Amador y Chaves se reunirán para afinar posible compra de buses por parte del Estado

(CRHoy.com). Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, confirmó que en próximos días sostendrá una reunión con Rodrigo Chaves, presidente de la República, para analizar las alternativas para que el Estado adquiera sus propios buses y los arriende a empresas operadoras del servicio de transporte público en rutas nacionales.

Esta es una de las opciones para paliar la crisis financiera que alegan muchas compañías, las cuales sostienen que no cuentan con la capacidad económica para efectuar los cambios de unidades que ya cumplieron la vida útil (15 años).

El pasado 31 de diciembre se cumplió la antigüedad de aproximadamente 290 autobuses que operaban distintas rutas en el territorio nacional. Esta situación, con la pandemia por el coronavirus COVID-19 como antesala, provocó que los empresarios del sector clamaran para que se amplíe la vida útil de 15 años a 20 años.

Actualmente, existe un proyecto de ley que plantea ampliar la antigüedad 2 años. Es decir, extender la vida útil de los vehículos hasta los 17 años para compensar las dificultades económicas producidas por la emergencia sanitaria.

¿Para qué querría el Estado tener sus propios buses de transporte público, si las rutas están concesionadas a empresas privadas? Según dijo el ministro días atrás, si el Estado cuenta con su propia flotilla, se podrían atender situaciones específicas y adversas a los usuarios, como el abandono de rutas o la reducción de frecuencias en los servicios, debido a que las empresas no cuentan con unidades óptimas para operar.

"La figura legal del gobierno para meterse en la compra de autobuses es algo que tenemos que discutir. Tendré una reunión con el señor presidente (Chaves). Vamos a ver diferentes escenarios y ya después de eso, lo podré compartir más abiertamente", explicó el jerarca este 23 de enero, en declaraciones brindadas posterior a la audiencia que sostuvo ante la comisión legislativa de Infraestructura.

El funcionario detalló previamente que pretendían una solución con fideicomisos, fondos de desarrollo inmobiliario u otras figuras financieras que no requieran de la garantía soberana y de endeudamiento por parte del Estado.

Así las cosas, la intención era optar por financiamientos con bancos estatales y que estos entes pudieran acceder a fondos blandos de la Unión Europea (UE) o de otros entes con tasa de interés más baja.

"Hay 2 cosas que valorar: cuánto es el volumen (de buses requeridos) para que el precio realmente baje y lo otro es cuánto realmente podemos esperar en demanda de compra. La labor que estamos haciendo es, por un lado, esa y por otra hablando con los autobuseros para ver. Sabemos que hay 300 unidades (que ya cumplieron vida útil), pero nada los fuerza a que sean eléctricos. Pueden ir a comprar diésel. Hay que hacerles un modelo que sea bien atractivo para que sea eléctrico", agregó el funcionario.

Amador considera que bajo el contexto actual requieren, por lo menos, que se amplíe por 1 año la vida útil de las actuales unidades.

Según sus estimaciones, si el Estado o las empresas compran buses, se podría tardar hasta 8 meses en afinar los pedidos y recibir las unidades.

"Para poder manejar eso, hay que hacer diferentes habilitaciones. Una de las habilitaciones es tarifaria, como política pública, y la otra es financieramente. Estamos tratando que ese leasing (arrendamiento) sea atractivo para los autobuseros", citó el ministro, quien apela a obtener fondos verdes para que la tasa de interés y el arriendo sea más baja.

Ante las complejidades denunciadas por los empresarios, el ministro dijo que exploró "diferentes soluciones". Por ejemplo, se reunió con bancos para entender los problemas financieros. "Ahí entendimos que no es atractivo para ellos (bancos) venderles (a las empresas) buses porque la concesión se da por 7 años, creo, y el permiso por 3. Cuando van a prestar se lo ponen a 3 años plazo. Imagínese pagar un bus a 3 años plazo, que vale hasta $250 mil, si es eléctrico", añadió.

El jerarca puntualizó que en el caso de unidades eléctricas, la metodología tarifaria actual no se reconoce el cambio de batería eléctrica, las estaciones de carga, el pago electrónico (el dispositivo que hay que poner) y no quita la parte de combustibles. Por eso, abogan por efectuar ajustes.

El Consejo de Transporte Público (CTP) giró una notificación con la que advirtió que las unidades de autobús de transporte público de ruta regular, que ya cumplieron la vida útil (15 años), no pueden circular en carretera.

La institución señaló que la legislación vigente estipula que las compañías tienen 3 meses para sustituir los vehículos que debieron salir de circulación.

La junta directiva del CTP acordó, a finales de 2022, emitir una notificación a través del diario oficial La Gaceta para advertir sobre este asunto y reiterar que las unidades que ya cumplieron la vida útil no pueden operar.

Aunado a esto, el 10 de enero, la Defensoría de los Habitantes pidió al CTP aclarar aspectos ligados a las intenciones de ampliar la antigüedad de las unidades de autobús.