BCR presenta revocatorias para no trasladar $70 millones de fondos públicos a la SAFI
En julio les habían ordenando aportar 22 mil millones de colones de capital social a BCR SAFI para fortalecerla patrimonialmente.
Archivo CRH
El Banco de Costa Rica (BCR) anunció que su junta directiva y la de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de la entidad (BCR SAFI) presentaron la tarde de este viernes dos recursos de revocatoria ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Dicha acción se tomó como respuesta a la resolución SGV-R-179-2024, en la cual el órgano fiscalizador ordenó implementar una orden administrativa que repercute con la imposición de medidas contra la entidad bancaria.
La resolución es parte del proceso de investigación que se abrió ante posibles irregularidades en la presunta compra con sobreprecio por $70 millones del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND), cuando posteriormente se determinó que su precio real no sobrepasaba los $35 millones.
Una de las órdenes de Sugeval era que el BCR hiciera un traslado de $70 millones de fondos públicos al patrimonio de la SAFI con el fin de normalizar la operatividad del fondo, debido a que la adquisición de ese inmueble la puso en riesgo.
En un comunicado el BCR indicó que entienden el deber de cuidado de los fondos públicos y consideran que, al día de hoy, no existen los elementos que respalden la legalidad de tal medida.
"Con la presentación de los recursos de revocatoria se solicita a la Sugeval suspender la ejecución de la resolución mencionada hasta que se resuelva el recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta interpuestos por dichas Juntas Directivas", expone el pronunciamiento oficial.
"El Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y sus Órganos de Dirección, reiteran su compromiso con el deber fiduciario y el adecuado resguardo y gestión de los fondos y ahorros de nuestros inversionistas y clientes", agrega el documento.
Añadieron que tanto la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y BCR SAFI estarán atentas a la respuesta de la Sugeval, a fin de continuar con los debidos procesos que se requieran, dentro del marco de la legalidad.
El pasado 22 de julio la Superintendencia había ordenado al BCR otra serie de acciones, entre ellas aportar 22 mil millones de colones de capital social a su subsidiaria BCR SAFI para fortalecerla patrimonialmente.
Este órgano emitió un informe solicitándole al banco aplicar seis medidas para "garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales inversionistas que participen de los fondos de inversión que ella administra".
Sugeval: "hay pruebas para otras sanciones"
No obstante, la resolución apunta a que existían elementos suficientes en la auditoría interna AUD-SAFI-030-2023 para materializar otras acciones con el fin de sentar responsabilidad, por lo que consideran que no se actuó como se debía.
"Conforme al desarrollo efectuado en la sección referida al análisis del caso, en relación con las actuaciones, omisiones y los incumplimientos en los que se presume incurrieron los servidores que tuvieron relación con los hechos, se estima que sus acciones y omisiones estuvieron alejadas de las exigencias que sus puestos y la normativa interna y externa les demandaban. Por ello, se considera que fallaron en su obligación de garantizar la protección de los inversionistas.
Las conductas indicadas son negligentes, reprochables y omisivas, por lo que estas actuaciones son perjudiciales para el buen nombre de BCR SAFI S.A., así como para protección de los inversionistas. Tales conductas cuentan con suficiente material probatorio (están documentadas), por lo que la Junta Directiva de BCR SAFI S.A., tiene fundamento legal para proceder a tomar las decisiones y medidas correspondientes"
Sobre la salida del PEP del FIIND justificaron que tanto en el informe de auditoría como en el oficio SAFI GG 343-2024 "ha quedado plenamente documentado que la compra del Parque Empresarial del Pacífico no corresponde a un inmueble propio de un fondo inmobiliario, realizándose en contra de la política de inversión y la normativa del mercado de valores, hecho además reconocido por parte de la Sociedad Administradora".
En razón de los hechos, la Superintendencia señaló que la responsabilidad y el costo de compra del Parque no debe seguir recayendo sobre los inversionistas, sino sobre la Sociedad Administradora y su controladora.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene una causa abierta (23-017883-0042-PE) para investigar la posible compra con sobreprecio del inmueble, administración fraudulenta y destrucción de documentos relacionado con este negocio.
La auditoría AUD-SAFI-030-2023, aportada al expediente penal mediante una denuncia presentada por el banco el pasado 26 de agosto, ofrece en sus conclusiones que era necesario llevar a cabo una serie de acciones administrativas e incluso jurisdiccionales por parte de los órganos de control, por lo que esta acción obedece al seguimiento que corresponde a la Sugeval.
El oficio es contundente al señalar que los funcionarios a cargo de supervisar y realizar la compra del PEP incurrieron en omisiones que estuvieron alejadas de las exigencias que sus puestos y la normativa interna y externa les demandaban. Por ello, se considera que fallaron en su obligación de garantizar la protección de los inversionistas.
Además, calificó sus conductas de "negligentes, reprochables y omisivas" resultando perjudiciales para el buen nombre de BCR SAFI así como para sus inversionistas.
