% y 17,12% del PIB desde 2010 y hasta 2023.
Sin embargo, revela que en los dos últimos años (2022 y 2023) se documentó una caída significativa: el año anterior representó una inversión de 14,50%, la más baja desde 2015.
Con ello, el país se ubica muy por debajo de la recomendación que hace la OCDE para el grupo de países que la conforman (entre ellos Costa Rica).
La sugerencia establece que la inversión en protección social pública debería ser de al menos 22,6% del PIB en cada nación.
La disminución ha impactado a los programas de asistencia social a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Régimen No contributivo de Pensiones (RNC).
Salud
El Cinpe-UNA también analizó la evolución del gasto público para el sector salud.
La investigación reconoce que aunque la inversión en salud experimentó un repunte en 2020, alrededor del 7,5% del PIB, influenciado por factores como la pandemia del Covid-19, desde 2022 comenzó a observarse un decrecimiento.
En ese año el porcentaje otorgado para ese sector fue 6%, pero disminuyó el año anterior a 5,77%.
Ese porcentaje de inversión está muy lejano al 9% que recomienda la OCDE y es muy inferior al que dedican países europeos como Alemania, Francia, Noruega y Reino Unido, cuyo gasto en salud oscila entre 10% y 12% de su producción.
Costa Rica, según el análisis, gasta $1.658 per cápita en salud, bastante menos que el promedio de la OCDE, que es de $4.986.
Vivienda
Un panorama similar se observa en el sector vivienda que experimentó un auge en su inversión entre 2005 y 2010. Pero desde 2029 la curva presupuestaria también va a la baja y representó apenas 2,25% del PIB en 2022.
El estudio califica como “dramático” el monto que el país destina al financiamiento de los bonos de vivienda y que pasó de ¢12.873 millones en 2020 a ¢8.369 millones al cierre de 2022.
Los investigadores aseguran que los resultados dejan claro que no coinciden con las expectativas indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, que establece como meta elevar la recaudación tributaria a 13,35% del PIB para destinar más recursos al gasto público social.
De acuerdo con el Cinpe, ese porcentaje se estima en 12,3% en 2024 y 12,4% para 2025.
“La baja inversión social tiene un impacto importante en la calidad del sistema educativo, en la seguridad social y la salud, lo que incide en la capacidad del país para aumentar el crecimiento y el desarrollo económico. Es conocido que una baja inversión social afecta en los niveles y el tipo de empleo, la capacidad para incrementar la productividad, atraer inversión extranjera y reducir la desigualdad”, concluye el informe.