Alvarado buscaba préstamos para financiar unidad investigadora UPAD

(CRHoy.com) Carlos Alvarado había ordenado que las operaciones de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) quedaran bajo su coordinación, proyectando al parecer nuevos recursos de financiamiento por parte de órganos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para financiarlas.

Así se desprende del expediente de investigación de la Defensoría de los Habitantes, en cuyo contenido se encuentran las declaraciones del presidente Alvarado dadas a la Defensora Catalina Crespo.

CRHoy.com tuvo acceso a las transcripciones de la entrevista adjuntas al legajo, donde el mandatario deja ver que su intención para una "eventual segunda etapa" de operación de la UPAD, era recibir colaboración por parte de entidades específicas:

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
• Corporación Andina de Fomento
• Banco Mundial

"(…) mi miedo es que incluso con nuestros propios yerros -haciendo alusión a su error por el artículo 7 del Decreto- que cerremos la puerta y nos tiremos 20 años atrás en lo que hoy estamos liderando, ese es mi miedo, por qué, porque aquí nosotros también hemos pensado en unos meses hacer ya un lanzamiento con gente de la Corporación Andina (Sic) de Fomento, con el BID -Banco Interamericano de Desarrollo-, Unesco quería participar con nosotros, el Banco Mundial, por qué, porque esto que estamos generando no hay otro país que lo tenga como Costa Rica…", manifestó Alvarado.

[accordionset][accordionx heading='Artículo 7 del Decreto UPAD']Obligación de acceso a la información. Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD, para el cumplimiento de sus fines y objetivos (…) también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera…[/accordionx][/accordionset]

Justamente todas esas organizaciones a excepción de Unesco, operan bajo parámetros de financiamiento gubernamental, en este caso, sería Costa Rica que para efectos de justificación, presentaría políticas públicas derivadas de proyectos creados por la UPAD.

En el caso de la Corporación Andina de Fomento, la misma cuenta con su sede principal en Caracas, Venezuela, bajo el régimen del actual dictador Nicolás Maduro. 

La defensora Catalina Crespo cuestionó al presidente y a su equipo de asesores, sobre las razones por las que, eventualmente, no se dispuso de los profesionales y técnicos del Ministerio de Planificación (Mideplan) para elaborar y estructurar el proyecto del análisis de datos.

La respuesta de Carlos Alvarado, fue que para poder contar con eventuales apoyos -financiamiento- se debía apoyar desde el más alto nivel político, la operación inicial de los analistas.

"(…) para que en esta etapa tuviera avance se requería respaldo político, dirigidos desde el más alto nivel para que pase, hay oficinas con información muy rústica y otras que no la comparten", acotó Alvarado.

Precisamente el artículo 10 del Decreto N41996-MP-MIDEPLAN, se establecía la posibilidad, bajo declaratoria de interés público, que la UPAD podría recibir fondos económicos privados que aseguraran el efectivo cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, no especificó cómo, ni de qué forma.

"Para asegurar el efectivo cumplimiento de sus objetivos, se declaran de interés público las actividades de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Las dependencias del sector público y del sector privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, en la medida de sus posibilidades…", expresaba el Decreto, derogado el 21 de febrero luego de que CRHoy.com lo diera a conocer.

Delegó en asesores inexpertos

Durante el desarrollo de la minuta de la entrevista, Alvarado reconoció que desconocía de los aspectos técnicos y legales de la elaboración del proyecto de la UPAD, pues todo lo delegó en Diego Fernández como experto en análisis de datos y en Luis Eduardo Salazar para la parte legal.

Alvarado firmó el decreto sin siquiera ser asesorado sobre la mala redacción del Decreto Ejecutivo N41996-MP-Mideplan, a través del que se dio marco jurídico a la UPAD para recolectar informaciones de todo tipo.

El entonces ministro de la Presidencia Victor Morales, actual diputado del Partido Acción Ciudadana, manifestó en la misma intervención que, de alguna manera, el artículo 7 del Decreto no tenía ninguna necesidad de aparecer en el documento porque de todos modos ya se le había dado la categoría de interés público. 

Los asesores de la UPAD tuvieron acceso a datos confidenciales, específicamente del Sistema Unico de Beneficiarios del Estado (Sinirube) perteneciente al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Es en el marco de ese convenio, que la Defensoría detectó que no existían protocolos para el manejo correcto de datos sensibles de la ciudadanía.

El presidente, y los asesores, reconocieron que carecían de planificaciones para tales fines, a pesar de ello, continuaron accediendo a bancos de datos de instituciones.

El caso UPAD ha sido uno de los casos más escandalosos en la historia política por cuánto, se convirtió en la antesala de un allanamiento insólito en Casa Presidencial, por el que además, se decomisaron los teléfonos celulares de Carlos Alvarado y su computador.