Álvaro Ramos sobre acusación contra Chaves: “Debe responder a la justicia”
El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, aseguró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, debe responder ante la justicia, luego de que este lunes trascendiera que la Fiscalía General de la República presentó una acusación en su contra por el presunto delito de concusión.
El caso contra el mandatario está relacionado con la polémica contratación, por $405.800, de servicios de comunicación para Casa Presidencial con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ramos, quien fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la actual administración, además afirmó que a Chaves se le debe levantar la inmunidad para que enfrente la acusación en su contra.
"Debe responder ante la justicia y la inmunidad le debe ser levantada", dijo Ramos tras una consulta de este medio.
Luego de que este lunes trascendiera la acusación contra Chaves, los jefes de las bancadas opositoras en el Congreso exhortaron al presidente a solicitar al Congreso el retiro de su inmunidad.
"Haríamos un llamado al señor Presidente para que acepte, por un tema de transparencia, dejar de lado la inmunidad y afrontar el proceso judicial. En el caso específico de que no lo haga, nos parecería preocupante: estaría enviando un mal mensaje a la ciudadanía y, si llega a la Asamblea Legislativa, este diputado y la fracción estaríamos dispuestos a votar a favor del levantamiento de esa inmunidad", declaró el jefe del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas.
En este caso, el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien ganó ese contrato del BCIE, es el testigo clave. El contratista se liberó de ser acusado por el Ministerio Público por estos hechos a cambio de brindar información.
El delito de concusión se configura cuando un funcionario público, "abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial", según el artículo 355 del Código Penal. Esta falta se sanciona con hasta ocho años de cárcel.
