Beligerancia política: dos nuevos proyectos buscan fortalecer controles
Una de las iniciativas podría ser dispensada de todo trámite
Los diputados pretenden fortalecer los controles contra la beligerancia política. Para ello, recientemente presentaron dos nuevos proyectos de ley orientados a combatir este delito electoral.
La beligerancia política es un delito que se configura cuando un funcionario público con prohibición manifiesta parcialidad a favor de un partido político en el ejercicio del cargo, o cuando un funcionario con impedimento para participar en actividades políticas incurre en ellas, según el artículo 105 de la Constitución Política.
En las últimas semanas, las fracciones legislativas del Partido Liberal Progresista (PLP) y del Frente Amplio (FA) presentaron iniciativas de ley para ampliar los controles y sancionar a quienes incurran en este delito. Las sanciones por beligerancia incluyen la destitución e inhabilitación de los funcionarios implicados.
Ampliar listado de funcionarios con prohibición
El proyecto presentado por el PLP busca reformar el artículo 146 del Código Electoral para ampliar el listado de funcionarios públicos con prohibición de participar en actividades político-electorales. La iniciativa se tramita bajo el expediente 24.837.
En primera instancia, el proyecto pretende establecer que los empleados públicos tendrán prohibido involucrarse en trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante todo el período del ejercicio de su cargo, en contraste con la normativa vigente que impone esta restricción únicamente durante horas laborales.
Asimismo, añade que los funcionarios no podrán utilizar su cargo, los recursos públicos, insumos ni personal bajo su administración o mando para beneficiar a un partido político, candidatura o cualquier aspiración electoral.
El proyecto también propone incluir a otros funcionarios en la lista de personas con prohibición para participar en actividades de partidos políticos o manifestaciones electorales.
Actualmente, esta prohibición aplica para quienes ejercen la Presidencia y Vicepresidencias de la República, los ministros, viceministros, funcionarios del servicio exterior y jerarcas de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República.
La propuesta del PLP pretende sumar a este listado al personal de la Presidencia de la República contratado bajo el régimen de confianza, así como a los jefes de despacho de todas sus dependencias, de las Vicepresidencias y del Ministerio de la Presidencia.
Estas personas no podrían participar en actividades partidarias, asistir a reuniones de carácter político-electoral, utilizar su cargo o influencia para beneficiar a partidos políticos, ni colocar distintivos partidarios en sus viviendas o vehículos. Tampoco podrán hacer ostentación partidista dentro o fuera de actividades de ese tipo, y deberán abstenerse de emitir manifestaciones que puedan influir en el resultado electoral, sin importar a qué opción se refieran.
El texto aclara que estos funcionarios “únicamente podrán ejercer el derecho al voto el día de las elecciones y deberán abstenerse de utilizar recursos públicos para propaganda o manifestaciones tendientes a influir en los resultados electorales”.
El diputado del PLP y proponente del proyecto, Gilberto Campos Cruz, aseguró que la reforma es necesaria ante un contexto político-electoral distinto al que históricamente ha enfrentado Costa Rica.
Facultar al TSE y a la CGR para investigar de oficio
La propuesta del Frente Amplio plantea modificar el artículo 265 del Código Electoral para permitir al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrir investigaciones de oficio por beligerancia, sin necesidad de una denuncia previa.
Además, reforma el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), para que esta también pueda intervenir de oficio cuando haya sospechas de uso de recursos públicos con fines electorales.
El proyecto incorpora cambios al artículo 146 del Código Electoral para prohibir a “empleados y funcionarios públicos realizar manifestaciones o insinuaciones de cualquier índole que tiendan a influir en la voluntad electoral, así como utilizar su cargo, recursos públicos o personal a su mando para beneficiar a un partido político, candidatura, precandidatura o persona interesada en un cargo de elección popular”.
El jefe de bancada del FA, Antonio Ortega Gutiérrez, explicó que la propuesta busca combatir la corrupción que surge cuando funcionarios públicos, especialmente quienes ocupan altos cargos, se aprovechan de su posición para hacer campaña electoral.
El FA impulsará una moción para dispensar de trámite esta iniciativa. De aprobarse, el proyecto pasaría directamente al plenario, sin necesidad de trámite en comisión.
TSE ordenó investigar a Chaves
Semanas atrás, la Sección Especializada del TSE remitió a la Inspección Electoral dos denuncias por beligerancia política contra el presidente Rodrigo Chaves Robles.
Ambas denuncias fueron acumuladas en un mismo expediente y están relacionadas con declaraciones del mandatario durante el acto inaugural del curso lectivo 2025 en el Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios (Cotepecos).
En esa ocasión, Chaves afirmó, ante estudiantes de secundaria, que necesitaba un grupo de 40 congresistas de un solo partido para el año 2026, cuando se realizarán las próximas elecciones.
El TSE también tramitó un recurso de amparo electoral contra el mandatario. Como medida cautelar, se le ordenó abstenerse de emitir manifestaciones que puedan inducir el voto o contengan mensajes de carácter electoral.
Este recurso fue interpuesto por el politólogo Claudio Alpízar ante la Sección Especializada del TSE.
El órgano electoral resolvió a apercibir al presidente para que se abstenga de emitir declaraciones o realizar actos que pongan en riesgo la imparcialidad, tal como lo establece el artículo 95, inciso 3, de la Constitución Política.
