Ataques de Bukele contra ONG y prensa recrudecieron en mayo ¡Esto es lo que está pasando!
Detenciones, amenazas judiciales y leyes restrictivas marcaron las últimas semanas
Durante mayo, el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador está dando un giro aún más autoritario en su relación con la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
Detenciones, amenazas judiciales y leyes restrictivas marcaron las últimas semanas, generando preocupación dentro y fuera del país. Lo que antes era una erosión gradual de las libertades democráticas parece haberse transformado en una ofensiva cada vez más frontal contra toda forma de disidencia.
Detención de Ruth López
El 19 de mayo, la abogada Ruth López fue detenida sin previo aviso. La Fiscalía General de la República la acusa de peculado por supuestos hechos ocurridos mientras se desempeñaba como asesora de Eugenio Chicas, exfuncionario del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Las autoridades no han presentado evidencia pública que sustente la acusación.
López es jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las organizaciones más activas en la documentación de abusos cometidos por el actual Gobierno, incluidos los realizados bajo el régimen de excepción.
En los últimos años, lideró investigaciones sobre el desvío de fondos públicos, el uso del software espía Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos, y las irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia de Covid-19.
El Faro en la mira
El 3 de mayo, el director del medio digital El Faro, Carlos Dada, encendió las alarmas al revelar que la Fiscalía preparaba órdenes de captura contra al menos siete periodistas de su redacción. La amenaza surgió luego de que El Faro publicara una serie de entrevistas con exlíderes de pandillas que aseguraban haber negociado directamente con el Gobierno de Bukele, rompiendo la narrativa oficial sobre la "guerra contra las maras".
La noticia provocó una oleada de temor entre los reporteros. Varios de ellos —como Carlos Barrera, Efrén Lemus y Víctor Peña— optaron por abandonar el país.
Ley de Agentes Extranjeros
El Congreso de El Salvador aprobó, este martes, una Ley de Agentes Extranjeros propuesta por el presidente Nayib Bukele que incluye un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales.
Organizaciones como Human Rights Watch, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Transparencia Internacional han denunciado, anteriormente, que ese tipo de leyes son una herramienta para restringir la libertad de asociación y el trabajo de las ONG.
La legislación recuerda las normativas represivas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde leyes como la propuesta por Bukele han sido utilizadas para cerrar cientos de organizaciones y expulsar a cooperantes internacionales.
Represión a las protestas
En paralelo a estas acciones legales y judiciales, el gobierno ha intensificado su represión contra la protesta social. La semana pasada, familias campesinas de la comunidad El Bosque se manifestaron contra una serie de desalojos judiciales que, según denunciaban, buscaban favorecer a empresas constructoras con intereses en la zona.
Ante la protesta, la Policía Militar desplegó tropas para contener las manifestaciones, usando gases lacrimógenos y munición no letal contra los manifestantes. José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, dos de las cabezas del movimiento, fueron detenidos durante el operativo.
