Bomberos alertó incumplimientos críticos en viviendas de Naranjo que gobierno insiste en inaugurar
Un informe de reinspección elaborado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos en el condominio La Esperanza —que el Gobierno de Rodrigo Chaves insiste en inaugurar— reveló al menos seis incumplimientos críticos de la normativa para infraestructura de este tipo.
Este proyecto de vivienda ha sido foco de polémicas en las últimas semanas, debido a que el mandatario y varios de sus ministros ejercieron presiones sobre la Municipalidad de Naranjo para autorizar la conexión de agua potable al residencial, pese a advertencias técnicas en contra.
El informe, emitido por la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios, tenía como finalidad verificar que la obra cumpliera con los requisitos de protección contra emergencias.
El proyecto de 10 edificios construidos presentaba carencias tan relevantes que los ingenieros ni siquiera pudieron revisarlas en su totalidad. Al momento de la visita, faltaban iluminación de emergencia, señalización, extintores, hidrantes y accesos.
La segunda revisión, realizada a finales de marzo cuando la obra estaba por concluir con un 90 % de ejecución, evidenció que aún no se habían corregido esas falencias. Bomberos también detectó seis incumplimientos críticos e inconsistencias con los planos.
Uno de ellos correspondía a la ausencia de ventanas con resistencia al fuego. La descarga del único medio de egreso de cada edificio carecía de la compartimentación indicada en los planos, ya que presentaba ventanas en la descarga del primer nivel.
En varios edificios no se incluyeron ventanas ni otro tipo de aberturas; en otros, se indicó que estas tendrían resistencia al fuego de 90 minutos. Sin embargo, en el sitio se constató que los vidrios no cumplían con esa norma, entre otras inconsistencias.
"Se debe corregir esta condición para asegurar la compartimentación del corredor de descarga del único medio de egreso de al menos 1 hora", cita el informe.
En el nivel 3 de los apartamentos, las paredes no alcanzaban la cubierta del techo y debían completarse los ensambles para mantener la compartimentación.
Las barreras cortafuego, además, debían ser continuas de un muro exterior a otro o de una barrera a otra, incluyendo su continuidad a través de espacios ocultos, como los ubicados sobre cielos rasos e intersticios.
También se debía garantizar separación horizontal y vertical con clasificación de resistencia al fuego de una hora entre las unidades de vivienda, requisito indispensable para contar con un único medio de egreso.
Aunque los profesionales en sitio aseguraron que la obra se ejecutaba según los planos, en los documentos tramitados se especificaba compartimentación entre apartamentos, condición que no se cumplía en la construcción.
El informe también señala divergencias en los planos: algunas láminas muestran compartimentación con resistencia al fuego, mientras otras ilustran paredes sin cerramiento.
Asimismo, se detectó que la abertura vertical de las escaleras no era continua en el nivel 3, de piso a techo. Estas aberturas deben cerrarse con muros cortafuego continuos y con protección certificada.
Si bien en los ductos de escaleras se colocaron puertas cortafuego, en el edificio B2 una de ellas carecía de la etiqueta de certificación obligatoria.
Uno de los aspectos más preocupantes, según Bomberos, es que la totalidad de las puertas de los apartamentos no contaba con resistencia al fuego ni con sistemas autocerrantes.

Otras advertencias
Este miércoles, las diputadas de Naranjo realizaron una conferencia de prensa para alertar sobre otras posibles inconsistencias en el proyecto. Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional, incluso señaló la falta de conexiones básicas.
"Tenemos la interconexión ilegal del AyA el sábado pasado que podría provocar fugas o dejar sin agua al centro de Naranjo. Este condominio no tiene personas viviendo ahí a hoy, así que a nadie se le ha quitado el agua y a nadie se le ha privado de agua.
Esto es parte de la tramitología del mismo proyecto. En la inspección de marzo todavía no se presentaba la conexión eléctrica. No es cierto que solo le faltaba la conexión al agua", indicó la congresista.
Ruiz también remitió consultas al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Bomberos, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Naranjo para verificar si estas situaciones se han corregido.
Otra de las críticas es que, aunque el proyecto se presentó como solución habitacional para familias de un precario cercano a la radial de Naranjo, únicamente ocho cumplen los requisitos; unas 80 permanecerán en el asentamiento informal.
"No tenemos conocimiento de que la planta de tratamiento de aguas residuales está funcionando, esto podría generar un problema de salud pública, no sabemos si la conexión eléctrica es segura, realmente todo se ha dado de una forma muy apresurada con lo que es con la seguridad y vida de las personas.
Tampoco tenemos claridad de cuántas familias se estarían mudando de manera inmediata, esto nos genera muchas dudas", añadió Priscilla Vindas del Frente Amplio.
El Gobierno anunció este martes, mediante sus canales oficiales, que este miércoles 24 de setiembre inaugurará el complejo.
Proyecto polémico
En las últimas semanas, la presión ha aumentado, ya que Rodrigo Chaves ha arremetido en sus programas televisivos contra el alcalde de Naranjo, Randall Vega, por negarse a autorizar la conexión de agua potable desde el acueducto municipal, alegando posibles afectaciones al resto de la población del cantón.
La situación escaló al punto de que, el sábado pasado, el Ejecutivo desplegó a unos 50 oficiales de la Fuerza Pública y a funcionarios del AyA para realizar una conexión en el acueducto municipal, catalogada como ilegal por la Municipalidad.
El ayuntamiento presentó un recurso legal contra la actuación gubernamental.
"Considero que se violaron varios principios constitucionales: el principio del debido proceso; el principio de defensa y el principio de autonomía municipal. Al respecto se interpuso un amparo de legalidad", señaló el jerarca local.
Será un juez quien determine si el accionar del Poder Ejecutivo se ajustó a derecho o si vulneró la independencia de los gobiernos locales.
La mañana del sábado, funcionarios del AyA tomaron control del acueducto con apoyo policial, con el objetivo de asegurar la conexión del proyecto de vivienda. Esto pese a que ya existe un recurso en la Sala Constitucional y un expediente en el Tribunal Contencioso Administrativo pendientes de resolución.
En redes sociales, la Municipalidad calificó la actuación del Ejecutivo como "una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional, al debido proceso y al derecho de defensa".
No obstante, el AyA defendió su intervención, asegurando que estuvo "apegada a la norma" y respaldada por un análisis técnico que garantiza que los 12.000 habitantes del casco central del cantón no se verán afectados.
En medio de este panorama, el presidente Chaves ha intensificado sus ataques contra el alcalde con el fin de aumentar la presión política. Cabe recordar que el Gobierno está contrarreloj y a partir de octubre, no podrá difundir la inauguración de obras, por el inicio de la campaña electoral.