Brunner intentó contratar, con fondos públicos, póliza que lo protegía de procesos penales al salir del gobierno
Renunció este miércoles y queda sin inmunidad menos de dos meses después de ser acusado formalmente por presunto financiamiento político ilícito
Stephan Brunner
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, promovió la contratación de una póliza financiada con fondos públicos para cubrir a los miembros del gabinete (incluido él mismo) ante eventuales gastos legales y financieros derivados de denuncias penales interpuestas durante su gestión.
La cobertura pretendía incluir asesoría legal para los futuros imputados, incluso aunque renunciaran a sus cargos al tiempo que eran investigados o acusados.
Brunner enfrenta una causa penal desde 2022 y, a mediados de 2023, trabajó en esta propuesta junto con otros jerarcas, como el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la entonces presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, con conocimiento de que podrían beneficiarse directamente del plan.
La causa penal corresponde al expediente 22-000116-1218-PE, relacionada con el denominado caso Financiamiento Jaguar, por presunto financiamiento político ilícito.
Desde el 23 de junio de este año, Brunner figura como acusado por su presunta participación en el esquema que el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habría utilizado para crear estructuras paralelas ilegales con el fin de financiar la campaña que llevó a Rodrigo Chaves Robles a la presidencia en 2022.
El vicepresidente renunció este miércoles a su cargo y, a partir del 1 de agosto, perderá la inmunidad por su condición de alto funcionario de uno de los supremos poderes del Estado.
Gobierno conocía y avaló el plan
Por los múltiples cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores, el Gobierno no logró avanzar con la contratación. Sin embargo, el presidente Chaves conoció y avaló la iniciativa durante la participación en Consejo de Gobierno por parte de representantes de la empresa One Global, que más tarde figuró como posible oferente en el concurso.
La contratación de la póliza anual, por más de ¢248 millones, se gestionó mediante el expediente 2024PX-000002-0009100001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo la figura de procedimiento por excepción (fuera del ordinario). Según el Ministerio de Hacienda, sería la primera vez que la Administración tramita una póliza de este tipo.
El Gobierno argumentó que "la póliza es necesaria para respaldar las decisiones que se adopten en el país, proteger la imagen institucional, el erario público y brindar seguridad jurídica a los jerarcas en el ejercicio de sus funciones".
Cobertura para exjerarcas
El documento titulado Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para Jerarcas (Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros) establece, en su apartado de especificaciones técnicas y generales, que también se contemplaría la cobertura para jerarcas retirados.
La propuesta indica que un ministro que renuncie o asuma otro cargo, ya sea en el sector público o privado, mantendría la cobertura siempre que los hechos reclamados se relacionen con funciones ejercidas durante su gestión.
En su justificación, Hacienda alegó que es razonable que el Estado proporcione defensa técnica de alto nivel a los jerarcas demandados, en tanto sus actuaciones habrían estado dirigidas a satisfacer el interés público y el bienestar ciudadano.
El ministerio defendió que la contratación siguió criterios técnicos y jurídicos, y que su propósito era proteger al Estado de posibles pérdidas económicas por demandas judiciales contra miembros del Poder Ejecutivo, evitando así un impacto directo sobre las finanzas públicas.
Coberturas y exclusiones de la póliza
La póliza, con vigencia anual y un costo superior a los ¢248 millones, incluía las siguientes coberturas:
- Gastos y costas legales de defensa
- Costos de emergencia
- Fianzas
- Atención de crisis
- Servicios de relaciones públicas
- Protección de la reputación de los asegurados
- Procesos de extradición
- Enjuiciamiento, multas y sanciones civiles
- Salud y seguridad ocupacional
- Confiscación de activos
- Preinvestigaciones
- Violaciones ambientales
- Audiencias por investigaciones
- Administradores no ejecutivos
Las especificaciones técnicas detallan que se trata de una póliza global con cobertura de hasta 65 puestos y un límite máximo de $3.000.000. El monto de la prima se calculó en función de esta cobertura, por lo que modificar la cantidad de jerarcas asegurados no afectaría el precio negociado con el mercado internacional.
La póliza contemplaba errores u omisiones, actuaciones culposas, declaraciones incorrectas o supuestas, y cualquier conducta oficial que causara perjuicio a terceros.
Quedaban excluidos, según el documento contractual, los casos relacionados con soborno, lavado de dinero, litigios pendientes, daños corporales o materiales posteriores al vencimiento de la cobertura.
El 28 de octubre de 2024, el Ministerio de Hacienda y el INS anunciaron la suspensión temporal del proceso, a la espera de un dictamen legal de la Procuraduría General de la República (PGR) que determine su viabilidad.
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el Estado no debe asumir el costo de una póliza millonaria de responsabilidad civil para el presidente y su gabinete en caso de condenas derivadas de su ejercicio público.
