Ante la falta de acción del Gobierno, diputados impulsan una ruta educativa para el país
Propuesta de ley pretende fijar obligaciones y metas al Poder Ejecutivo
La ausencia de medidas por parte del Gobierno obligó, una vez más, a los diputados a tomar la iniciativa, esta vez en materia educativa.
Ante la falta, durante tres años, de una ruta clara en educación, un grupo de congresistas presentó un nuevo proyecto de ley que pretende establecer al Poder Ejecutivo una serie de obligaciones y metas para el fortalecimiento del sector.
La propuesta busca declarar a la educación como una prioridad en el financiamiento público, con el fin de enfrentar las consecuencias del apagón educativo.
La iniciativa lleva la firma principal de la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez Portuguez. También cuenta con el respaldo de la bancada del Frente Amplio (FA) y de varios diputados independientes.
Recursos frescos
El proyecto de ley plantea una serie de objetivos y señala que, para su cumplimiento, todos los recursos presupuestarios destinados a estos quedarán exentos de la regla fiscal.
Además, establece que el Ministerio de Hacienda no podrá girar al sistema educativo menos recursos de los aprobados por los congresistas en el Presupuesto Nacional.
El texto también propone aumentar del 6 % al 25 % el monto que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) traslada a las juntas administrativas de los colegios técnicos profesionales, institutos profesionales de educación comunitaria y centros integrados de educación de adultos.
Asimismo, se incrementa la banda inferior que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) fija a la contribución especial parafiscal que los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones aportan al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), del 1,5 % al 2,5 %.
El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a crear fideicomisos, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP), para financiar la construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura educativa.
Se establece, además, que el 10 % del impuesto sobre bienes inmuebles que las municipalidades deben transferir a las juntas de educación deberá distribuirse de forma equitativa entre todas las juntas del cantón, priorizando aquellas con mayores necesidades de infraestructura.
Objetivos claros
La propuesta de ley asigna una serie de metas y responsabilidades al Poder Ejecutivo, entre ellas:
- Implementar el currículo completo en todos los centros educativos del país, con grupos de máximo 25 estudiantes.
- Dotar de equipos de atención prioritaria al menos a todos los centros educativos de primaria ubicados en la mitad de los distritos con menor desarrollo, según el Índice de Desarrollo Social (IDS).
- Ofrecer el servicio de comedores escolares durante vacaciones al 50 % de la población con menores ingresos: de forma presencial en el receso de medio periodo en julio, y de forma domiciliar en las vacaciones de diciembre y enero.
- Brindar el servicio de orientación en cada centro educativo de secundaria, con al menos una persona orientadora por cada 300 estudiantes.
- Alcanzar la cobertura universal en el servicio de preescolar.
- Lograr una cobertura del 50 % de la Red de Cuido.
- Otorgar becas de transporte al 50 % de la población estudiantil, priorizando a la población de menores ingresos.
- Alcanzar la cobertura universal en educación especial.
Plazos y evaluación
El texto del proyecto de ley asigna responsabilidades concretas a diversas instituciones.
Se establece que el Ministerio de Hacienda deberá formular una ruta presupuestaria para implementar los objetivos estratégicos, en un plazo máximo de diez años.
Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) deberá revisar y aprobar las metas anuales formuladas por el MEP.
Finalmente, a la Contraloría General de la República (CGR) se le asigna la tarea de realizar evaluaciones trianuales sobre la gestión presupuestaria de todo el sector educativo.
La propuesta de ley deberá ser asignada a una comisión legislativa para su análisis y eventual trámite.
