Buenos Aires de Puntarenas se quedaría sin tribunales y morgue por recorte presupuestario
Tribunales de Justicia de Buenos Aires de Puntarenas. Foto: Google Street View
El multimillonario bloqueo de recursos que pretende aplicar el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial para el próximo año dejaría a la Zona Sur del país sin morgue judicial y sin un edificio para tribunales y celdas judiciales.
Dadas las restricciones para desembolsar ₡8.605 millones, los proyectos quedarían paralizados. El Gobierno incluyó en el plan de gastos del sector público para 2027 una serie de normas que impedirían a las autoridades judiciales acceder a ₡4.347 millones de la subpartida destinada a edificios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En esa cuenta presupuestaria se encuentra el dinero para la construcción de la morgue en Buenos Aires de Puntarenas. Aunque el proyecto está próximo a iniciar obras, el bloqueo de recursos podría detenerlo, lo que generaría el riesgo de tener que indemnizar al contratista si la obra se suspende.
En ese mismo cantón sureño hay un proyecto para construir un edificio de tribunales que incluye espacios para mantener detenidas a personas. El proyecto contribuiría a resolver la ausencia de celdas en la oficina del OIJ, situación sobre la cual existe una resolución de la Sala Constitucional con un plazo para concretarlo.
La imposibilidad de ejecutar la obra podría comprometer el cumplimiento oportuno de esa resolución, además de afectar la prestación del servicio. Otro de los proyectos que peligran corresponde a unas obras en el costado sur del edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Ya existe una construcción adjudicada para reforzar las estructuras, pero las trabas podrían llevar a suspenderla y generar sobrecostos por la reanudación de los trabajos, así como exposición a reclamos contractuales.
Hacienda planteó una serie de "normas" en el presupuesto nacional que analiza la Asamblea Legislativa, entre ellas la regla 9, que bloquea un total de ₡29.843,8 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas operativas y de infraestructura, y condiciona la liberación de estos recursos al cumplimiento de una serie de requisitos burocráticos y legislativos sucesivos.
Para poder utilizar el dinero destinado a las obras, el Poder Judicial debe cumplir obligatoriamente con auditorías y certificaciones de la Contraloría General de la República, así como someter toda esta documentación a conocimiento y aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para luego remitir lo aprobado al plenario legislativo para su votación final.
Solo después de estas aprobaciones se comunica al Ministerio de Hacienda para que libere los recursos en el sistema. La indisponibilidad de recursos para bienes duraderos suele producir retrasos o suspensiones de proyectos, mientras que las obligaciones recurrentes pueden afectar la continuidad de los servicios desde el primer trimestre.