Bancos piden equilibrio en reformas a normativa contra estafas
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reafirmó este lunes la importancia de actualizar la legislación nacional para enfrentar el crecimiento de las estafas financieras.
Estos delitos son cometidos por estructuras de crimen organizado que utilizan métodos de engaño cada vez más sofisticados, dejando a numerosas víctimas sin sus ahorros.
La ABC hizo un llamado a la prudencia y a la lógica jurídica para que cualquier modificación al proyecto de ley que actualmente se tramita en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa establezca responsabilidades equilibradas para todas las partes.
La organización aseguró que el sistema bancario respalda esta iniciativa y que está a favor de que se enriquezca con mejoras que mantengan un balance justo.
Subrayó que cualquier marco normativo dirigido a combatir las estafas financieras debe garantizar un equilibrio entre los deberes y derechos de todas las partes involucradas.
Un aspecto clave para ese balance, puntualizó, es la inclusión de causales de exención de responsabilidad, particularmente cuando existe dolo —es decir, un fraude simulado por parte del propio usuario— o culpa grave, que corresponde a un descuido en el deber de resguardar claves y accesos a la banca en línea. La ausencia de estas excepciones, advirtió, genera incentivos para el autofraude y eleva los costos de todo el sistema financiero.
"Las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las víctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores, para que se ataque la causa del problema y no se limite el acceso a los servicios financieros", manifestó Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
La asociación reiteró que las formas de operar de los delincuentes evolucionan de manera constante, por lo que una legislación rígida y desequilibrada corre el riesgo de quedar rezagada frente a sus métodos.
Explicó que los grupos criminales incorporan nuevas tecnologías, recurren a la ingeniería social —técnicas de manipulación psicológica que inducen a las personas a entregar voluntariamente información confidencial— y adaptan sus estrategias con rapidez. En consecuencia, las normas deben actualizarse de forma oportuna para ofrecer respuestas eficaces y evitar que los delincuentes se aprovechen de vacíos legales.
Por su parte, Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, señaló: "Lamentablemente, la mayoría de los casos de estafa no se producen porque se vulneren los sistemas de seguridad de los bancos, sino porque las personas usuarias son engañadas por delincuentes. Esto evidencia la importancia de reforzar la educación financiera y digital, así como de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorros".
La ABC destacó además que la normativa debe establecer procedimientos claros y plazos definidos para la investigación de los hechos, con el fin de dar respuestas oportunas a las víctimas. Esto permitiría a los bancos determinar rápidamente si existe o no responsabilidad del cliente y garantizaría a las personas afectadas una resolución en tiempos razonables, como ya ocurre en países como España y el Reino Unido.
"Imponer una responsabilidad automática a las entidades financieras y obligarlas a cubrir todos los casos de estafa tendría consecuencias económicas y sociales negativas para el sistema bancario. Esta medida podría incentivar esquemas fraudulentos en los que personas simulen ser víctimas para obtener beneficios indebidos, además de generar un aumento en los costos de operación que se trasladarían a los clientes en menores rendimientos para los ahorrantes y mayores tasas de interés para quienes tienen préstamos", advirtió la asociación.
La ABC recordó que las entidades financieras invierten de manera permanente en fortalecer la seguridad digital, monitorear transacciones sospechosas y promover campañas de concienciación sobre las modalidades de fraude. No obstante, insistió en que estos esfuerzos deben actualizarse constantemente y acompañarse de un marco legal que reconozca responsabilidades compartidas y evite incentivos perversos en el sistema.
"Lo responsable es reforzar la ciberseguridad, continuar con la educación financiera y garantizar un marco legal equilibrado. Si se obliga a los bancos a asumir automáticamente todas las pérdidas, se incentiva al crimen organizado y se termina perjudicando al consumidor financiero que nada tuvo que ver con los delitos", concluyó Cubero.