Auditoría del BCR: Funcionarios de SAFI fueron negligentes al ocultar inviabilidad del Parque del Pacífico

Un informe de la Auditoría Interna del Banco de Costa Rica (BCR) reveló que la Unidad de Ingeniería y otros funcionarios de proyectos de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR SAFI) omitieron dar información indispensable a los entes que fiscalizan compras de inmuebles con el afán de promover la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Esparza, Puntarenas.

El documento de relación de hechos, AUD-SAFI-030-2023 con fecha de junio de 2023, expone que estos especialistas elaboraron el informe UII-010-2019 donde presentaron al Comité de Inversiones (CI) los insumos fundamentales para dar inicio a la negociación del complejo de bodegas, ubicado cerca de Puerto Caldera, sin ser transparentes en aspectos como precio adecuado y la revisión pertinente de todas las áreas.

La finca fue comprada el 20 de febrero a una sociedad anónima vinculada con el exdiputado del PUSC, Humberto Vargas Corrales (2018-2022) por un precio de $70 millones, sin que se tuvieran concluidas las obras que se pactaron en el contrato.

La documentación detalla que el valor real era de $35 millones y el último avalúo presentado por la SAFI ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tasó el parque en $28 millones, es decir, ya no vale ni el 40% de lo que se pagó.

Previamente, una investigación realizada por la Unidad de Fraude Interna del BCR, determinó que la sociedad de Vargas compró esa misma finca en $16 millones días antes de empezar a negociarla con la Sociedad de Fondos.

Las investigaciones en torno a la compra arrancaron en 2021 tras una serie de denuncias anónimas planteadas ante las juntas directivas del BCR y de la SAFI.

A partir de las fotografías satelitales captadas entre setiembre de 2019 y febrero de 2020, la Auditoría Interna del BCR corroboró que el parque empresarial no estaba concluido al momento de ser comprado por la SAFI y eso no se advirtió al CI.

La auditoría apunta a que los funcionarios Carbajal Soto y Gutiérrez Chaves no hicieron las verificaciones debidas en los predios y "omitieron hacer las advertencias pertinentes e indicar de manera clara y contundente, en su informe, el estatus constructivo de PEP", por lo que consideran que ambos incumplieron con varios artículos de la normativa institucional (art.8 y 39) y del código de ética (art.4).

"Lo anterior es reprochable, ya que fueron negligentes y faltaron al deber de cuidado y diligencia de reportar en sus informes -con el detalle que un proyecto de estas proporciones ameritaba- y advertir a sus superiores la situación real del proyecto al momento de su informe ("Resumen de Estimación de Valor de Inmuebles UII-010-2019")", apunta el documento.

El documento añade que Gutiérrez Chaves debió revelar en el informe, las falencias y debilidades del parque y su efecto en la capacidad operativa, mientras que Carbajal Soto estaba obligado a supervisar con la profundidad adecuada todas las labores realizadas por su colaborador, pero ambos violentaron la eficacia de la primera línea de defensa asociada a las adquisiciones de proyectos de los fondos de inversión inmobiliarios de BCR SAFI.

"(…) el inmueble PEP tenía avances limitados al momento en que se presentó el Perfil al Comité de Inversiones y Junta Directiva BCR SAFI, y no estaba construido al 100% al momento en que se presentó la Compra al Comité de Inversiones y Junta Directiva BCR SAFI, ni al momento de la compra. Tampoco se reveló a dichos órganos decisorios, la situación real constructiva, para que estos tomaran las mejores decisiones en protección de los inversionistas", menciona la auditoría.

La auditoría también apunta que el exgerente de negocios y proyectos, faltó a la verdad y transparencia a la hora de presentar la documentación solicitada por el Comité de Inversiones, provocando que se vulnerara el sistema de control interno con sus acciones y omisiones, así como "falta de prudencia, profesionalismo y veracidad de los funcionarios indicados, con los órganos decisorios y con la Auditoría Interna".

Responsabilizan a exgerente

El exgerente de la SAFI, Rosnnie Díaz Méndez, también fue duramente criticado en este análisis de los auditores, pues aseguran que fue omiso al no cuestionar el proceder y actuar de los funcionarios previo a la compra del inmueble.

Le cuestionaron que debió supervisar que todo lo relacionado con la presentación de tres contratos firmados y la operatividad al 100% del parque antes de autorizar el proceso de adquisición, además que su accionar fue reprochable.

"(…) si la compra estaba supeditada, según la promesa de compraventa, a que los 3 inquilinos recibieran conforme sus áreas arrendadas, si no había concordancia entre el recibido conforme por parte de Almacén Fiscal PC S.A. (COTROSA-Naves en Frío) en su contrato y 2 adendas, respecto a la realidad constructiva de las naves en frío, las cuales no estaban construidas y eran inoperativas. Por lo tanto, no ejecutó acciones y controles que permitieran que esta información fluyera de manera confiable y oportuna para una toma adecuada de decisiones, tales como desestimar la compra o esperar a que el proyecto estuviera terminado", dice el informe sobre Díaz.

Aducen que además de no actuar con prudencia, profesionalismo, veracidad y transparencia al comprar el inmueble Parque, su trabajo fue "negligente y faltó al deber de cuidado profesional o probidad" firmar y concretar el negocio sin tomar en cuenta lo establecido en la cláusula cuarta de la Promesa de Compra-Venta.

Cuando la SAFI estaba en proceso de adquisición del PEP en el 2019, el Comité de Inversión del BCR puso como requisitos a los encargados del proyecto tener la construcción de las instalaciones 100% terminadas y al menos tres inquilinos confirmados, de lo contrario no se aprobaría la compra de esa propiedad.

Según consta en el informe AUD-SAFI-030-2023, elaborado por la Auditoría Interna del BCR y al que crhoy tuvo acceso, se presentaron tres arrendamientos firmados por las compañías Albosa S.A., Almacén Fiscal PC S.A. y 3-102-791282 S.RL. (Rhino Waste Managment Corp).

Los tres pactaron una renta mensual por $583.152 por un plazo de 10 años y con el entendido de que habría incremento en rentas del 3,50%.

Sin embargo, el Informe de Relación de Hechos de la auditoría interna del BCR, AUD-SAFI-030-2023, al que este medio tuvo acceso, señala que cuando visitaron el parque en marzo del 2021 luego de conocer tres denuncias por presuntas irregularidades en medio de la compra, ninguna de las compañías ofrecidas como garantía para ejecutar el negocio estaban operando en ese lugar.

Esto sucedió pese a que el ligamen culminaría hasta el 20 de febrero del 2030, pero actualmente ninguna de esas tres compañías permanece en el parque.

Este informe fue presentado por la actual junta directiva de la SAFI a la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (Fapta), más de un año después de ser conocido y declarado confidencial.

Esa dependencia del Ministerio Público tiene una causa abierta donde se investiga la presunta compra con sobreprecio del parque, administración fraudulenta y destrucción de documentos del banco, la cual se lleva en el expediente 21-000209-1218-PE y de momento se sigue contra ignorado.