BCR SAFI podría perder $2,1 millones por cliente que está en riesgo de quiebra

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) podría perder $2,1 millones que le adeuda uno de sus clientes en el mercado inmobiliario, por concepto de rentas y letras de pago pendientes, debido a que dicha compañía está en riesgo de quiebra.

Se trata del Taller 3R, al cual la subsidiaria del banco le interpuso una demanda ante el Juzgado Segundo Civil de Cobro de San José, donde se tramita un proceso monitorio. El pasado 14 de marzo, la empresa de reparación de vehículos solicitó la apertura de un proceso concursal para obtener protección judicial ante un eventual cierre de operaciones.

¿Qué es un proceso concursal? Es un procedimiento judicial que se inicia cuando una persona o empresa no puede pagar sus deudas. El objetivo es reestructurar las deudas (cuando sea viable) o liquidar el patrimonio del deudor para pagar a los acreedores en forma ordenada.

En el expediente 23-000927-0181-CI, consta que la SAFI reclama la falta de pago de aproximadamente $700.000, a nombre de Reyva S. A., una de las subsidiarias de 3R.

Como parte de las peticiones de la SAFI, se plantea un desahucio del grupo corporativo 3R, que está operando en La Uruca, en inmuebles que son arrendados desde 2017 y por los cuales existe la deuda.

"De acuerdo con nuestros registros y considerando que el contrato de arrendamiento suscrito entre REYVA S.A. y BCR Fondo de Inversión Inmobiliario; contrato que tenía por objeto, el alquiler de las fincas que se encuentran inscritas en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional bajo las matrículas 1-205015-000, 1-309284-000 y 1- 177021-000, ubicadas en La Uruca, San José, específicamente en el inmueble denominado NI Uruca, a la cual pertenece y que es propiedad del fondo antes citado; establece en su cláusula tercera que la renta se pagará de forma mensual y por adelantado; hacemos constar que al día 31 de diciembre 2023 se adeuda un arreglo de pago, correspondientes a rentas atrasadas de enero 2022 a mayo 2023 así como la reposición del depósito en garantía, para un monto total de $2,109,802.30 IVAI según el anexo A, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica", dice el expediente.

El BCR confirmó que están a la espera del trámite judicial, pues desde hace un mes se presentó el proceso concursal por parte de 3R y la SAFI está a la espera de ser aceptado tras solicitar un apersonamiento en el expediente, al ser uno de los perjudicados con la eventual quiebra de esa compañía.

"En respuesta a su consulta le informamos que Reyva S.A. es inquilino de uno de los inmuebles propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario ND, el cual es administrado por BCR SAFI. Actualmente, existen montos adeudados por parte de este inquilino, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento entre las partes. Sin embargo, los detalles sobre las deudas son información privilegiada y confidencial, y no pueden ser compartidos.

BCR SAFI presentó el 21 de diciembre de 2023 una demanda monitoria arrendaticia contra Reyva S.A.; en relación con el proceso concursal el Fondo fue notificado el 14 de marzo de 2025 y ha presentado una solicitud de apersonamiento, esperando que sea aceptada por el Juzgado", explicaro en el banco.

 ¿Por qué hay riesgo de quiebra?

El Grupo Corporativo Tres Erres Holding Sociedad Anónima presentó, la solicitud para que se declare abierto el proceso concursal a favor de Tres Erres Sociedad Anónima, Reyva Sociedad Anónima, Grupo Corporativo Tres Erres Holding Sociedad Anónima y REM Sociedad Anónima.

La representación legal del grupo alegó que existe un deterioro en la condición financiera de 3R, partiendo de dos hechos particulares que detonaron esa crisis, debido a una insuficiencia patrimonial inminente.

La documentación en poder de CR Hoy señala que el primer problema está relacionado con las tarifas de las aseguradoras, las cuales son determinadas por el actor dominante del mercado: el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El abogado del grupo refiere que “el INS faltó al compromiso de ajuste de tarifas acordado con los talleres y que, tras la contratación de su parte del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la UCR (IICE), para determinar las tarifas a pagar, sencillamente decidieron declarar el resultado como un secreto comercial y realizar un ajuste menor y alejado de la realidad de los resultados”.

El segundo hecho que se toma como argumento es el acelerado deterioro que sufrió el taller durante los dos años de la pandemia de COVID-19.

"Durante ese período, la restricción vehicular, que se mantuvo por 102 semanas, además de los períodos de confinamiento total, generó un fuerte impacto negativo en la operación y las finanzas de 3R. La disminución en el volumen de trabajo fue muy marcada, mientras que las empresas mantuvieron costos operativos y administrativos con poca variación, lo que incrementó el costo sustancialmente y generó pérdidas por centenas de millones para la empresa, mismas que se han venido arrastrando desde entonces, a pesar de los esfuerzos realizados para mitigarlas", alegaron.

Como medida de contingencia, la empresa se vio obligada a cerrar cuatro talleres de reparación que formaban parte del Grupo 3R: Tres Erres del Norte, en Tibás; Tres Erres del Oeste, en Lindora; Tres Erres, en la agencia VEINSA, en Curridabat; y Tres Erres Taller de Grupo Q, en La Uruca.

Deudas con 15 empresas

Pero no solo con la SAFI del BCR existen compromisos por asumir, pues en la solicitud del proceso concursal, elaborada por el abogado Manuel Briceño López, se explica que en total las deudas con 15 empresas superan cifras millonarias.

Estas son las compañías a las que las subsidiarias de 3R les adeudan sumas importantes:

• Ropa Boca S. A.: $248.053

• Ati Capital Solution: $77.482

• Geldstück S. A.: $400.000

• Tierras del Oeste MBC S. A.: $400.000

• Richard Andrew Lyon Urcuyo: $400.000

• Grupo La Colina del Poás S. A.: $400.000

• Alberto José Peralta Echeverría: $400.000

• MID América Inmobiliario: $400.000

• Kineret S. A.: $150.000

• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): ₡404.324.448

• Ministerio de Hacienda: ₡150.613.242

• Municipalidad de San José: ₡12.150.480

• Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): $7.950

• Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): ₡830.135

• BCR SAFI: $2,1 millones

3R asegura continuidad operativa

Ante consulta de este medio, la empresa confirmó que se encuentra actualmente en un proceso concursal.

La empresa sostiene que esta figura legal permite reorganizar de forma ordenada las obligaciones financieras de las empresas, permitiéndoles mantener su operación mientras garantizan el cumplimiento con sus acreedores.

No obstante, 3R sostiene que no está proceso de liquidación y garantiza que las operaciones continúen.

“La continuidad operativa está plenamente asegurada. Nuestros colaboradores siguen desempeñando sus funciones con normalidad y los servicios a clientes no se han visto interrumpidos. Este proceso no implica disolución ni liquidación, como se ha interpretado erróneamente en algunos espacios, sino una herramienta jurídica para recuperar solidez financiera y seguir adelante con más fuerza”, explicó Manuel Briceño, abogado de Grupo Corporativo Tres Erres S.A.

Añadieron que este problema no es reciente, pues tal como se indica en el expediente, lo valoran como el resultado de años de acumulación de presiones, donde muchas pymes y empresas del sector han tenido que cerrar o reinventarse.

"En 3R tomamos la decisión de apostar por la transformación, no por el cierre. Esa es la gran diferencia y lo que queremos comunicar con transparencia y claridad”, afirmó el representante.

Según la Cámara Nacional de Talleres de Enderezado y Pintura Automotriz (CANATEPA), esta situación no solo pone en riesgo a Grupo Corporativo Tres Erres S.A., pues cientos de talleres se han visto golpeados por las condiciones del sector automotriz.

Aseguran que en los últimos años, más de 1.200 talleres han cerrado operaciones en Costa Rica, producto de condiciones complejas y múltiples desafíos normativos y económicos, como cambios en políticas del mercado asegurador y los efectos prolongados de la pandemia.

“Este caso es una señal de alerta sobre la fragilidad del sector de reparación automotriz, especialmente golpeado por los efectos acumulados de la pandemia del COVID-19, la crisis económica postpandemia y una serie de factores estructurales que han precarizado nuestra actividad”, aseguró Carlos Gutiérrez, presidente de la Cámara.

Nota del editor: Se añadió la posición del Grupo 3R enviado a este medio a las 6:10 p.m. del martes 15 de abril del 2025.