Este es un extracto de la entrevista.

¿Qué lectura hace de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que los diputados levanten la inmunidad del presidente Chaves, a fin de que enfrente un caso por 15 presuntos delitos de beligerancia política, y de la duda que siembra el oficialismo?
Voy a estudiarlo, por supuesto. Aunque se dice que hay diputaciones y fracciones —incluida la mía— que actuamos por revanchismo político, en mi fracción no se hace nada por revanchismo, y esta diputada, mucho menos.
Me tomo con mucha seriedad mi trabajo, sobre todo en temas tan delicados, y por mi formación como abogada, por supuesto que debo analizarlo jurídicamente.
No coincido con quienes afirman que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene la potestad. Lo que dicen es que la Constitución Política no faculta al Tribunal, y mencionan específicamente el artículo 102, inciso 5.
Pero el mismo artículo 102 establece que el TSE tendrá las facultades que la Constitución y las leyes le confieren, y esta potestad que ejerce ahora el Tribunal se la confiere el Código Electoral, porque ahí está regulada.
Sin embargo, le soy sincera: no he estudiado aún las denuncias. Por supuesto que las analizaremos con la misma claridad con que trabajamos el levantamiento del fuero en el caso BCIE-Cariñitos, que al final no se aprobó.
La Asamblea Legislativa no determinará si el presidente cometió o no beligerancia política. Eso no está dentro de nuestras facultades.
El Tribunal Supremo de Elecciones simplemente señala que estas 15 denuncias ya superaron el trámite de admisibilidad. Si nosotros decidimos levantar el fuero, el Tribunal continuará con la investigación.
Pero no vamos a juzgar al presidente de la República, así como tampoco lo hicimos en el proceso anterior ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Como subjefa del PLN durante los últimos dos años, ha sido una de las voces más críticas de esta administración. A tres años y medio de gestión, ¿qué balance hace del gobierno de Rodrigo Chaves? ¿Cuáles considera sus principales errores?
Lo vería como un conjunto.
En primer lugar, hablar sin hacer. Eso es engañar a la población. Decirle a la gente que se hacen cosas cuando no es así.
También, cuando el presidente Chaves afirma que los demás no le permiten actuar, eso no es cierto.
Además de ese discurso falso, recurre a la confrontación y al odio, a la violencia y al insulto, en un país que enfrenta una ola de violencia nunca vista. Eso me parece altamente irresponsable.
Por otra parte, el presidente Chaves quiere destruir la institucionalidad del país: al Poder Judicial, a la Contraloría… porque no le sirven. Si hicieran lo que él quiere, entonces sí le parecerían bien.
¿Y los logros? Inaugurar un puente que venía de administraciones anteriores.
El 8 de mayo de 2022, fecha de su toma de poder, dijo en esta Asamblea Legislativa que "la excusa no sería parte de su discurso". Pero llevamos tres años y medio escuchándolo decir que no lo dejan hacer.
Ha quedado debiendo. Reitero: esos discursos me parecen peligrosísimos.

¿Peligrosísimos porque, en otros países, han conducido a regímenes autoritarios y populistas?
Por supuesto. Y más alarma causa cuando un diputado de gobierno dice, por ejemplo, en un control político, que "quien se oponga al gobierno será desterrado de este país".
No sé si toda la gente es consciente de lo que eso significa.
¿A dónde se ha desterrado personas últimamente? En Nicaragua y en Venezuela. Esto es realmente muy preocupante.

¿Qué herramientas tiene el Congreso para resguardar los valores democráticos, como la independencia y división de poderes, y la institucionalidad?
Dentro de nuestras facultades está el control político. Ejercerlo de manera responsable fortalece la democracia.
También las comisiones investigadoras. No he integrado ninguna, pero reconozco que han hecho un trabajo responsable, como las de Control de Ingreso y Gasto Público, o las que investigan el financiamiento y las irregularidades en la Caja.
Desde ahí las diputaciones podemos ejercer control político.
El proceso sobre el levantamiento del fuero presidencial —como lo dije en el Plenario ese día— fortaleció la democracia. Independientemente del resultado, que fue no levantar el fuero, lo respetamos absolutamente. Eso es fortalecer la democracia.

¿Hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos legislativos en los últimos meses de este periodo?
Hay temas muy importantes aún pendientes en la agenda legislativa, que espero queden finiquitados antes del 30 de abril, cuando termina nuestro mandato.
En materia de seguridad debemos seguir trabajando en proyectos de ley y reformas relevantes. Por ejemplo, la reforma sobre crimen organizado, de la diputada Priscila Vindas.
Yo he presentado también un proyecto sobre bienes decomisados y fortalecimiento de las policías del OIJ.
Pero quiero ser clara: la ley, por sí sola, no resolverá el problema de seguridad. Será una herramienta más, y debemos seguir fortaleciendo esas herramientas.
Los presupuestos son fundamentales. Nosotros debemos aprobarlos de manera responsable, con la esperanza de que el Ejecutivo los ejecute conforme lo aprueba la Asamblea. Este año aprobamos ¢19.000 millones para seguridad y solo transfirieron ¢3.000 millones.

El Poder Judicial ha solicitado insistentemente la aprobación del proyecto de Ejecución de la Pena. ¿Qué ocurrirá con ese expediente?
Ese proyecto es fundamental. Coincido con el Poder Judicial: es una deuda histórica del país.
De hecho, la Asamblea Legislativa ha sido condenada por la Sala Constitucional por no contar con una ley de ejecución de la pena.
Actualmente, una materia tan delicada está regulada solo por directrices y circulares del Ministerio de Justicia.
Esta ley marco regula todo lo relacionado con la ejecución de la pena, incluidas las medidas alternativas.
El proyecto se ha trabajado de manera responsable. Participamos en mesas de trabajo junto con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico —de la que formo parte—, el Poder Judicial y, en algún momento, el Poder Ejecutivo, con representantes de Adaptación Social y del Ministerio de Justicia.
Luego, el Ejecutivo decidió dejar de participar.
Posteriormente, presentaron un nuevo proyecto sobre cárceles, que es distinto, y además han intentado obstruir la ejecución de la pena.
Sin embargo, desde la Comisión seguimos abogando para que este proyecto avance. Hay una moción consensuada para hacer algunos ajustes, y espero que se apruebe pronto. Esta ley viene a regular absolutamente todo.

En su provincia, Guanacaste, ¿qué falta?
El proyecto Agua para Guanacaste, el plan Paacume. No vimos absolutamente nada.
La Asamblea anterior y el gobierno anterior lo dejaron aprobado y firmado. Son $425 millones y, en tres años y medio, no se ha avanzado nada.
El país pagó alrededor de $2 millones por no usar el dinero. Pagamos una penalidad por no ejecutar los fondos. Eso me parece inconcebible.
Hay una deuda con el sector agropecuario. Se destruyó el sector arrocero nacional y, con ello, nuestra seguridad alimentaria, con la promesa de que bajaría el precio, pero eso nunca ocurrió.
Sigue pendiente también la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en la que se gastaron millones de dólares en condiciones poco transparentes.
No puede ser que Guanacaste sea una de las provincias más prósperas y productivas, pero con índices de pobreza y pobreza extrema que no mejoran.

Han pasado menos de tres semanas desde que el TSE dio el banderazo de salida a la campaña electoral. ¿Cómo cataloga este arranque?
El ambiente está muy convulso. Siento mucha tensión, mucha violencia, y eso es preocupante.
Rescato el discurso de la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, quien hizo un llamado a respetar y a no violentar, y creo que eso es lo que debemos hacer.
Quizá a muchas generaciones, incluida la mía, se nos ha olvidado lo que ha costado Costa Rica. Literalmente, ha costado sangre.
Posiblemente usted y yo llegamos a un país ya hecho, con instituciones firmes como el Poder Judicial, la Asamblea, el Ejecutivo, la Caja, el Ministerio de Trabajo, el ICE…
Y hemos creído que eso surgió por generación espontánea, pero no. Fueron personas que trabajaron por ello, y no podemos perderlo.
Podemos no estar de acuerdo o querer que gane otra persona, pero eso no nos da derecho a atacar a quien gana ni a quien piensa distinto.
Me llama la atención que ahora se ataque al TSE, acusándolo de parcializado y de estar en contra del presidente y de su "continuidad".
¿Cómo pueden decir eso, si este mismo Tribunal fue el que declaró a Rodrigo Chaves presidente de la República, un candidato sin estructura en los centros de votación? Fue el TSE quien resguardó ese proceso.
¿Por qué ahora quieren confundir a la población?
Hace unos días leí algo que me quedó grabado: es normal perder una votación en una democracia; lo que no es normal es perder la democracia en una votación.
Hago un llamado a la ciudadanía para que sienta orgullo del TSE y de nuestro sistema electoral. Debemos defenderlo, porque es el pilar de nuestra democracia.

¿El continuismo del oficialismo pone en riesgo esa solidez democrática y la independencia de poderes?
Absolutamente.
No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando dicen que hay que cambiar todo y que la institucionalidad no sirve porque "estorba", por supuesto que eso es una afrenta al sistema democrático.
¿Por qué no quieren controles? Porque quieren acapararlo todo. Eso es peligrosísimo.

¿Cuál sería su mensaje final a la ciudadanía en esta coyuntura y de cara a las elecciones?
El 1.º de febrero de 2026 elegiremos a quien gobernará por los próximos cuatro años.
Esa es una decisión, un privilegio y también una gran responsabilidad.
Invito a todos a analizar su voto.
La democracia es invaluable, y debemos mantenerla ejerciendo el voto de manera responsable.
Conozcan a los candidatos, sus propuestas y la realidad de esas promesas, para que podamos seguir fortaleciendo nuestro país y nuestra democracia.

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