Autoridades y Unión de Asadas chocan por gestión de agua en Zona Norte
Acueductos y Alcantarillados justifica que debe cumplir sentencias judiciales
La Unión asegura que la comunidad pagó por instalar el acueducto. (Imagen de Unaizón)
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) choca con grupos organizados en San Carlos, por la gestión del agua en varias comunidades. La Unión de Asociaciones de Acueductos Integrados de la Zona Norte (Unaizón) reclamó que las autoridades quieren asumir de forma ilegal la administración de nacientes, tomas y tanques de distribución.
"La presidenta (…) Yamileth Astorga, comunicó que a partir del viernes 13 de julio de 2018, estarán asumiendo la administración directa de las nacientes, tomas y tanques de distribución y nos convocan en las instalaciones del tanque Cedros para que le entregamos las llaves", reclamaron.
El presidente de la Unión, Kennet Vargas, aseguró que hubo sorpresa. "Creíamos superada la discusión legal con respecto a la administración comunitaria del agua y la pertenencia de los bienes comunales", dijo.
El grupo reclama que gran parte del financiamiento para la creación, gestión y mantenimiento de esta fuente de agua comunitaria lo aportaron los vecinos de Monterrey y pueblos aledaños que organizaron y trabajaban gratuitamente en cientos de fiestas y turnos.
Además alegan que finqueros regalaron ganado para las subastas y aportaron trabajadores para abrir zanjas, así como miembros de la Asociación de Desarrollo que "hipotecaban sus fincas con los bancos para que les otorgaran créditos".
Este viernes el AyA anunció que iniciará las acciones para "ordenar la gestión del sistema de acueductos administrados por Unaizón", tanto en las nacientes, línea de conducción como el tanque de almacenamiento. El tesorero de la asociación Luis González afirmó que el AyA acudió, pero no se dio la transferencia de la administración.
Según explicó, con la intervención del presbítero de la comunidad, se pactó una reunión para el próximo miércoles 18 a las 3:00 p.m.
Sentencias judiciales y falta de legalidad
Yamileth Astorga alegó que la Unión en la Zona Norte no cumplió con lo que debía. (Archivo CRH)
Según Astorga durante 3 años hubo apertura para la firma de los convenios de delegación y ordenar la operación de los componentes comunes de estos acueductos. La idea era que AyA no asumiera la administración. Pero justificaron que únicamente se tomaría poder de lo ordenado por los tribunales.
"Se efectuaron varias reuniones en Zona Norte en las cuales se tomaron acuerdos para mejorar las condiciones legales de las Asadas, sin embargo fueron incumplidos por parte de Unaizón", aseguró Astorga.
El AyA fundamentó la medida que debe cumplir 2 resoluciones del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y de Sala Primera (sentencias 13-2012 y 1215-F-S1-2015). Estas consignan que Unaizón es un operador ilegal, ya que no cuenta con los requisitos legales para operar un acueducto.
Además señaló que la Unión es una organización de segundo grado (unión de Asadas), por lo que no está facultada para administrar y prestar servicios de agua potable. Son las Asadas creadas por ley quienes pueden hacerlo sin generar utilidades. Para esto deben firmar los convenios de delegación con el AyA.
El tesorero Luis González admitió que Unaizón no tiene un convenio de delegación, del cual dijo no están en contra de tenerlo. "La Unión la creó el AyA y ahora quieren decir que somos ilegales", reclamó. Agregó que muchas otras Asadas no han firmado el convenio en la zona.
El Gobierno reclamó que Unaizón "distribuye los caudales y cobra el servicio sin respaldo jurídico y sin cumplir con la tarifa establecida por Aresep". De acuerdo con estudios que dice tener, AyA señaló que la Unión "carecía de un sistema contable adecuado para efectuar cobros".
"En la actualidad no presenta estados financieros a la institución rectora (información de carácter público), por lo que se desconoce cómo son administrados dichos fondos públicos, en manos de una organización privada", justificó el Instituto.
Unión alega falta de diálogo
Pero Unaizón contraatacó y defendió que el AyA podrá administrar los sistemas de acueductos y alcantarillados, pero debe asumirlos "tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos". Además se defendió al señalar que "la propiedad es inviolable"..
"No vamos a acceder a sus pretensiones y que defenderemos nuestro acueducto. Que el plazo otorgado es insuficiente e ilegal para un acto que es trascendental para las comunidades usuarias de un servicio. Por otra parte le hemos dejado claro que las instancias para dialogar y negociar es la judicialmediante el proceso de ejecución de sentencia", afirmó Vargas.
Astorga contradijo la postura de las Asadas, al asegurar que se realizaron hasta 4 reuniones para coordinar el cumplimiento de las sentencias. La jerarca rechazó que no se diera tiempo.
"No lleva razón al indicar que la notificación de la Administración es sorpresiva, puesto que la resolución de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia fue dictada en el 2015 (N. 1215-F-S1-2015), sentencia que reitero tiene carácter de cosa juzgada material, siendo que su cumplimiento es obligatorio y vinculante para las partes objeto del proceso, constituyéndose el proceso de ejecución de sentencia como vía extrema y excepcional ante el incumplimiento de resoluciones judiciales firmes", enfatizó.
Con el pulso está en juego el servicio de agua potable de 5 Asadas: Santo Domingo de Monterrey, San Juan y San Antonio de Monterrey, La Unión y Mirador de Monterrey, Chambacú de Monterrey y Santa Rosa de Pocosol.
En nuestro país más de un 25% de la población recibe agua potable gracias al trabajo voluntario y desinteresado de las Asadas. Es decir más de un millón de personas que viven en zonas rurales y periurbanas dependen de esas organización.