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Asamblea busca a exdiputada Ivonne Acuña para que devuelva ¢3.2 millones de combustible

Por Bharley Quiros | 6 de Ago. 2024 | 4:21 pm

Exdiputada Ivonne Acuña.

La directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, confirmó este martes que el Congreso busca notificar a la exdiputada Ivonne Acuña Cabrera para iniciar un proceso de cobro administrativo y poder recuperar ¢3.2 millones luego que ella utilizó el saldo acumulado de este beneficio para abrir una cuenta a su favor en una gasolinera en Escazú.

El Congreso publicó en el diario oficial La Gaceta este 5 de agosto una notificación a la exdiputada, porque la administración del Congreso no sabe la ubicación actual de Acuña.

"Si ella no se presenta en esos 15 días, aproximadamente en 20 días hábiles, la asesoría legal nuestra debería hacer la comunicación al abogado del Estado, que es la Procuraduría", expresó Granados a declaraciones a Noticias Monumental.

La exdiputada había abandonado sus labores como legisladora y salió del país desde el 11 de diciembre del 2022, al parecer hacia los Estados Unidos, donde -según ha conocido este medio- radica actualmente.

Crhoy.com trató de comunicarse con Acuña por medio de un mensaje de WhatsApp, pero no hubo respuesta.

Granados explicó que si en un plazo de 15 días, Acuña no responde, el cobro pasará a la vía judicial.

Dice la notificación:

En caso de no prosperar la presente acción de recuperación en la vía administrativa, facultados por el artículo 210 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, se procederá a emitir el titulo ejecutivo correspondiente, para gestionar el respectivo cobro en la vía judicial mediante la Procuraduría General de la República como abogado del Estado.

La notificación completa la puede leer aquí: NOTIFICACIONES

¿Qué ocurrió?

Acuña presentó el 24 de enero del 2023, un recurso de revocatoria al cobro que le notificó la administración de la Asamblea vía correo electrónico en ese mismo año.

En el recurso, la exdiputada, que llegó al plenario por medio del partido cristiano Restauración Nacional en el 2018, alega que ella podía usar la gasolina "para asuntos ajenos a sus funciones sin que ello constituya un delito", y justifica esta posición basándose en dos resoluciones de la Sala III, que hablan sobre la discrecionalidad de este beneficio.

El 30 de noviembre del 2021, Acuña empleó un saldo acumulado de ¢3.251.632 en la tarjeta de combustible que reciben todos los legisladores, para abrir una cuenta prepagada en la bomba Fill-N-Go, ubicada en San Rafael de Escazú.

En marzo del 2022, el administrador de este centro de servicio, Juan Carlos Alvarado Montalto, le dijo al diario La Nación, que la gasolina comprada por la legisladora se va despachando conforme las personas autorizadas por ella van consumiéndola.

"Ella (Acuña) puede autorizar a quien quiera por ese monto a favor que dejó", explicó en aquel momento Alvarado.

El hecho generó indignación en la población y en el Congreso, y llevó a que la administración de la Asamblea Legislativa eliminara la posibilidad de acumular saldos de combustibles no usados cada mes.

Los diputados reciben en una tarjeta de débito personalizada del Banco de Costa Rica, el dinero equivalente a 500 litros de gasolina súper.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha advertido que este dinero es una "ayuda técnica" para la labor legislativa.

Cabe señalar que Acuña salió del país el 11 de diciembre del 2021 a Estados Unidos, donde se presume sigue viviendo al día de hoy.

Además de los recursos públicos del combustible, Acuña le cobró al Congreso ¢2.912.869 correspondientes el pago de dietas y gastos de representación, luego que la legisladora abandonó sus labores en el Congreso.

Apelación

Acuña sí devolvió los ¢2.912.869, de dietas, pero tras recibir una notificación para el saldo pendiente de los ¢3.2 millones por el combustible, su respuesta ahora es apelar que ella podía disponer de esos recursos como a bien lo quisiera.

En la nota de respuesta de la cual crhoy.com tiene una copia, Acuña se respalda en dos resoluciones de la Sala III para alegar que el beneficio de los 500 litros de combustible son discrecionales, es decir, que el diputado puedo disponer de ellos como guste.

A esto hay que agregar la muy leve y casi inexistentes mecanismos de control que tiene la Asamblea para asegurar que esos recursos sean utilizados únicamente para el apoyo técnico de los legisladores en sus giras o movilidad personal, y no para llenarle el carro de gasolina, a familiares, amigos o parejas.

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