Banco Central ataca a Sugef por negarse a entregarle datos confidenciales de deudores
Por tratamiento de datos personales.
(CRHoy.com).-La superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar confirmó este jueves que el Banco Central interpuso una denuncia en su contra, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Por medio de un comunicado de prensa enviado esta tarde, indicó que fue la semana anterior que le notificaron sobre la denuncia penal, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la Gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 21 de abril del 2023.
"La acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para el desarrollo de sus labores de supervisión", indica el comunicado.
Además, consideraron que la información solicitada por el Banco Central, eran datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968.
El Banco Central hizo la solicitud, basándose en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley N°7558 y los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, Ley N°9694, señaló la entidad supervisora.
La asesoría jurídica de la Sugef consideró que la solicitud era "contraria" a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al Superintendente, Intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente", añade el documento.
La Sugef resaltó que por este delito hay pena de 4 a 6 años de cárcel, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de conformidad con el artículo 203 del Código Penal.
"La señora Aguilar Montoya informó a la Gerencia y a la Presidencia del BCCR, sobre la decisión de consultarle a la Procuraduría General de la República (PGR) acerca del fondo del asunto, como en efecto lo realizó el 23 de diciembre del 2022. En este sentido, la actuación del BCCR podría considerarse prematura al presentar la denuncia sin esperar la respuesta de la PGR", recalcaron.
Fue el 3 de julio pasado cuando la PGR remitió su criterio "el cual contribuye a dimensionar las condiciones, protocolos y límites bajo las que procedería la entrega de la información", cita el comunicado.
