Aseguradoras privadas rechazan plan que encarecería pólizas

La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) manifestó su profunda preocupación por un proyecto de ley impulsado por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), que pretende financiar el mantenimiento de las redes de monitoreo de emergencias mediante un nuevo impuesto del 0,6 % sobre las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines (terremoto, inundación, deslizamiento, etc.).

Según indicó en un comunicado, esta medida representaría un costo adicional de aproximadamente ¢3.100 millones anuales, que recaería directamente sobre las personas y empresas aseguradas, encareciendo el acceso a la protección de la vida, la salud y el patrimonio.

Esta cifra se incrementaría anualmente al ritmo del crecimiento del mercado de seguros, sin ningún tope.

La AAP advirtió que la propuesta tendría los siguientes impactos en los consumidores:

• Los costarricenses que buscan adquirir una vivienda mediante crédito enfrentarían incrementos en las cuotas, debido al aumento de los seguros de incendio y vida asociados al crédito, encareciendo el acceso a este tipo de préstamos.
• Las empresas que contratan seguros de salud colectivos para sus colaboradores, así como las personas con pólizas de salud individual, experimentarían un aumento en las primas, restringiendo el acceso a estos seguros y trasladando presión al ya saturado sistema de salud pública. Esto aumentaría las listas de espera y afectaría el acceso oportuno a servicios médicos.

"Por técnica de seguros, cualquier carga o gasto en seguros se traslada a la tarifa que paga el consumidor, quien hace un esfuerzo económico para protegerse de los riesgos. Es incomprensible que este sector, que previene sus riesgos, sea castigado teniendo que asumir el financiamiento directo del gasto de entidades públicas que, además, no están relacionadas ni tienen vinculación con sus seguros. Entendemos la necesidad de estas instituciones, que tuvieron cinco años para buscar fuentes de ingresos; sin embargo, no es justo que su financiamiento recaiga en las personas aseguradas", sostuvo la AAP.

La organización subrayó que el seguro no es un lujo, sino una herramienta crítica para fortalecer la resiliencia de las personas, las empresas y el país ante eventos inesperados, como desastres naturales, enfermedades o pérdidas patrimoniales. Además, permite evitar que situaciones de crisis deriven en tragedias financieras personales o en mayores cargas para el Estado.

"Limitar el acceso al seguro incrementando su costo, como lo haría este proyecto, es minar la capacidad de recuperación de la sociedad ante emergencias y crisis, justo en momentos en que el cambio climático y la incertidumbre global hacen más importante que nunca fortalecer estos mecanismos de protección", subrayó la AAP.

La asociación recordó que los seguros en Costa Rica ya están sujetos a múltiples cargas fiscales y regulatorias, entre ellas:

• Contribución del 4 % al Cuerpo de Bomberos.
• Contribución del 0,5 % al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
• 5,5 % sobre remesas al exterior por concepto de reaseguro.
• Diferencial del IVA del 11 % en los seguros de salud, vida y accidentes.
• Impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Destacó que añadir un nuevo impuesto representa una amenaza directa a la accesibilidad, asequibilidad y crecimiento del mercado asegurador.

"Desde la AAP se hace un llamado vehemente a los diputados de la República a reconsiderar el proyecto de ley 24.738, evaluando con responsabilidad su impacto negativo sobre la economía, la estabilidad financiera de las familias y la resiliencia social y económica del país", concluyó.