Así estalló el cementazo en el Banco Popular

Obviaron cumplir con el protocolo de análisis de la solicitud de crédito. No vigilaron que hubiera garantías. No vigilaron el plan de inversión y no analizaron la capacidad de pago de Juan Carlos Bolaños.

Así detalló la Fiscal General, Emilia Navas, las razones del porqué se detuvieron a 4 funcionarios del Banco Popular y 2 empleados de la empresa Sinocem.

Según el Ministerio Público, el 26 de abril del 2017 el Banco Popular aprobó una operación de refinanciamiento por un monto aproximado a los $5 millones, por el plazo de 15 años.

Pero se giró el dinero "al margen de las alertas que debieron haber impedido un segundo giro de dinero", pues el empresario estaba en mora con el préstamo millonario del 2015.

La mañana del miércoles, el Ministerio Público ejecutó 11 operativos vinculados al caso del cementazo, pero esta vez por un crédito de ¢2.500 millones ($5 millones) otorgados al empresario Juan Carlos Bolaños.

"Es un otorgamiento irregular a la empresa JCB por parte del Banco Popular por $5 millones, en donde el banco autoriza la línea de crédito en el 2015 sin hacer análisis de la capacidad de pago", comentó Navas.

Las autoridades giraron órdenes de captura contra:

• Ejecutivo de negocios de banca institucional del Banco Popular de apellidos Gómez Barrantes
• Analista de crédito de apellido Bogantes Brenes
• Ejecutivo de banca empresarial Alpízar Hidalgo
• Jefe de Banca Institucional Corporativa de apellido Delgado Negrini
• Hombre de apellido Rojas Segura quien figuró como gerente de Sinocem, empresa de Bolaños
• Hombre de apellidos Cortés Zúñiga representante legal de Sinocem

A los trabajadores de Sinocem también se les atribuye el delito de peculado por medio de un instrumento legal, que se llama comunicabilidad de circunstancias.

Según explicó la Fiscal Navas, significa que la condición de funcionario público se traslada a quienes no lo son, porque cuando están cometiendo el aparente delito están actuando con funcionarios públicos.

Aviso desde abril del 2017

El 25 de abril del 2017, CRHoy.com dio a conocer que en el Ministerio Público se denunció un crédito del Popular y no solo se tramitaba una investigación por el préstamo de $30 millones que el Banco de Costa Rica destinó para la importación de cemento chino.

Por este caso descuentan prisión preventiva el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños; Mario Barrenechea, gerente general suspendido del BCR, Andrés Víquez y Leonardo Acuña, subgerentes de la entidad bancaria.

En el caso del Popular se indicó que el plazo de la gestión se venció y como el cliente no pagó, el Banco se apresuraba a rematar la garantía para recuperar el dinero prestado. Sin embargo la propiedad estaba valorada en $2.5 millones, es decir, la mitad de lo prestado.

La denuncia señalaba irregularidades como:

• Que el crédito de ¢2.750 millones se dio con el fin de importar cemento chino, pero se usó para otros fines.
• Que se recibió como garantía una propiedad que solo cubre la mitad del dinero prestado.
• Que el Banco giró la totalidad del dinero sin confirmar si se estaba importando el cemento.
• Que el cliente no pagó el préstamo y por eso el Banco procedió a hacer un remate el 29 de marzo del 2017, pero que nadie adquirió la propiedad ya que no vale los ¢2.750 millones que la entidad busca recuperar.

Cemento desde el banco

Uno de los detenidos, Gómez Barrantes, fue investigado porla auditoría interna del banco, pues tuvo participación directa en el otorgamiento del crédito y al mismo tiempo figuraba como presidente de la empresa Grupo Akamsa S.A. que ofrecía y cotizaba cemento chino en internet.

Según constató este medio, el contacto para solicitar facturas proforma es precisamente el número telefónico que pertenecía y era pagado por el Banco Popular para que Gómez realice labores propias de la entidad.