Admiten nuevas pruebas de defensa previo a conclusiones en juicio contra Celso, Johnny y Berenice 

Los jueces del Tribunal Penal de Hacienda a cargo del juicio contra el extraditable Celso Gamboa Sánchez, el exalcalde josefino Johnny Araya Monge y la exfiscala subrogante Berenice Smith Jiménez admitieron nuevas pruebas presentadas por los equipos legales de estos imputados.

Francisco Dall'Anese, exfiscal general de la República y defensor de Smith, solicitó incorporar grabaciones de un proceso administrativo disciplinario en el que testificó la principal testigo del caso, la fiscala Natalia Rojas, quien relató las gestiones y presiones que, supuestamente, ejercieron su clienta y Gamboa para lograr la eliminación del nombre de Araya de una causa penal.

Rojas testificó el lunes y martes de esta semana, y sus revelaciones fueron clave para la hipótesis del Ministerio Público, que sostiene que existió un aparente tráfico de influencias.

Sin embargo, para Dall'Anese, hubo contradicciones entre lo que la testigo declaró durante el juicio y lo que expresó en el expediente disciplinario.

"Todas las partes ofrecimos prueba para mejor resolver, lo que significa prueba que surge de en el curso del debate o prueba que era desconocida hasta ahora.

Se ofreció y se aceptó una declaración que pidió la señora Natalia Rojas en un expediente administrativo disciplinario del Poder Judicial donde calificó la supuesta orden que recibió de indebida e incorrecta, pero durante el curso de su declaración de viva voz aquí en el tribunal dijo que nunca había hecho ninguna calificación de legal o ilegal o correcta, incorrecta, buena o mala, debida o indebida.

Y esta declaración que rindió la inspección judicial, pues nos viene a confirmar la tesis de la defensa de que doña Natalia no ha dicho la verdad en este tribunal", explicó Dall'Anese.

Este martes se recibió a la última y principal testigo del debate, para dar paso este miércoles al inicio de las conclusiones. Previamente, durante la mañana, se incorporaron algunas evidencias adicionales.

"El tribunal se pronunció aceptando alguna, rechazando otra que la consideró no ilegal, pero sí impertinente y ya con esto terminó la fase de recopilación de pruebas y se pasa en la tarde de la etapa de conclusiones donde Ministerio Público y Procuraduría van a tener que fijar sus pretensiones, fundamentarlas y explicar por qué hacen sus solicitudes y posiblemente será mañana que empiece la defensa a emitir sus conclusiones para exponer los argumentos por los cuales se considera que se debe dictar una sentencia absolutoria a cada uno de los imputados", añadió Dall'Anese.

El caso

Gamboa y Smith —entonces fiscala adjunta y jefa de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA)— habrían gestado y ordenado a Natalia Rojas realizar la eliminación del nombre de Johnny Araya de los sistemas informáticos de una causa penal.

De acuerdo con el testimonio de Rojas, las presiones iniciaron luego de que recibiera un oficio firmado por Araya, en el cual solicitaba aclarar su situación jurídica y pedía expresamente que su nombre fuera eliminado de los registros judiciales.

Aunque el documento iba dirigido a la fiscala Smith, fue entregado a Rojas, quien posteriormente fue citada a la oficina de Smith, donde esta se encontraba acompañada por Gamboa.

"Lo que comenta la licenciada Berenice con el licenciado Celso es que el sistema de gestión no distingue cuál imputado está indagado o cuál no. O sea, quién es para ellos imputado o denunciado.

Lo que yo puedo decir que capté es que para ellos imputado de la persona que estaba indagada, entonces cuando yo le indico a don Celso que don Johnny fue denunciado y sí es investigado pero no ha sido indagado, es ahí donde doña Berenice habla con él y le indica ¿qué le decimos a don Johnny, qué hacemos? Es ahí donde ella le indica esa manifestación de cómo redactar esa gestión.

Don Celso me pregunta dos veces: "¿Pero don Johnny Araya está indagado?" Y yo le dije: "No, señor, pero él es investigado, él es denunciado y me lo pregunta dos veces en momentos diferentes, no fue que me preguntó dos veces seguidas", testificó Rojas.

Dos documentos judiciales muestran el intercambio de comunicaciones entre Johnny Araya y funcionarias del Ministerio Público, mediante los cuales se habría gestado un supuesto favorecimiento para eliminar su nombre de la causa penal.

La documentación, que consta en el expediente judicial y a la cual tuvo acceso CR Hoy, incluye un oficio que Araya remitió a la entonces fiscala adjunta —jefa de la FAPTA— en el que solicitaba corregir lo que denominó un error, al habérsele consignado como imputado en una causa penal abierta en 2012.

La respuesta llegó en cuestión de 24 horas. La fiscala Rojas, desde la Fiscalía Anticorrupción, contestó el oficio y dejó claro que actuaba siguiendo "instrucciones superiores".

Según la acusación que hoy enfrenta Araya, existieron contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, para impulsar el trámite y lograr el cambio en su estatus judicial.

El documento respondió a una supuesta diferenciación entre "denunciado" e "imputado". En apariencia, Rojas contestó a Araya que él figuraba como denunciado, pero no como imputado, ya que no había sido indagado, aunque seguía siendo investigado penalmente.

Ante preguntas del tribunal, la fiscala testificó este martes que, desde su perspectiva, no era correcto hacer una distinción entre denunciado e imputado, como sí se consignó en el documento que Araya pidió.

Por esa razón, señaló en su respuesta que actuaba "siguiendo instrucciones superiores", en alusión a la reunión a la que fue convocada por Gamboa y Smith.