Batalla dejó prescribir denuncia de 14 funcionarios del MOPT por supuestos acosos laborales
El exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla Otárola, dejó prescribir una denuncia interpuesta por 14 funcionarios contra 2 exjefaturas de la División de Obras Públicas por presunto acoso laboral.
Así lo señalaron a CR Hoy algunos de los colaboradores afectados, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias ante los presuntos hostigamientos.
Las acusaciones surgieron en 2021 contra los funcionarios de apellidos Vega León y Sandí Morales, quienes actualmente laboran en la División Marítimo Portuaria del MOPT. El trámite fue iniciado por los exjerarcas Rodolfo Méndez Mata y Luis Amador Jiménez.
Sin embargo, cuando Batalla asumió el cargo, el tema pasó desapercibido y, en agosto de 2024, el órgano director encargado del caso lo desestimó.
Dos de los denunciantes afirmaron que estuvieron incapacitados durante casi un año debido al impacto en su salud mental, lo cual requirió controles médicos y atención especializada.
Enfatizaron que su principal preocupación es que estos funcionarios regresen cuando termine la actual administración y busquen despedirlos o tomar represalias en su contra.
Acusaron supuestos tratos abusivos producto de "interpretaciones antojadizas" de normas e informes de la Auditoría para llevar a cabo "acciones parcializadas, exageradas y en ocasiones innecesarias para propiciar situaciones injustas o malintencionadas".
Apertura de investigación
El exministro Rodolfo Méndez Mata ordenó la apertura del procedimiento en febrero de 2022; además, se solicitó la mediación de la Defensoría de los Habitantes y se presentaron denuncias ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
En diciembre de 2023, durante la gestión de Amador Jiménez como titular de la cartera, se ordenó la apertura de un proceso disciplinario ordinario contra las entonces jefaturas de la División de Obras Públicas.
Los colaboradores indicaron que, en abril de 2024, cuando Batalla asumió el cargo, se reunieron con Andrea Soto, exviceministra de Gestión Administrativa, para exponer su temor de que el caso quedara en la impunidad.
Con la nueva Ley de Administración Pública, el jerarca de una institución estatal tiene un mes para instruir la causa y 2 meses para generar el acto final.
Según los funcionarios, dos de los representantes del órgano director son, en apariencia, cercanos a uno de los denunciados, lo que, a su criterio, pudo haber influido en la prescripción del caso. Ante la falta de respuestas por parte de la administración, en junio de 2024 los afectados solicitaron ser parte del proceso debido a la gravedad de las denuncias y la ausencia de avances.
De acuerdo con los denunciantes, cuando hicieron la solicitud para participar en el proceso, la respuesta fue devuelta el 20 de julio, aunque la audiencia se había realizado el 18 de ese mes, sin que supuestamente fueran convocados.
Al respecto, acudieron a la Sala Constitucional, pero esta indicó que, al tratarse de un tema de justicia pronta y cumplida, debían dirigirse al Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
Los afectados valoran el escenario de interponer denuncias ante el Ministerio Público contra el MOPT por supuesto incumplimiento de deberes.
Intervención sindical
El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (Unatropyt), Juan Carlos Calderón, indicó a CR Hoy que se percibe una aparente manipulación de "ciertas personas" dentro de la institución para que los casos prescriban.
Calderón aseguró que, cuando se ordena un órgano director, se debe contar con los cuidados necesarios para esclarecer cuál de las partes tiene razón dentro de un procedimiento imparcial.
El representante sindical enfatizó que esta situación es preocupante y que ya se le externó la inquietud al actual ministro, Efraím Zeledón Leiva.
"Hay una persona que ya tenemos identificada, que es el factor común cada vez que nombran órganos directores. Y esa persona está manipulando todo el sistema interno para que los procesos prescriban", cuestionó Calderón.
El ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, dijo a CR Hoy que, cuando fue nombrado en el cargo en febrero de 2025, el caso ya había prescrito.
Sin embargo, Zeledón acotó que actualmente hay una investigación en curso para determinar a los responsables de la prescripción de la causa. Afirmó que, dado que el caso está en investigación, no puede brindar más detalles.
Rechaza acusaciones
Uno de los funcionarios señalados, de apellido Vega León, rechazó las acusaciones en su contra sobre un supuesto acoso laboral y aseguró que la denuncia fue interpuesta con el fin de apartarlo de la División de Obras Públicas y evitar que supervisara ciertas actividades.
Vega enfatizó que se le impuso una medida cautelar "excesiva" durante dos años, por lo que recurrió a un recurso de amparo para revertir la situación.
El funcionario relató que el sindicato, en apariencia, tiene intereses personales, ya que el secretario general propuso el nombramiento de quien actualmente ocupa la dirección, con el fin de continuar coordinando "sin supervisión" la Dirección de Emergencias del MOPT.
"Sobre lo denunciado por esos 14 funcionarios, no hay fundamento ni pruebas documentales. Se hizo con la finalidad de generar ese impacto, pero no pasó a más, ya que, si realizaban el proceso disciplinario, lo perdían y tendrían que reintegrarme a la Dirección de Obras Públicas, lo que no les servía", indicó.
El funcionario responsabilizó al exministro Amador, a quien, según su criterio, la organización sindical presionó para dilatar su caso e intentar influir en Batalla para mantenerlo fuera de la División de Obras Públicas.
Aseguró que, si continúa la "difamación" en su contra mediante "aseveraciones sin pruebas documentales", interpondrá denuncias por presunto acoso laboral.
CRHoy intentó contactar al otro señalado, de apellido Sandí Morales, y al exministro Batalla para conocer su reacción. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no había respuesta.
