Avanza investigación por lavado contra extesorero que gastó en lotería millones sustraídos del BN

El extesorero del Banco Nacional (BN), Ricardo Olivas Valle, principal acusado de sustraer ₡3.293 millones de las bóvedas de la sede central en la capital, afrontará pronto un juicio por 33 delitos de peculado.

Luego de que un juzgado acogiera la acusación del Ministerio Público y avalara elevar el caso a juicio, ahora el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública de Goicoechea busca un espacio para celebrar el debate.

"La causa ingresó a ese despacho el pasado 6 de noviembre de 2025 y se encuentra en estudio para proceder con el señalamiento", confirmó el Tribunal a CR Hoy este miércoles. Sin embargo, esta no es la única causa penal que Olivas enfrenta por el aparente atraco multimillonario.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sospecha que, para tratar de utilizar el dinero sustraído, el funcionario habría creado un esquema de lavado de activos sumamente simple.

Entre enero de 2022 y octubre de 2023, habría comprado hasta ₡60 millones mensuales en lotería —chances y Tres Monazos—, invirtiendo entre ₡2 millones y ₡3 millones diarios.

Esto le habría permitido, producto de la saturación estadística, ganar múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales luego fueron repartidos entre los miembros de la organización.

De esta forma, Olivas y sus supuestos cómplices contaban con una justificación del origen del dinero para poder utilizarlo con mayor libertad sin levantar sospechas, blanqueando así su procedencia real.

Por esa razón, la Fiscalía mantiene activa una causa por legitimación de capitales. Este delito se relaciona con ocultar, encubrir o disimular el origen, movimiento y destino de dineros obtenidos ilegalmente.

En este caso, sería a partir de acciones ilícitas cometidas con fondos que tenía bajo su custodia al trabajar para la entidad financiera. Las penas de cárcel pueden oscilar entre los ocho y 20 años de cárcel. 

Aunque en el Ministerio Público aseguran tener indicios y pruebas sólidas sobre ese sencillo y efectivo plan de lavado, las investigaciones de este tipo suelen ser más complejas.

Por ello, para no atrasar el juicio por peculado —al existir suficientes elementos de prueba sobre ese delito— y evitar que el imputado quede en libertad, la Fiscalía decidió dividir las causas.

Ronald Segura, fiscal anticorrupción a cargo del caso, explicó a CR Hoy que, mientras se prepara el juicio por peculado, continúan avanzando las complicadas diligencias de legitimación, que requieren una investigación más profunda.

"Hay una causa abierta también que se mantiene por esos hechos, pero está separado de la acusación de los delitos de peculado. El expediente abierto es por el tema de legitimación. La investigación está en curso. 

Es un poco más lento porque implica recabar información de todo el sistema financiero, entonces va a llevar un poco más de tiempo, pero también estamos investigando y cerrando todos los portillos posibles para que haya un abordaje integral de la causa y no solo de la visión de la Anticorrupción, sino también del punto de vista de la información de capitales", explicó el fiscal.

Olivas descontará cuatro meses más de prisión preventiva, luego de que un juez autorizara la extensión de la medida cautelar.

De acuerdo con la Fiscalía, entre enero de 2021 y octubre de 2023, Olivas habría ideado un plan para acumular ilícitamente millonarias sumas de dinero, aprovechando su cargo como tesorero de Procesamiento de Numerario de Clientes Externos del Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional.

Esa oficina se encarga de recibir, tramitar y acreditar todos los depósitos relacionados con convenios de recolección de efectivo de los clientes. La Tesorería, a su vez, coordina el traslado del dinero hacia las distintas sucursales y agencias del conglomerado bancario.

Según la acusación, parte del modo de operar de Olivas consistía en introducir fajos de billetes dentro de sobres de manila, que posteriormente sustraía del CIPE. Luego salía caminando por la esclusa y el puesto de seguridad de esa dependencia, hasta sacar el dinero de manera definitiva de la custodia del banco.

Por estos hechos, hay siete personas más bajo investigación. En mayo anterior, la FAPTA decidió separar al principal sospechoso del resto de los implicados y, al tener adelantadas las indagaciones sobre él, solicitó una audiencia preliminar para elevar la causa a juicio.

El juzgado ya avaló esa petición y admitió que el caso se maneja como tramitación compleja, lo que permite la duplicación de los plazos previstos en la ley para el proceso.

Ese despacho del Ministerio Público formó un expediente denominado "testimonio de piezas" para los demás sospechosos, de apellidos Ugalde Morales, Blanco Oviedo, Cerdas Méndez, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí y Bolaños Zúñiga.

Olivas es señalado por el delito de peculado, que consiste en la sustracción o desviación de dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada a un funcionario público debido a su cargo. El Código Penal castiga esta conducta con penas de tres a doce años de prisión.

Mientras llega a juicio, el extesorero, de 37 años, permanece bajo prisión preventiva desde su detención el 8 de noviembre de 2023. Los otros siete empleados del banco fueron aprehendidos ese mismo mes durante los operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hacia mediados de 2023 —hace más de dos años—, surgieron las primeras sospechas de irregularidades cuando la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR elaboró un estudio en el que se fiscalizó la Administración del Numerario, área que gestiona el efectivo procedente de tulas o colas de billetes.

A partir de esos hallazgos, la Dirección de Control decidió intervenir las oficinas encargadas de gestionar el efectivo que ingresaba a las bóvedas y efectuó un arqueo físico en octubre, lo que destapó el faltante de dinero.

Según la hipótesis inicial, el OIJ apunta a que Olivas Valle habría sustraído dinero en efectivo durante siete ocasiones distintas entre agosto y setiembre. Ante la falta de arqueos físicos y controles exhaustivos desde 2019, se investiga si existieron otras sustracciones en los últimos cuatro años.

Al parecer, Olivas entregaba a otro imputado sumas inferiores a las que recibían otros funcionarios del CIPE. De esa manera, habría acumulado una suma injustificada superior a ₡4.556 millones, de los cuales el 71 % fue sustraído directamente de las instalaciones.

La investigación logró acreditar al menos siete presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre de 2023, bajo un mismo modus operandi: Olivas introducía fajos de billetes en un sobre de manila amarillo y salía del CIPE con el sobre en la mano derecha.