Batalla dirigió plan delictivo en caso de pista del Daniel Oduber, dice orden de allanamiento
Documento apunta que actuaron para modificar un contrato que favorecía a la constructora MECO S.A.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) expuso ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José que el exministro Mauricio Batalla dirigió un plan delictivo relacionado con la modificación del contrato para remodelar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
Así consta en la orden de allanamiento del caso, correspondiente a las diligencias realizadas este martes por las autoridades judiciales, que culminaron con la detención de Batalla.
La orden señala que el exjerarca actuó con el objetivo de presionar e influir a favor de otorgar apariencia de legalidad a la modificación del contrato adjudicado a la constructora MECO S. A.
También fueron arrestados Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos Solís, fiscalizador de la CNE para las obras en la terminal aérea.
El documento indica que Batalla, Castillo y Villalobos estuvieron a cargo de confabularse para cometer actos irregulares en favor del contrato adjudicado a dicha compañía.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades vinculadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje de la terminal aérea de Guanacaste.
El presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto que permitió incluir a Liberia en la emergencia nacional, lo que habilitó una contratación por 39,9 millones de dólares para la constructora MECO S. A., sin requerir refrendo de la Contraloría General de la República (CGR), debido a su naturaleza de emergencia.
"(…) la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales", señaló la Fiscalía.
Después de iniciadas las labores en el aeropuerto, tras la adjudicación del contrato, las obras y el desembolso de dinero a la empresa a cargo fueron suspendidos debido a presuntas irregularidades en su ejecución.
No obstante, con la llegada de Mauricio Batalla Otárola a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el 12 de marzo de 2024, habría comenzado la presunta ejecución de actos ilícitos.
"(…) dirigieron un plan delictivo mediante el cual, por encima de criterios técnicos que justificaban la improcedencia de las acciones que se describirán y por medio de presiones e influencias indebidas que llevaron a cabo, aceptaron, impulsaron y ordenaron a subalternos tramitar una ingeniería de valor propuesta por el imputado José Alfredo Sánchez Zumbado, quien influyó al actuar por cuenta y a nombre de la persona jurídica
imputada Constructora MECO S.A., para con ello ocultar los incumplimientos contractuales provocados por ésta y darle apariencia de legalidad a la modificación del alcance y términos de la contratación 2023PX-000239-
0006500001", detalla la orden de allanamiento.
Menos obra por el mismo dinero
Obras en la pista del Daniel Oduber
El documento señala que, con la modificación del contrato, se buscó que la constructora obtuviera beneficios patrimoniales al ejecutar menos obra de la originalmente prevista.
Además, se estableció que se le pagó con fondos públicos por una obra realizada con una calidad inferior a la contratada, y "se perjudicó con ello el interés público que revestía la importancia de observar la normativa de la contratación por emergencia y la necesidad de realizar una intervención integral de la pista de aterrizaje".
La orden indica que, como resultado del actuar ilícito de los imputados —en el marco del plan delictivo— también se verían afectados los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública, tras el pago de $39.915.050,62 a MECO.
"(…) estaba destinada a que se rehabilitara la pista de aterrizaje, para realizar un simple recarpeteo en virtud de la modificación que se terminó aceptando (según se verá más adelante) y que representó un aparente "ahorro" aproximado de apenas $4.000.000 cuando en realidad existen criterios técnicos que advierten que, en el corto plazo, deberán realizarse nuevas contrataciones para brindar una solución integral a los problemas estructurales de la pista de aterrizaje del AIDOQ, ya que las capas subyacentes de la pista no se intervendrán cuando su sustitución fue parte de los términos iniciales de la contratación", confirma el escrito enviado por la FATPA al Juzgado.
Según la Fiscalía, otro elemento que refuerza y da mayor contundencia a las supuestas acciones delictivas es que Batalla, Villalobos y Castillo intervinieron para que los demás imputados realizaran, de manera separada, contribuciones directas al plan descrito.
Se trata de los funcionarios de apellidos Rodríguez Fallas (Aviación Civil), Marín Fallas (CNE), Murillo Saborío, Castellón Camacho y Baltodano, todos los cuales figuran como imputados en la causa.
El ente acusador sostiene que participaron mediante reuniones virtuales y actividades presenciales, en las cuales "ejercerían influencia y presión indebida sobre los ingenieros de la Unidad Ejecutora del proyecto, para lograr que cedieran a las pretensiones de la empresa imputada, Constructora MECO S. A.".
A las personas investigadas se les achaca la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, influencia en perjuicio de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Asimismo, se les atribuye haber presuntamente aprovechado la influencia política y la posición jerárquica que ostentaban para presionar a funcionarios públicos a firmar la orden de modificación, a pesar de que existían criterios técnicos que advertían la improcedencia de dichos actos.
Como parte de las diligencias realizadas este martes, se llevaron a cabo 22 allanamientos y fueron detenidos Batalla, Picado, Castillo y Villalobos. Todos fueron remitidos a la Fiscalía y permanecen a la espera de la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda.
