Auditoría advierte “riesgos extremos” para el Conavi en replanteamiento de proyecto San José-San Ramón
Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un crédito por $770 millones
Luego de romper contrato con el Fideicomiso Ruta Uno para desarrollar el proyecto vial entre San José y San Ramón, el gobierno de Rodrigo Chaves optó por replantear la iniciativa de obra pública.
No obstante, la Auditoría Interna advirtió en un informe de Servicios Preventivos del 7 de enero de 2025 sobre "riesgos extremos" para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) durante la fase de preinversión de la propuesta vial que une el Gran Área Metropolitana (GAM) con la región de Occidente.
Si la Unidad Ejecutora San José–San Ramón inicia la gestión del financiamiento del proyecto "sin contar con la declaratoria de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán)", la administración se verá expuesta a vulnerabilidades que van desde "fraude interno", riesgos legales, pérdida de reputación, problemas en la adquisición de terrenos y violaciones a la normativa y legislación.
¿Por qué razones? Si el análisis de factibilidad se basa solamente en los insumos de cooperación técnica entre el MOPT y el BCIE, podría traer una ausencia en la validación independiente, la cual incidiría en una evaluación objetiva.
Mientras tanto, si se da luz verde al estudio de factibilidad sin la viabilidad técnica del Ministerio de Planificación generaría el impulso sobre el financiamiento en una estructura con características inciertas.
Dichas vulnerabilidades también se agravarían si se aprueba el estudio de factibilidad basado en los insumos brindados mediante la cooperación técnica entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Adicionalmente, la Auditoría recomendó tomar en cuenta aparentes condiciones que influirían en la obtención del crédito con el organismo financiero regional, por lo que se debe promover "el principio de igualdad y libre competencia".
Replanteo de propuesta
La propuesta integral supera los $770 millones, cifra que coincide con el monto del préstamo aprobado por el BCIE para ejecutar las obras de ampliación, según informó el Gobierno el 15 de noviembre de 2024.
El corredor vial entre la Gran Área Metropolitana y la región de Occidente abarca más de 55 kilómetros e incluye intervenciones en la carretera General Cañas y Bernardo Soto, además de la construcción de una radial de 4,45 kilómetros en Río Segundo de Alajuela.
El proyecto prevé edificar y mejorar 16 intercambios viales, entre ellos el Puente Juan Pablo II, el Conservatorio Castella, el cruce de Real Cariari, el paso a desnivel frente a Firestone, Intel y las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La iniciativa incorpora 15 retornos, 32 puentes vehiculares, 2 estructuras ferroviarias, 20 pasos peatonales y 110 bahías para autobuses.
Según el informe de la Auditoría Interna, el riesgo por "fraude interno" se vincula con supuestos incumplimientos de políticas, procedimientos y controles establecidos, lo que compromete la seguridad operativa diaria.
Respecto al riesgo legal interno, el equipo auditor alertó sobre el peligro de redactar contratos u otros documentos sin respaldo jurídico adecuado, ya sea por falta de sustento legal, errores en el diseño o elaboración incompleta.
Tales fallos podrían anular convenios o generar dificultades para hacer valer los términos contractuales ante disputas originadas por resoluciones administrativas o judiciales "desfavorables".
Hallazgos
Al momento de redactarse el informe, la propuesta actualizada no figura en la modificación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026.
De acuerdo con el documento de Auditoría, la inclusión dentro de ese plan requiere la inscripción de la etapa de factibilidad en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) por parte del Ministerio de Planificación.
El informe reveló que la iniciativa se encuentra inscrita en el BPIP bajo la categoría de prefactibilidad. Sin embargo, al tratarse de un "Proyecto de Obra Pública Tradicional", resulta urgente cumplir con las Normas Técnicas de Inversión Pública.
Según el análisis auditor, gestionar créditos para endeudamiento público sin inscribir la etapa de factibilidad en el Banco de Proyectos "podría representar un incumplimiento de la legislación vigente".
Asimismo, se advirtió que avanzar hacia la etapa de financiamiento sin concluir formalmente la fase de preinversión expone a la administración a vulnerar la secuencia lógica del ciclo de vida de una inversión pública.
CR Hoy trató de contactar al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, para que se refiriera a los alcances de este informe, pero al cierre de esta nota no fue posible.
