Agente que investigó caso mundial de tráfico de órganos cuenta cómo dieron con el médico en el Calderón Guardia

Diego Castillo, agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que lideró la investigación del caso de extracción ilícita de órganos en Costa Rica, fue el invitado del más reciente episodio del podcast oficial de la institución, Expediente Cero 43.

Durante la entrevista, Castillo explicó cómo en junio de 2013 la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico de Migrantes desarticuló una red criminal que operaba en el país y se dedicaba a reclutar personas en condición de vulnerabilidad para someterlas a trasplantes ilegales de riñón.

Un caso internacional

La investigación comenzó a raíz de una solicitud de colaboración enviada por la Policía de Ucrania, a través de Interpol. Las autoridades de ese país reportaron la detención de 2 ciudadanos rusos con nacionalidad ucraniana, quienes estaban vinculados a tráfico de órganos y que habían sido intervenidos en Sri Lanka con chips telefónicos costarricenses. Se solicitó verificar un número de teléfono vinculado a estos individuos.

Las pesquisas del OIJ revelaron que los sospechosos ingresaron a Costa Rica en octubre de 2012 y se hospedaron en un hotel en San José. Durante su estadía, mantuvieron contacto con un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y realizaron llamadas internacionales hacia Israel.

En marzo de 2013, las autoridades israelíes detuvieron a una pareja costarricense en el aeropuerto de Tel Aviv. Según explicaron, esperaban a una familia para realizar una donación de órgano. La situación generó sospechas, ya que no llevaban dinero y portaban solo bolsos de mano.

La pareja fue citada a una entrevista con el entonces embajador costarricense en la región, durante la cual revelaron que un médico costarricense había costeado los pasajes, el hospedaje y todos los gastos del viaje para que uno de ellos donara un riñón.

Alerta internacional

Poco después, un diario mexicano publicó que otro médico costarricense había declarado en una convención internacional que Costa Rica era un destino de turismo de trasplantes, una fachada para el tráfico ilegal de órganos. A su regreso al país, este especialista fue entrevistado por el OIJ y relató que le habían ofrecido $18.500 por cada trasplante que realizara. Aunque rechazó la oferta, indicó que en su momento no fue escuchado por las autoridades y optó por hacer pública la denuncia en el foro internacional.

Con esta información, los investigadores identificaron al médico señalado como el principal reclutador de donantes y pieza clave de la red.

“Aquí en Costa Rica nunca se dio el tráfico ilícito de órganos como tal, porque nunca se extrajo y trasladó un órgano al extranjero; lo que se dieron fueron trasplantes realizados dentro del país”, explicó Castillo.

La pareja detenida

Según relató el agente, la pareja detenida en Israel era originaria de Turrialba y vivía en condiciones económicas muy precarias. El esposo, buscando una mejoría para su familia, fue contactado por una prima que le habló de la “oportunidad” de donar un riñón. Él no era compatible, pero su esposa sí, y se les ofreció ₡10 millones por el órgano. Los exámenes médicos, valorados en ₡600.000, fueron costeados por los interesados.

Investigación por peculado

De forma paralela, el OIJ investigaba un caso de peculado contra médicos del Hospital Calderón Guardia. Instrumental médico del hospital fue desviado hacia una clínica privada, donde se realizó un trasplante entre un donante costarricense y un receptor israelí. Esto ayudó a los agentes a identificar un patrón: entre 2009 y 2013, al menos 12 personas en Costa Rica donaron órganos a extranjeros, principalmente de Israel y Grecia.

El perfil de las víctimas

Las personas reclutadas provenían de zonas vulnerables como Tirrases de Curridabat. Una oficial de la Fuerza Pública, prima del hombre que viajó a Israel, fue quien captó a unas 6 víctimas. Les aseguraba que donarían a un familiar necesitado, cuando en realidad estaban siendo parte de una red criminal.

A 8 de las víctimas se les pagaron ₡10 millones y a cuatro se les dieron ₡3 millones. “Les hacían creer que no era necesario tener dos riñones y que podían seguir con su vida normal. Sin embargo, muchas reportaron complicaciones médicas tras la operación”, dijo Castillo.

El negocio y sus implicados

Cada trasplante implicaba pagos de hasta $150.000 a los médicos, de donde se extraía la compensación para los donantes. Los receptores extranjeros debían internarse unos 15 días en clínicas privadas, a un costo aproximado de $50.000. En contraste, los donantes eran dados de alta al día siguiente y obligados a firmar documentos que aseguraban que su donación era voluntaria y sin compensación económica.

El cabecilla era el jefe de nefrología del Hospital Calderón Guardia, quien orientaba a los donantes y coordinaba los procedimientos. Cuando se dificultó el uso de instrumentos del hospital, las operaciones comenzaron a realizarse fuera del país.

Frente al hospital se encontraba un restaurante atendido por un ciudadano griego, quien también colaboraba con la red y reclutó a la oficial de Fuerza Pública. Ella ya había donado un riñón y recibía $1.000 por cada persona que refería.

Detenciones y condenas

En junio de 2013, el OIJ realizó 11 allanamientos en viviendas, clínicas privadas y el Hospital Calderón Guardia. Se detuvo al médico cabecilla y a la oficial de Fuerza Pública. Luego cayeron cuatro médicos más: urólogos, cirujanos y un especialista vascular. Tres eran costarricenses y uno colombiano, todos empleados de la CCSS.

Sin embargo, solo el líder de la red y el ciudadano griego fueron condenados. El médico recibió 12 años de prisión y el extranjero, 8 años. Los otros médicos argumentaron que fueron engañados y que no sabían que se trataba de trasplantes ilegales, estrategia que les permitió evadir una sentencia.