Juicio contra Miguel Ángel Rodríguez reinicia este lunes
Proceso marcado por suspensiones, retrasos y acumulación de causas desde 2001
Este lunes está reagendado el inicio del juicio contra el expresidente de la República (1998-2002), Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, pese a que han transcurrido 24 años desde los supuestos hechos ilícitos.
El debate, conocido como el caso Reaseguros, debía comenzar el lunes 25 de agosto, pero fue suspendido porque se debían resolver incidentes procesales y, además, los jueces a cargo tenían que continuar con otros juicios que involucran a personas en prisión preventiva.
El Ministerio Público acusa al exmandatario y a varios exfuncionarios por el presunto delito de peculado. La causa se centra en supuestos pagos a funcionarios de la administración pública para favorecer a compañías reaseguradoras en contratos con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El peculado se configura cuando un funcionario público sustrae o desvía fondos del Estado bajo su custodia, o bien utiliza recursos públicos en beneficio propio o de terceros.
En este caso, se investiga un presunto pago de $2,1 millones de la firma inglesa PWS a diversos funcionarios, así como posibles comisiones de las empresas Guy Carpenter y Willis Re en 2001.
En 2006 trascendió que, supuestamente, dinero de Guy Carpenter habría sido utilizado para cancelar una tarjeta de crédito del expresidente Rodríguez por más de $47.000.
La investigación comenzó el 20 de junio de 2001 tras una denuncia anónima sobre viajes y programas de capacitación de funcionarios del INS. Según la acusación, se habría configurado un plan delictivo en el que participaron expresidentes ejecutivos del ICE y del INS, junto con el entonces mandatario Rodríguez, con prueba proveniente del extranjero.
Se señala que se realizaron pagos a funcionarios de PWS y que tanto el ICE como el INS recibieron asistencia técnica, lo que podría constituir una distracción de fondos públicos.
Aunque en febrero de 2014 se dictó un sobreseimiento definitivo, en agosto de ese mismo año se ordenó realizar una audiencia preliminar para definir si el caso iría a juicio. Desde entonces, el proceso ha atravesado múltiples suspensiones y reanudaciones, hasta que finalmente, casi 25 años después, se discutirá en los tribunales.
En el juicio participan el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y las representaciones legales del INS y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El lunes pasado también estuvo marcado por tropiezos. El debate continúa contra el expresidente Rodríguez y otros exfuncionarios de apellidos Acuña, Bonilla y Lara, y varios acusados quedaron fuera del expediente.
Entre ellos, Roxana Cordero, quien por motivos psicológicos no puede ejercer su defensa y será juzgada en un proceso aparte. Cristóbal Zawadzki fue separado por razones médicas y Gilda Montes de Oca quedó fuera tras su fallecimiento. Además, se tramitó la recusación de una jueza.
Un proceso de casi 25 años
El caso que enfrenta el expresidente lleva en trámite casi dos décadas y media, desde 2001, cuando ocurrieron los supuestos actos ilícitos, aunque desde el 23 de setiembre de 2004, el Ministerio Público informó a una jueza que la investigación estaba casi concluida y a la espera de informes del INS.
Sin embargo, el 29 de junio de 2005, el fiscal Jorge Araya solicitó la desestimación de la causa, la cual fue admitida por el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José el 21 de setiembre de ese mismo año.
En marzo de 2006, la Fiscalía pidió reabrir el expediente, y el 23 de ese mes se ordenó su reapertura. Entre 2009 y 2012, la investigación experimentó múltiples inactividad y retrasos.
El 24 de noviembre de 2009, Rodríguez fue indagado por primera vez; en mayo de 2010 se rechazó la fijación de un plazo para concluir la investigación, y entre noviembre de 2010 y setiembre de 2012 no constan acciones significativas para activar el caso.
En agosto de 2011, más de diez años después de iniciado el proceso, se solicitó nuevamente fijar un plazo. En septiembre de 2011, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José determinó un plazo de seis meses para concluir la investigación, señalando que se había sobrepasado el límite de razonabilidad y que los imputados habían sido afectados, además de estar sujetos al escrutinio público.
El 29 de abril de 2013, Rodríguez fue indagado por segunda vez, más de tres años y medio después de la primera diligencia. La causa se acumuló al expediente 05-000002-621-PE el 13 de agosto de 2021.
Desde diciembre de 2007 se había fijado el plazo para finalizar la investigación, y en noviembre de 2009 se presentó la primera de varias acusaciones del Ministerio Público. El 9 de febrero de 2011, el caso fue declarado de tramitación compleja.
El proceso estuvo marcado por incidentes procesales, acumulaciones de causas y aplazamientos continuos. Entre 2009 y 2010 se pospusieron varias audiencias preliminares debido a la presentación de nuevos tomos de prueba y la oposición del Ministerio Público a que las sesiones se extendieran más allá de las 4:00 p.m.
En febrero de 2011, el caso fue nuevamente declarado de tramitación compleja. En 2015 se decretó la apertura a juicio, pero la causa fue reenviada al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
Las audiencias se pospusieron en varias ocasiones, incluso por retrasos imputados al propio Ministerio Público. En septiembre de 2017 se dictó un nuevo auto de apertura a juicio, impugnado y finalmente confirmado en junio de 2018.
La convocatoria a juicio se realizó el 16 de julio de 2019, pero estaba prevista para 18 meses después, del 18 de enero al 18 de mayo de 2021, y se suspendió por la pandemia de COVID-19 y por la gran cantidad de imputados, algunos con condiciones médicas que impedían su participación en el proceso.
Un juez expresó su consternación ante la prolongación del proceso, al señalar que un auto de apertura a juicio se estaba resolviendo 14 años después del inicio de la causa, cuando un plazo razonable debería haber sido de 18 meses entre la investigación y la sentencia.
