Así justificaba Monseñor Arrieta el proteger nombres de curas acusados de abuso

La práctica de trasladar de parroquia a los sacerdotes denunciados por supuesto abusos deshonestos o sexuales en contra de menores de edad, ha sido reprochada por algunos ciudadanos – desde hace varios años- e incluso se presentó un recurso de amparo en donde se solicitaban los nombres  de aquellos presbíteros sobre los que recayeran este tipo de quejas.

En 2002, los abogados Álvaro Sagot y Roy Rodríguez así como la psicóloga Floribeth Campos, intentaron que conocer los nombres de cada uno de ellos, con el fin de que los padres o madres de familia y ciudadanos de cada comunidad, conocieran quién era el sacerdote que estaba en su parroquia y si tenía antecedentes de comportamientos irregulares.

Pero el entonces Arzobispo de San José, Monseñor Román Arrieta (qdDg), les negó esos datos.

En ese documento, los recurrentes recalcaron que, "toda la comunidad nacional tiene el derecho de conocer los datos que les estamos pidiendo, a fin de que se tomen las medidas que a cada cual le interese, una vez que cada padre o madre, tenga claro a quien se tiene al frente, pues no podemos dejar de lado que los curas de cada cantón, ostentan un cargo de confianza y un papel muy cercano al de funcionarios y personajes públicos y esto, se quiera o no, para bien o para mal, los pone en posiciones de poder frente a comunidades enteras y por tanto, los obliga a mantener una vida pasada, presente y futura cristiana, donde todo debe ser de conocimiento popular".

Esta es la carta completa enviada en 2002:

La respuesta de monseñor no se hizo esperar, llegó en menos de un mes.

Ahí, daba las razones por las que no era posible dar ese tipo de información. Incluso, Álvaro Sagot, aseguró que pese a no haber tenido contacto con Arrieta, el religioso le envió saludos a su madre y a su abuela "Doña Chayito", a quien describió como una "cristiana ejemplar".

En el documento, el Arzobispo utilizó un versículo de La Biblia para explicar que la identidad de los presuntos curas abusadores debía mantenerse a total discreción, porque "Si tu hermano comete un pecado, ve y corrígelo a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano para Dios".

Este es un extractado de aquella respuesta:

Dar nombres de personas, sacerdotes o laicos, que aún no han sido condenados por los Tribunales de este mundo, podría llevarme a cometer una terrible injusticia y calumnia  contra ellos, si luego, como tantas veces ha sucedido, son declarados inocentes. Ya les habría quitado yo la fama para siempre delante de Costa Rica, delante del mundo entero.

Mi apreciado Álvaro, hay  unos 837 sacerdotes en Costa Rica. Si supiéramos que unos 10 hubieran cometido tan horrible, tan despreciable delito como el del pederasta, con todo dolor que ello nos causa, pero ¿vamos a olvidar que 827, nada menos, se esfuerzan por vivir correctamente y consagrar su ministerio al servicio de sus hermanos? ¿No crees que eso es una terrible injusticia, una tremenda ingratitud sólo para seguir el dicho de los antiguos latinos: AB UNO DICI OMNES. Por uno se dicen todos?"

El recurso de amparo

Ante tal negativa, Sagot presentó un recurso de amparo que poco después fue rechazado. El abogado denunció una supuesta complicidad entre los líderes de la Iglesia Católica y los magistrados de  aquel momento.

Sagot dijo que por un asunto de peligrosidad o preventivo, era necesario haber dado esa información; incluso, hoy sigue siendo una necesidad.

En los últimos 10 años, la diócesis de San José y Alajuela, suman un total de 23 denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores de edad.

Uno de ellos, el de Mauricio Víquez Lizano, quien fue expulsado de por vida del estado clerical.