Alcaldesa no reportó al TSE dinero donado por empresario investigado por lavado de dinero

María Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón investigada en el Caso Richter, no reportó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la donación que le hizo el empresario autobusero de apellidos Herrera González, imputado en el Caso Madre Patria por presuntamente lavar dinero proveniente de fraudes registrales.

La representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo en un programa de televisión el pasado jueves que todo el dinero que ingresó a las arcas de la campaña se registraron ante las autoridades electorales, sin embargo, el TSE confirmó que no tiene registro de esa persona como donante de la campaña.

(…) a otra persona que trabaja en la Asamblea Legislativa yo le conté, porque siempre fui muy transparente con todas las donaciones que recibimos en la campaña. (…) esa donación y todas las donaciones se registraron como manda la ley y en el partido", aseveró en Central Noticias.

En una búsqueda del listado oficial del TSE, no se registró ningún ingreso de dinero al PUSC por parte de Herrera, o de los cabecillas españoles de la presunta organización criminal, apellidados Gómez y León, quienes están imputados en el Caso Madre Patria.

También se hizo una búsqueda en el documento oficial del Tribunal con los nombres de los más de 20 imputados que figuran en la causa, pero tampoco ninguno de ellos aparece como donante de la contienda electoral para apoyar a la entonces candidata del PUSC.

Ante consulta de crhoy, el Tribunal indicó que al conocer que no se registró ese dinero como aporte a la campaña de Jiménez, este viernes 24 de enero abrió una investigación.

"Se dio una apertura por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, de una investigación administrativa preliminar relacionada con posibles donaciones referidas por una alcaldesa, según noticias divulgadas desde el día jueves", explicó Ronald Chacón, jefe de esa oficina del TSE.

Cámaras la captaron en plantel

Una conversación intervenida por el OIJ, la cual fue incluida en el expediente del Caso Richter, reveló supuestas negociaciones para pago de dádivas que sostuvieron Herrera y Bojorges como ayudas relacionadas con aparentes colaboraciones en el Consejo de Transporte Público (CTP), pese a que el diputado niega haber recibido dinero en efectivo.

El legislador señaló que ante la insistencia de los empresarios en ayudarles, él les dijo que podían hacerlo con la entonces candidata a alcaldesa del PUSC por San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, quien finalmente ganó la elección, así como con Arturo Campos Araya, también aspirante a la alcaldía de Alajuela con el mismo partido, pero quien finalmente fue electo como regidor en esa municipalidad.

Posterior a esas comunicaciones intervenidas, mediante el uso de cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Alajuela, se logró captar un vehículo marca Chevrolet Captiva, sin placas pero identificado con una calcomanía de la campaña política de Jiménez, llegando el 3 de noviembre del 2023, al plantel de buses de Herrera ubicado en el barrio San José de Alajuela.

Precisamente en una de las intervenciones telefónicas se pudo corroborar que se coordinó la entrega de dinero de efectivo por parte de Herrera a la hoy alcaldesa "para evitar dejar registros en entidades bancarias".

Una vez que se dio a conocer públicamente esta información, Jiménez confirmó haber recibido dinero de un autobusero cuestionado, pero aseguró que el diputado socialcristiano Leslye Bojorges "la embarcó", al generar un contacto entre ella cuando era candidata y al menos dos imputados en el megacaso de fraudes y legitimación de capitales.

Por su parte, el congresista confirmó que él se reunió con los empresarios Herrera González y el cabecilla de apellido Gómez, quienes ahora descuentan un año de prisión preventiva tras su captura.

Tras las revelaciones del legislador, Gabriela Jiménez emitió un comunicado respondiendo a los señalamientos.

"Durante la campaña pasada de alcaldías, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un “amigo” suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto.

En este caso, ciertamente existe una interceptación de una comunicación entre el Diputado Bojorges y don Jonatan Herrera González, donde el Diputado pide una ayuda para mí, entendiéndose esto como la campaña.

Ciertamente, no voy a ocultar que por la intermediación de Leslye me dieron una bolsa con monedas con menos de cien mil colones.

Cabe aclarar que para ese momento yo no había sido electa, ni tenía competencia pública alguna, ni me comprometí nada en lo absoluto", replica el comunicado.

Captura del expediente judicial

Decomiso de teléfonos

La Fiscalía General de la República lleva esta nueva etapa de la investigación debido a que existen miembros de los supremos poderes de la República involucrados en el caso.

Además de Bojorges y Jiménez, también se investiga la presunta participación del viceministro de Transportes, Carlos Ávila Arquín, así como la actual presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna Alfaro y Lourdes Sáurez Barboza, directora de Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública, así como el regidor del PUSC en Alajuela, Arturo Campos Araya.

A todos ellos se les decomisó el teléfono celular el pasado miércoles, a excepción de Campos.

"La Fiscalía General confirmó que ayer (miércoles) se realizaron diligencias de investigación en dos casos que se tramitan en ese despacho. Específicamente, se ordenó un secuestro de los celulares de las siguientes personas investigadas: Bojorges León, Ávila Arquín, Campos Araya,
Suárez Barboza, Jiménez Corrales y Luna Alfaro.

Los expedientes bajo investigación, por presuntos delitos de tráfico de influencias, son 23-000087-0033-PE (contra Bojorges León) y 24-000059-033-PE (contra el resto de personas sin fuero especial).