Auditoría denuncia obstáculos en la CNE para obtener información sobre proyectos de Proeri

La Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) advirtió múltiples irregularidades en el desarrollo y gestión de 203 proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

El Proeri, impulsado desde el Poder Ejecutivo, es financiado por un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones. El programa consta de 502 obras. De estas, 299 (60%) comprenden infraestructura deteriorada por antigüedad y falta de mantenimiento (peligro inminente).

La gestión de los proyectos contemplados corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Las restantes 203 obras (40%), están relacionadas con infraestructuras impactadas por desastres naturales. Estas serán reconstruidas por la CNE en el marco de decretos de emergencia.

Sobre estas es que versa el informe de auditoría firmada por Elizabeth Castillo Cerdas, auditora interna de la institución, en el documento CNE-AI-OF-099-2025 del 12 de mayo.

La supervisión de los proyectos fue adjudicada de manera directa, por parte de la CNE, a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por las siglas en inglés).

Los decretos ejecutivos de emergencia que sustentan las intervenciones en infraestructura son el N°43626-MP Tormenta Tropical Bonnie, ampliado bajo el decreto N°44072-MP; el N°43752-MP Zona de Convergencia Intertropical y el N°43754-MP Huracán Julia.

Los 203 proyectos a cargo de la CNE cuentan con un presupuesto de más de $161 millones, desglosados así: 49 puentes (más de $58 millones), 4 obras en carreteras (más de $43 millones), 86 centros educativos (más de $12 millones), 1 alcantarillados y vados (más de $686 mil), 16 sistemas de agua (más de $4.8 millones), 9 de viviendas (más de $7.8 millones) y 38 intervenciones en ríos y quebradas (más de $33 millones).

Al 28 de febrero de 2025, fecha en que se efectuó la auditoría interna, los proyectos a cargo de la CNE apenas registraban más de 15% de avance global.

Por ejemplo, las tareas para los 49 puentes reportaban un 26% de avance. Los porcentajes más bajos de avance estaban en centros educativos (5%), vivienda (6%) y en sistemas de agua (9%). Mientras, los más alto,  en el único proyecto de alcantarillados y vados (61%) y en obras de carretera (43%).

¿Qué concluyó la auditoría?

• La Auditoría Interna no logra contar con la información suficiente y competente para poder realizar los análisis en tiempo y momento. Esto debido a que la Administración Activa de la CNE no envía lo solicitado cumpliendo con el tiempo establecido. En ocasiones se envía la información incompleta y, además, se le expresa a la auditoría que la información está archivada como para que esta realice la búsqueda de los documentos.
• La Administración Activa de la CNE, en apariencia, no se ajustó al principio de legalidad, al nombrar a la Unops como “asistencia técnica” y no como “firma de implementación general” ni como “firma de implementación del programa”, tal y como lo ordena la ley.
• La Unops funge como asistencia técnica y no como firma de implementación del programa de los 4 organismos ejecutores indicados en la ley, sin que para ello mediara un proceso de contratación pública. Dado que se realizó por contratación directa mediante solicitud de la “no objeción”, realizada primeramente por la CNE a los entes ejecutores y posteriormente solicitada por la presidencia de la CNE al BCIE.
• Se nombra a la Unops en la CNE y en los organismos ejecutores como asistencia técnica, dando la potestad de firma de implementación del programa, lo que podría presentarse como una deficiencia de control interno, pues se podría estar comprometiendo la independencia y objetividad de la transparencia del programa.
• Se identifican 9 planes de inversión aprobados por la junta directiva de la CNE para ser ejecutados con recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE). No obstante, estos están enlistados en los proyectos correspondientes a la ejecución con los recursos de Proeri.
• Al revisar las contrataciones 2023PX-000197-0006500001, 2023PX-000194- 0006500001 y 2023PX-000204-0006500001 en el Sicop, no se visualiza toda la información de dichos procesos. Se solicitó el expediente digital que debe llevar la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción (UGPR) sobre dichas contrataciones y no fue posible contar con su acceso. Por lo tanto, se considera que los expedientes podrían estar incompletos o no se cuenta con los mismos.
• Las contrataciones 2023PX-000194-0006500001 y 2023PX-000204-0006500001 fueron entregadas tarde, pero en el Sicop no es posible determinar si se aplicó lo estipulado en el pliego de condiciones sobre las entregas tardías. Esto podría afectar el sistema de control interno.
• Para el plan de inversión de diseño y construcción obras de protección fluvial en Calle Areneros (San Rafael Abajo de Desamparados) la junta directiva a de la CNE aprobó más de ₡402 millones. Al realizar la contratación se cuenta con la participación de 2 empresas. Una ofertó por más de ₡444 millones y la otra por más de ₡668 millones, descartando la UGPR por medio de la fiscalizadora la oferta con menor valor, indicando que no cumplió con las especificaciones técnicas. La auditoría no visualizó a que corresponde dicho incumplimiento y verificó que se le solicitó a la otra empresa que realizara una mejora de precio. La empresa mejoró el precio a más de ₡440 millones, lo que significa que la empresa primero cotizó un 66% sobre lo aprobado por junta directiva y luego realizó la mejora de precio de un 34% (según lo ofertado)Pero, aun así, superó en un 11% el presupuesto asignado inicialmente, por lo que la junta directiva ajusta el presupuesto por un monto de más de ₡41 millones.
• No se visualiza en los documentos analizados la participación o emisión de criterio técnico por parte del responsable de la unidad ejecutora durante la evaluación de las ofertas para el proyecto en Calle Areneros.
• En Calle Areneros existe la probabilidad de la invasión a propiedad privada, ya que no se tiene de previo los permisos ni documentos que muestren la expropiación ejercida por la CNE o por la unidad ejecutora. Lo cual, podría estar ocasionando pagos millonarios a la CNE por falta de planificación en la ejecución de los proyectos.
• Los pliegos de condiciones de las contrataciones 2023PX-000194-0006500001 y 2023XP-000204-0006500001, no son claros sobre alcance del proyecto y el tipo de solución constructiva que se pretende. A pesar de la gran cantidad de documentos que contienen, ya que estos no definen con claridad el producto a contratar. Se limita a la auditoría comprobar si los oferentes cumplen con los requisitos.
• En inspección al proyecto de diseño y construcción de alcantarilla de cuadro sobre la quebrada Lagunillas, en Salitrillos de Aserrí, se verificó que no se garantizó un adecuado acceso al espacio físico para peatones con discapacidad física, debido al poste ubicado en medio de la acera del sector oeste, misma que mide 1.30 metros y no 1.50 metros, como lo señala el pliego de condiciones. La reubicación compete al contratista, pero no se hallaron gestiones de la Municipalidad de Aserrí o de la UGPR para advertir la situación.
• En este proyecto, también se constató que las barandas vehiculares (flex beam) no fueron colocadas, pese a que el ingeniero municipal responsable señaló que “(…) las barandas de contención vehicular fueron terminadas y pintadas en su totalidad. (…)”.
• La Municipalidad de Aserrí entregó documentación a la UGPR, que fue trasladada a la Auditoría Interna, en la que se visualiza que fueron asignados 2 laboratorios para que realizaran pruebas sobre el cumplimiento del concreto de la alcantarilla respecto a su resistencia. Verificando que, en apariencia, uno indica que se cumple con el parámetro solicitado y el otro refleja parámetros por debajo de lo establecido. No logrando identificar un tercer criterio para mejor resolver.
• Como consideraciones finales de las inspecciones realizadas en obras para puentes en Chánguena, Biolley y Potrero Grande (Buenos Aires de Puntarenas), no se evidenció la colocación de mojones, según lo solicitado en las condiciones técnicas. Se solicitaría a la UGPR y a la UE la documentación de respaldo, así como, el acta de inspección y valoración con la que deben contar para dar aprobación a la construcción de estos puentes.
• Hay 129 contrataciones desde el inicio del programa hasta febrero de 2025. Un total de 29 fueron declaradas infructuosas y otras 76 cuentan con todo el proceso de contratación finalizado. Un total de 48 (37%) de las contrataciones están adjudicadas a 28 empresas diferentes, 25% (32 contrataciones) fueron adjudicadas a 3 empresas y 49 (38%) de ellas no tienen asignada ninguna empresa (infructuosas y en proceso).

La auditoría interna solicitó a Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la CNE, remitir una copia del informe a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y gestionar ante el BCIE, los recursos de los 9 proyectos que fueron aprobados para ser utilizados por el Fondo Nacional de Emergencias, según la ley aprobada para la utilización del crédito. Esto debía ocurrir a más tardar el 22 de mayo pasado.

De igual forma, se le solicitó a Picado que ordenara a la dirección ejecutiva como responsable del Fondo Nacional de Emergencias, cumplir con las recomendaciones señaladas en este informe, en coordinación con las diferentes unidades responsables en la CNE.  más tardar el 14 de mayo.

El 27 de mayo, a través del informe CNE-PRE-UAL-OF-0084-2025, Picado respondió los señalamientos realizados por la auditoría y aseguró que "hubo falta de información oportuna de la ingeniera fiscalizadora a cargo de los proyectos" y que por eso "no quedó debidamente sustentada la información", arrojando resultados negativos para la persona funcionaria que auditó".

El jerarca refutó lo referente a los plazos de ejecución, la no aplicación de multas, la recepción provisional de obras y la supuesta invasión a terrenos privados en una de las obras. Sobre este último punto, por ejemplo, indicó que existió un acuerdo verbal (que luego fue ratificado) con el propietario del inmueble afectado.

Picado señaló que, en algunos casos, pudo existir errores de interpretación de parte de la auditora. No obstante, no hizo referencia alguna a los señalamientos sobre la obstaculización para acceder a datos e información.