Así favoreció Aduanas a empresa de Juan Carlos Bolaños

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) concluyó tres investigaciones realizadas con el caso del cemento chino, donde se vieron involucradas personas que, en ese momento tenían cargos públicos.

Hubo un departamento clave en el cementazo, específicamente la Dirección General de Aduanas (DGA) donde se realizaron cambios, con tal de favorecer el desembarque de 20 mil toneladas de producto de la empresa Sinocem Costa Rica S.A. -liderada por Juan Carlos Bolaños-, pese a la ausencia de algunos requisitos.

Una funcionaria del Departamento de Asesoría de la Dirección Normativa, fue testigo de todo lo que sucedió. Ella enumeró algunas situaciones que se realizaron en la DGA para favorecer al polémico importador.

Una de las cosas que indicó es que a Bolaños se le extendió el plazo para poder presentar la norma técnica. La empresa Sinocem S.A, no contaba con las normas 0369 y 0370, incluso, presentaron un recurso de revisión donde pretendían dejarlas sin efecto, hecho que sucedió el 6 de julio de 2016. Esto llevó a una empleada de Sinocem a solicitar una audiencia, la cual se llevó a cabo el 15 de ese mes, y en la que también participó Bolaños. 

"Resulta de interés mencionar que, en el expediente DN-201-2015 arriba referido, quedó constatado que, el 21 de julio del 2016, el agente aduanero a cargo del trámite de importación de la empresa Sinocem Costa Rica S.A. le remitió un correo electrónico a un empleado de la citada empresa, que advertía sobre la alerta que reportaba el sistema TICA del requisito de aplicación de las normas técnicas 0369 y 0370 de ECA, en el trámite de importación que se encontraba gestionando de un cargamento de cemento de 20 mil toneladas de cemento que arribarían la semana siguiente", indica el informe de la PEP.

Fue esto lo que llevó al exdiputado Víctor Morales, a presionar al exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y este a Benito Coghi, entonces director de Aduanas, para que agilizaran el trámite en favor de Bolaños.

Incluso, la misma empresa envió el 26 de julio de 2016, dos documentos a la Dirección Normativa, solicitando una pronta resolución sobre el tema de las normas técnicas, pero esa gestión fue rechazada el 27.  La resolución quedó en manos de Coghi, pero fue realizada, revisada y aprobada por otros funcionarios a cargo. Uno de ellos manifestó a la PEP que no hubo presiones por emitir los criterios de fondo sobre la resolución que debía presentarse.

Ese 27 de julio, cuando se informó -pero no notificó aún- a Sinocem sobre el rechazo, se realizó una reunión clave en el despacho de Morales Zapata, donde participaron Rodríguez, Coghi y Welmer Ramos, entonces Ministro de Economía.

"Antes de ese momento, yo desconocía el tema de fondo a tratar en la reunión. La preocupación principal versó de parte de Víctor Morales Zapata sobre por qué al cemento chino se le estaba limitando en la Aduana de Caldera el ingreso a Costa Rica, se me solicita por parte de los jerarcas ahí presentes que analice el caso y que se busquen las formas de agilizar el ingreso de ese cemento", dijo Coghi, declaración registrada en el expediente legislativo 20.461.

Al día siguiente, Coghi, realizó una reunión con máximas jefaturas directivas y técnicas de la DGA, donde participó Bolaños, personal de su empresa y su agente aduanero, en las oficinas de la Dirección General de Aduanas.

Ese encuentro tuvo como único propósito atender la solicitud particular del empresario y buscarle opciones de solución a la problemática que enfrentaba la empresa por no contar con el certificado de calidad del producto requerido para acreditar el cumplimiento de las normas técnicas, según detallaron.

Allí, el empresario solicitó soluciones. "Entonces, don Benito dice: A ver compañeros, hagamos una lluvia de ideas. ¿Cuál es la solución desde el punto operativo y legal que le podemos dar a la empresa?".

Fue entonces cuando Coghi pidió criterio sobre la figura del despacho domiciliario comercial para aplicarlo, pero los funcionarios lo rechazaron, al indicar que el trámite tardaría mes y medio. Luego, solicitó opinión sobre la figura de habilitación de zona primaria aduanera, pero también implicaba un plazo extenso y no corto, tal cual lo necesitaba Bolaños.

Horas después, exactamente el 28 de julio a las 2:07 p.m., Sinocem presentó la "Solicitud de Despacho Domiciliario Temporal", sin embargo, la solicitud fue mal planteada, por lo tanto, Coghi pidió el número de teléfono celular de Bolaños a Rodríguez, con tal de localizarlo de forma urgente.

La PEP especifica que, una segunda solicitud por parte de Sinocem, se presentó el viernes 29 de julio a las 6:33 p.m. solicitando la "habilitación de instalaciones como zona primaria", donde pedían entonces, la aplicación de esa figura aduanera. Justo, las dos figuras que había planteado el jerarca en la reunión.

Finalmente, Coghi procedió a resolver el pedido de la empresa importadora y autorizó mediante una orden directa la habilitación temporal de la zona primaria y su ubicación temporal, para el almacenaje temporal en bodegas privadas.

Fue así como Coghi envió la comunicación de dicha decisión el sábado 30 de julio a las 10:21 a.m. donde informó que Sinocem cumplió con los requisitos de nacionalización, aduaneros y no aduaneros y por un período de un mes, prorrogable a otro mes, evaluadas las condiciones del caso.

"Buen día. Ya instruido, coordinado y resuelto, con dos soluciones aduaneramente para resolver el caso de Sinocem. Tanto para embarque como para futuros", manifestó vía mensaje de WhatsApp el Director de Aduanas al exviceministro Rodríguez.

El producto se autorizó almacenar en las bodegas F7 y F8 del parque industrial solárium así como en las bodegas del importador Sinocem ubicadas en Guachipelín de Escazú, entre el 1 de agosto y 1 de setiembre de 2016.

Todo fue posible pese a que la empresa no cumplió con la presentación de certificado de calidad y normas técnicas, según logró comprobar la Procuraduría. Aunque, agregan que estos documentos los obtuvieron hasta el 7 de octubre, momento en que a la vez, cancelaron los impuestos correspondientes a la importación.

Gravísimo

La funcionaria entrevistada por la PEP, al ser consultada sobre los riesgos generados por la decisión adoptada por Benito Coghi, los catalogó como gravísimos.

"Gravísimos, porque había cero control. La Administración Aduanera no conocía las condiciones en que se encontraba la mercancía. No había un funcionario aduanero en custodia de la mercancía, ni tampoco la empresa garantizó por medio de cámaras o videos, o de alguna manera que se estaba resguardando como correspondía", manifestó.

"Era una mercancía que se encontraba aún bajo control aduanero", agregó.

"¿Los riesgos aduaneros que menciona eran propios de la aplicación de la figura de la habilitación temporal o en razón de la falta de controles por parte de las Aduanas respectivas?", consultó la Procuraduría a la funcionaria.

"Yo creo que faltó control por parte de las aduanas. A mi criterio la figura sí se podía aplicar legalmente, pero no de la forma en que se hizo. Don Benito autorizó la aplicación de la figura de manera intempestiva sin considerar, en primer lugar, el criterio técnico de la Dirección de Gestión Ténica y de la Dirección Normativa, pero además, no dio tiempo a las Aduanas para coordinar cuál podía ser la mejor manera de garantizar el control aduanero en la parte operativa", respondió.

En tanto, se concluye que la decisión tomada puso en riesgo el control aduanero y además buscó evitar pérdidas millonarias a Juan Carlos Bolaños.

Coghi fue despedido sin responsabilidad patronal por parte del Ministerio de Hacienda, decisión que fue trasladada el 23 de marzo de 2018 al Tribunal del Servicio Civil, donde se ratificó la decisión, pues el funcionario incurrió en una conducta contraria al principio de legalidad y violatoria del deber de probidad.