Este es un extracto de la conversación que tuvo el frenteamplista con Diputómetro de CR Hoy Pro.

¿Cuál es la decisión o actuación del Gobierno de Laura Fernández que más le preocupa como diputado de oposición y por qué?

La amenaza a la democracia y los recortes al Poder Judicial. Esto es un síntoma de algo mucho más grande.

El Presupuesto Nacional de 2027 que presentó el Poder Ejecutivo es la ley más importante que pueda haber en un país, porque la Ley de Presupuesto es donde se pasa el discurso, las promesas y la narrativa a la realidad. Es donde, en lenguaje popular, el Gobierno dice dónde queremos poner el huevo, dónde vamos a invertir los esfuerzos del país y cuáles son las promesas que sí vamos a financiar.

Lo que veo es que hay un recorte tanto a la prevención de seguridad como a la atención de la inseguridad.

Lo más grave son los recortes que el Ministerio de Hacienda está exigiendo al OIJ. No es en general al Poder Judicial, sino, específicamente, más de ¢5.000 millones que quiere recortarle al OIJ, que es el que arresta a los delincuentes.
¿Por qué ensañarse contra la policía más importante, la policía judicial que tiene el país?

Hay recortes también al Ministerio de Seguridad Pública.

Viene un recorte del 1,9 % al Ministerio de Justicia, que es el que administra las cárceles del país.

Mi mayor preocupación hoy es que las amenazas contra la democracia se están viendo reflejadas en un desfinanciamiento de la lucha contra la inseguridad, la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Eso, el presupuesto, habla por sí solo.

Esos recortes son demasiado graves para pasarlos por alto.

Estas medidas que están impulsando, particularmente desde el Ministerio de Hacienda, atentan contra la paz social en Costa Rica. No son positivas y no debemos permitirlas como costarricenses.

¿El Gobierno está intentando debilitar la independencia del Poder Judicial?

Sí. No es algo abstracto.

No es que estén intentando debilitar la independencia del Poder Judicial. Es que quieren nombrar magistrados propios.

La elección de los magistrados suplentes lleva más de un año de retraso aquí, en la Asamblea Legislativa, porque el partido de Gobierno dice: «No queremos que el Poder Judicial nos recomiende nadie con criterios técnicos; queremos escogerlos nosotros».

Han presentado proyectos de ley y se están negando a actualizar a los magistrados suplentes con ese argumento, porque ellos quieren nombrar a sus magistrados.

Es evidente y ellos mismos han hecho expreso un interés de controlar el Poder Judicial, y no controlarlo a favor del pueblo, sino a favor del interés político del partido de Gobierno, de los intereses de los grupos que controlan el Poder Ejecutivo, y eso no es positivo.

Costa Rica atraviesa una crisis de violencia y homicidios. ¿Qué está haciendo mal la administración de Laura Fernández en materia de seguridad y qué haría diferente el Frente Amplio?

El pasado agosto fue uno de los meses con más homicidios en la historia de Costa Rica.

Al terminar ese mes, el Poder Ejecutivo presentó un Presupuesto para 2027 que recorta los fondos de educación, cultura, seguridad, combate a la criminalidad, investigación judicial y al enjuiciamiento y encarcelamiento de delincuentes.

Creo que los hechos hablan por sí solos.

La ola de delincuencia que estamos viviendo desde 2022, cuando asumió Rodrigo Chaves la Presidencia, evidencia que no se están tomando las medidas correctas ni para prevenir ni para atender la criminalidad.

Tenemos mil sucesos que lo evidencian: mover la Policía de Guardacostas de la costa a un lugar donde no tienen acceso al mar. El desfinanciamiento de las fronteras, tanto en materia de policía como en materia aduanera.

En la última reforma presupuestaria que vimos de 2026, el Gobierno impuso un recorte de 14 plazas profesionales que ven el tema del contrabando en las fronteras y eso redunda en más importaciones ilegales.

Además, esto viene acompañado de un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo y que busca subir la cantidad de contrabando que se requiere para caer en el delito, es decir, creando un margen de impunidad.

Entonces, al hacer algunas conductas no punibles, dicen que hay menos contrabando. Eso no es positivo. Eso es una burla a las funciones del Estado y eso es lo que hemos señalado.

Nos parece que los hechos hablan por sí solos.

No hay ninguna narrativa, ningún discurso, ningún gasto en publicidad que pueda hacer el Gobierno que desmienta las muertes que están sufriendo muchísimas familias costarricenses.

En el caso de Crucitas, el Gobierno plantea la minería como una posible respuesta al problema del oro ilegal. El Frente Amplio se opone a esa salida. ¿Cuál es la alternativa concreta que propone su partido para resolver lo que está ocurriendo en Crucitas?

La respuesta a un problema no puede ser potenciar ni legalizar el problema.

Eso es absurdo.

El fenómeno de la minería ilegal no se resuelve legalizando la minería, porque también va a seguir ocurriendo la minería ilegal.

Máxime cuando la propuesta del Gobierno dice: «No podemos garantizar la seguridad, entonces entreguémoselo a otro».

¿Y qué va a pasar con los demás espacios de la venta de oro gigantesca que tiene Costa Rica en la zona norte que no estén concesionados? ¿También van a tener que concesionarlos porque van a llegar coligalleros?

¿Entonces la solución a la minería es más minería? ¿Y quién va a pagar la contaminación del agua potable?

El único instituto en Costa Rica, la única institución que está haciendo trabajos reales para atender el problema de contaminación de mantos acuíferos por la minería es la Universidad Nacional y el Poder Ejecutivo quiere recortarle cerca del 30 % de los recursos.

Usted ha sido muy crítico del proyecto de reforma a la Ley de Radio y Televisión que acaba de aprobar la Asamblea. ¿Cuál es el principal problema que encuentra en la iniciativa?

Luces y sombras. No es terriblemente mala. Tiene unos problemas muy graves.

El mayor problema es el cálculo del canon. El canon es lo que los operadores de la frecuencia deben pagar por utilizar esa frecuencia.

Esa es la razón de ser del proyecto y es muy valioso que se actualice el monto porque desde 1954 —imagínese, hace casi 70 años— no se actualiza el monto.

El medio de comunicación más grande en el país paga cerca de ¢120.000 al año por utilizar esa frecuencia, que es una frecuencia pública, que le pertenece al Estado costarricense y a la sociedad.

El problema está en cómo cobrarlo.

Lo que propone el Poder Ejecutivo es que se debe cobrar sobre los ingresos brutos en publicidad por la explotación de la frecuencia que tenga el medio.

Eso genera, en mi parecer, problemas.

El primer problema es práctico. ¿Qué se entiende por el pago de pauta? Es sencillo cuando uno piensa simplemente en radio, en esos espacios pagados de 30 segundos que cuestan como ¢40.000 en una radio en general.

Pero la realidad comercial hoy es que un medio de comunicación no solo vende la publicidad en un espacio de comunicación. Hace también publirreportajes y otras actividades publicitarias.

Se venden paquetes de publicidad que pueden incluir un poco de televisión, unos cuantos segmentos en radio, unos cuantos segmentos en web, otros segmentos en un evento de lanzamiento de marca, etcétera.

Hay muchas actividades comerciales relacionadas con el uso de la frecuencia que el proyecto de ley no aclara si las van o no las van a tasar dentro de ese canon.

El segundo problema grande que veo en el proyecto es la proporcionalidad.

El pago no es proporcional para medios pequeños y grandes, es igual para todos.

La proporcionalidad de la que habla el Poder Ejecutivo es entre comillas y a medias.

El tercer problema grande que tiene este proyecto es que no diferencia entre radios enteramente comerciales de las que tienen un fin más social.

Pensemos en radios comunitarias, culturales y educativas. Van a tener que pagar el mismo canon que lo que utilizaría un medio enteramente comercial.

Tampoco hay criterios de territorialidad. No es lo mismo ser radio cantonal en San José que en Talamanca o en San Carlos.

Solo calcular el canon con ingresos brutos no calcula el costo de operación, que es muy diferente en cada medio, y no atiende a la realidad de los medios comunitarios.

Usted ha advertido sobre posibles efectos para medios pequeños. ¿Existe el riesgo de que esta ley termine provocando el cierre de medios o una mayor concentración de la propiedad de radio y televisión?

Es curioso que algunos de los medios más grandes se han opuesto a esta propuesta, pero va a afectar también a medios pequeños.

Me llama la atención que los medios más afines al Poder Ejecutivo, los que reciben pauta comercial, están a favor.
Parece que hay un beneficio implícito, por lo menos, de que los medios que hablen bien del Gobierno se vayan a tratar mejor. Eso no me parece nada positivo en una democracia.

En medio de esta coyuntura por la cual el país está atravesando y en el mes de la conmemoración de los 205 años de la Independencia, ¿cuál es su mensaje como diputado a los costarricenses?

La patria hay que defenderla.
Hay que defenderla con ideas, con orgullo, patriotismo, con pasión.

Pero también con razón. La pasión desmedida, el patriotismo desmedido e irracional, que nos puede convertir simplemente en aplaudidores de los poderes políticos, no es saludable.

A veces hay que cuestionar, leer, preguntar y contrastar. Es fundamental en una democracia.

Lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa sí implica muchas discusiones, mucho pleito, pero también hemos logrado acuerdos y, cuando logramos acuerdos, las cosas salen mucho mejor.

Así que espero que la ciudadanía empuje a esos acuerdos.

Nos exija a nosotros, los representantes públicos, que logremos los acuerdos necesarios para que el país avance.
Esta ola de confrontación, no solo en las calles, no solo entre las bandas criminales, sino entre el Poder Ejecutivo y sus enemigos, no le hace nada bien a nadie, solo al crimen organizado.

Así que construyamos más diálogo, más razón.

Bajemos los ánimos y las amenazas contra las personas y creemos patria.

Creo que este septiembre nos tiene que recordar eso en nuestras mentes y nuestros corazones.

Construir patria es eso: es diálogo, es justicia, es paz y es decirle no a la violencia.

Así logramos la independencia, sin violencia.