Amenazar a funcionarios públicos puede costarle hasta 3 años de cárcel
Archivo CRH
La noche de este jueves 39 diputados aprobaron, en su trámite de primer debate, un proyecto de ley que reforma el Código Penal para imponer penas de cárcel a quienes amenacen a funcionarios públicos.
La propuesta de ley propone que se imponga prisión de un mes a dos años a quien amenace a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él, personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.
Añade que, si la amenaza se realiza empleando arma de fuego la pena será de dos años a tres años de prisión, siempre que la conducta en concreto no se ajuste a un tipo penal de mayor gravedad.
Otras reformas
En este mismo proyecto se contemplan otras penas por amenazas a ciudadanos, independientemente de que sean o no funcionarios públicos, entre ellas:
- De cuatro meses a un año el que agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causare herida.
- De seis meses a dos años a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona.
- Si las amenazas fueren cometidas empleando arma de fuego, por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas la pena de prisión será de un año a tres años.