Arranca juicio civil contra arzobispo de Costa Rica por supuesto encubrimiento de abusos a menores
Víctima reclama indemnización de ¢100 millones a José Rafael Quirós, así como a la Conferencia Episcopal y Temporalidades de la Iglesia
(CRHoy.com) El juicio civil contra la iglesia católica costarricense y el arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, por el presunto encubrimiento de agresiones sexuales contra menores de edad que en apariencia perpetró el excura Mauricio Víquez Lizano, arrancó la mañana de este viernes.
La audiencia complementaria se realiza en la sala 301 del Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil de San José, en la nueva Torre Judicial.
El proceso se sigue contra el líder religioso, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) y Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, a los que un hombre de apellidos Muñoz Quirós reclama el pago solidario de ¢100 millones por daños morales.
"Finalmente el día de hoy vamos a iniciar el primero de los tres juicios civiles en contra de la iglesia católica en la figura de sus dos sociedades de tipo jurídico y la figura de monseñor Quirós Quirós como jefe directo e inmediato de todos los curas en el país. Sin duda alguna este es un juicio inédito, de muchachos que fueron abusados criminalmente por el sacerdote Víquez Lizano. Nunca tuvieron la oportunidad de que la iglesia católica les diera el apoyo, el respaldo y que la iglesia católica pudiera evitar ese tipo de actos y que esta violencia sexual pudiera seguirse diseminando en la República de Costa Rica", afirmó a su ingreso el abogado de la víctima, Rodolfo Alvarado Moreno.
Su contraparte, el abogado del arzobispo, José Rafael Fernández Quesada, indicó ante consulta de CRHoy.com: "La defensa se ha argumentado desde dos puntos de vista: la primera y más importante es que los hechos están prescritos, desde hace más de 10 años; segundo, yo puedo hablar de don monseñor como mi representado, no existe absolutamente ninguna responsabilidad sobre hechos que ocurrieron en aquel momento".
El debate se desarrolla sin la presencia de la prensa, por resolución del Tribunal en virtud de la oposición de las partes demandadas, así como por las limitantes de aforo de la sala en el marco de las restricciones impuestas por el estado de emergencia nacional por el COVID-19.
