Bukele, Ortega y Maduro: los puntos en común del club de la reelección indefinida

Con la aprobación de la reelección presidencial indefinida, Nayib Bukele colocó a El Salvador en una lista exclusiva —y controvertida— que hasta ahora integraban, en Latinoamérica, solo Nicaragua y Venezuela.

La Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que elimina el límite de mandatos, extiende el periodo presidencial a seis años y suprime la segunda vuelta electoral.

Organismos internacionales y líderes opositores denuncian el cambio como un paso más hacia el autoritarismo.

En Nicaragua y Venezuela, procesos similares —también en nombre de la voluntad popular— han derivado en regímenes donde la concentración de poder, la represión y el debilitamiento institucional han reemplazado a las normas democráticas.

Estas son las principales coincidencias de los procesos vividos en los tres países.

Eliminar los límites

En los tres casos, la reelección indefinida se volvió legal a partir de reformas promovidas por los propios presidentes.

• En Venezuela, Hugo Chávez impulsó en 2009 un referendo para eliminar los límites a los mandatos. La reforma fue aprobada en las urnas y su sucesor, Nicolás Maduro, se ha beneficiado desde entonces.
• En Nicaragua, Daniel Ortega logró que la Corte Suprema eliminara la prohibición de reelección en 2010. Cuatro años después, su partido reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida.
• En El Salvador, en 2021, Bukele promovió la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que meses después reinterpretaron la Carta Magna y autorizaron su reelección en 2024. En 2025, su partido aprobó una reforma exprés que permitió modificar la Constitución con el voto de una sola legislatura. Ese fue el paso previo para formalizar esta semana la reelección indefinida.

Control judicial

En los tres países, el avance hacia la reelección indefinida se sustentó en un control casi total de las instituciones que deberían actuar como contrapeso del Ejecutivo.

• En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido fallos sistemáticamente favorables al chavismo.
• En Nicaragua, tanto la Corte Suprema como el Consejo Supremo Electoral actúan bajo el control del oficialismo. Las decisiones judiciales y los procesos electorales han sido ampliamente cuestionados.
• En El Salvador, Bukele consolidó el control judicial en 2021, cuando el Congreso destituyó a los magistrados constitucionales y nombró jueces afines.

Reformas exprés

Otra coincidencia es la velocidad con la que se aprobaron las reformas y la ausencia de debate ciudadano.

• En Venezuela, el referendo impulsado por Chávez se organizó en menos de tres meses.
• En Nicaragua, la reforma de 2014 se aprobó por mayoría legislativa sin referendo ni diálogo público.
• En El Salvador, la reforma fue presentada y ratificada el mismo día. La votación se realizó en una sesión nocturna con 57 votos a favor y solo 3 en contra. No hubo consulta popular, ni mecanismos de participación ciudadana.

Popularidad como justificación

En los tres casos, los presidentes utilizaron su alto nivel de aprobación como argumento para justificar la continuidad en el poder.

Chávez mantenía un fuerte respaldo cuando eliminó los límites. Ortega, al volver al poder en 2007, gozaba de popularidad y construyó un liderazgo populista que le permitió desmantelar los límites legales.

Bukele sigue siendo uno de los líderes más populares de América Latina. Según encuestas recientes, el 85% de los salvadoreños aprueba su gestión.

Represión y reducción del pluralismo

En los tres países, la consolidación del poder fue acompañada de una reducción drástica del espacio político y cívico.

• En Venezuela, la mayoría de los líderes opositores han sido inhabilitados, detenidos o exiliados. Las elecciones han perdido credibilidad y han sido criticadas por observadores internacionales.
• En Nicaragua, Ortega encarceló a decenas de figuras opositoras y canceló a la mayoría de partidos políticos. También ordenó el cierre de medios independientes y universidades.
• En El Salvador, el gobierno de Bukele es señalado por criminalizar la disidencia, cooptar la comunicación y perseguir a opositores, todo en el marco del régimen de excepción implementado desde 2022.
• Otra estrategia común en los tres países ha sido restringir a las organizaciones sociales mediante leyes que apuntan contra quienes reciben fondos del extranjero.