Antes de irse del MEP, Müller salvó de sanción a exjefa de Recursos Tecnológicos

Una de las últimas decisiones que tomó Anna Katharina Müller como ministra de Educación fue ordenar el archivo de la investigación administrativa que se seguía contra la exdirectora de Recursos Tecnológicos (DRTE), Fressy Aguilar Chinchilla, por presuntas faltas en el ejercicio de las funciones.

Müller dejó el cargo el 31 de enero y ese mismo día, a las 9:00 a.m. firmó la resolución 216-2025, con el cual libró de toda responsabilidad a Aguilar de los señalamientos que hicieron varios funcionarios, quienes en total presentaron 29 quejas en su contra en el despacho de la jerarca.

La exministra tomó la batuta de la investigación el año pasado y se abrió el proceso disciplinario contra la entonces funcionaria que se tramitó bajo expediente OD-001-2024, pero desde el mes de julio tuvo una serie de retrasos que provocaron aplazar audiencias programadas, hasta que Aguilar tramitó su jubilación y logró retirarse el pasado mes de enero sin ser sancionada.

"Ordenar el archivo del presente procedimiento administrativo disciplinario seguido contra la señora Fressy Aguilar Chinchilla, por presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones como directora de Recursos Tecnológicos (DRTE) siendo que la investigación preliminar que fundamenta el presente procedimiento carece de los elementos necesarios que permitan hacer una adecuada imputación e intimación", dice el documento firmado por Müller.

Precisamente el hecho de que Aguilar se acogiera a su jubilación fue tomado por Müller como la segunda razón para culminar el caso, pese a que estuvo en su despacho por casi un año.

"Ordenar el archivo del presente procedimiento administrativo disciplinario seguido contra la señora Fressy Aguilar Chinchilla por carecer de interés actual al haber sido cesada en sus funciones por jubilación.

(…) Aguilar Chinchilla ya no es funcionaria activa del ministerio de Educación Pública, al haber sido cesada por jubilación. En esta condición ha finalizado su relación de servicio con la administración pública, de conformidad con el régimen estatutario, motivo por el cual, no existe ni legitimación, ni interés actual para continuar con el presente procedimiento administrativo", determinó la ministra.

Ministra tuvo el caso desde marzo 2024

La resolución confirma que el caso estuvo en el despacho de la ministra desde el 11 de marzo del 2024, fecha en que ella dispuso integrar un órgano director del procedimiento para investigar las supuestas presuntas faltas de Aguilar como directora de la DRTE, mismas que fueron analizadas previamente en una investigación realizada por el Departamento de Gestión Disciplinaria de la Dirección de Gestión del Talento Humano, desde donde se remitió el expediente para que se abriera la causa disciplinaria.

Mediante resolución número OD-001-2024, el 18 de abril de ese mismo año, el órgano director ordenó la apertura del procedimiento administrativo
disciplinario contra la directora de la DRTE, pero fue hasta el 23 de agosto que se resolvió en el despacho de Müller acoger varios incidentes de nulidad y recusación que presentó la defensa legal de Aguilar.

Posteriormente, el 31 de octubre del 2024, ese mismo cuerpo investigador liderado emitió un informe con recomendaciones al despacho de la ministra, donde se le recomienda ordenar el archivo del procedimiento por omisiones detectadas en la investigación preliminar.

Crhoy conoció que la única persona que salvó el voto fue Marcela Chaves Pérez, quien presidía el órgano director.

Ese órgano argumentó que no se reunían "elementos claros, ordenados y congruentes necesarios para elaborar un traslado de cargos conforme a legalidad y al principio de intimación e imputación de cargos".

"Esta situación es corroborada por el despacho de la ministra de Educación Pública, una vez analizado el expediente y la recomendación del órgano por lo que procede a acogerla", dice la resolución.

Mientras esto sucedía Aguilar estuvo tramitando su pensión y fue el 13 de enero del 2025, mediante acción de personal número 202501-MP-023464 de la dirección de Gestión del Talento Humano, que se le notificó su cese por jubilación, el cual regiría casualmente el 31 de enero del 2025, misma fecha en que Müller ordenó archivar la causa en su contra.

Cuestionamientos

Aguilar se pensionó en medio de las 29 denuncias por supuesto abuso de autoridad, incumplimiento injustificado de deberes, acoso y/o hostigamiento laboral, incorrecta implementación de la normativa atinente al Teletrabajo y Desconexión Digital, interpuestas por funcionarios de varios departamentos de la cartera.

Algunas de las denuncias por las que se investigaban a Aguilar son:

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, denuncias por discriminación y violación a la normativa laboral.
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 3 denuncias por acoso laboral, algunas ya resueltas a favor de las víctimas (funcionarios de la DRTE) por el Departamento de Inspección y otras en proceso de resolución.
• Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, por el cierre de programas de tecnología, tras rompimiento de convenio con la Fundación Omar Dengo, decisiones sin considerar el criterio técnico emitidos, proceso que está en investigación.
• Colegios profesionales COLYPRO y Colegio de Profesionales en Orientación por afectaciones a las condiciones laborales de sus aliados.
• Departamento de Salud Ocupacional, por deterioro del ambiente laboral y organizacional y afectaciones a las condiciones de los funcionarios.
• En la Contraloría General de la República, por irregularidades en la gestión presupuestaria.
• Comisión Institucional de Teletrabajo, por violación a la ley de Teletrabajo y reglamento de teletrabajo del MEP, así como normativa conexa.
• En la Defensoría de los Habitantes, se generó el informe N° OFICIO N°09536-2023 del 29/09/23, el cual no ha sido acatado, según denuncian los funcionarios. Organizaciones gremiales como SEC, ANDE y APSE, por afectaciones a las condiciones laborales de sus aliados.
• Sala Constitucional, por violación a derechos constitucionales de los funcionarios.

Müller se negaba a dar información

Ante la lentitud del caso y la negativa de Müller de brindar información sobre las razones del poco avance, los funcionarios que denunciaron a Aguilar acudieron a la Sala Constitucional, donde se ordenó a la jerarca detalles del avance del proceso, pues estas personas eran parte del mismo.

Tanto la ministra como uno de sus asesores, en apariencia, se habrían negado a entregar el expediente del órgano directivo a las denunciantes del caso, luego de que se instaurara esa instancia para determinar lo que sucedió.

"Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo", señala el pronunciamiento de los altos jueces del expediente 24-024602-0007-CO, al que tuvo acceso crhoy.

El amparo fue interpuesto debido a que las denunciantes acudieron al despacho de la ministra el pasado 5 de agosto para solicitar copia del expediente contra Aguilar, sin embargo, nunca recibieron respuesta de Müller ni de su asesor, como se les indicó el día que plantearon el requerimiento.

Por tal motivo la Sala tomó la decisión y además advirtió a la jerarca que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se puede imponer prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Pese a que fue notificada desde el inicio del proceso, según la resolución Nº 2024029042, "la ministra de Educación Pública omitió rendir el informe dentro del plazo jado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite", por lo cual basados en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dan por ciertos los hechos denunciados contra Müller.

El recurso manifestaba que el órgano director convocó a audiencia oral y privada para los días 17 y 19 de junio del 2024, pero mediante la resolución OD-006-2024 del 14 de junio del 2024, estas fueron suspendidas.