Acumulación crónica de expedientes retrasa casos de trata en el Poder Judicial
EEUU reprocha que el gobierno nuevamente no implementó plan para atacar el delito.
(CRHoy.com) Los expedientes judiciales donde se tramitan investigaciones de casos sobre trata de personas no escapan a la presa de tareas pendientes que hacen fila en diferentes dependencias del Poder Judicial.
El más reciente estudio gubernamental de Estados Unidos, que escanea la situación mundial de este flagelo, apunta que pese a la existencia de un grupo dedicado exclusivamente a esas tareas, en ocasiones hay poco avance o se tarda mucho en culminar las investigaciones.
"La acumulación crónica en el sector judicial siguió retrasando el procesamiento de todos los casos, incluidos los casos de trata", manifiesta el Informe sobre Trata de Personas 2023 publicado por el Departamento de Estado.
Pero no solo culpan al órgano judicial, pues critican que el gobierno disminuyó los esfuerzos de aplicación de la ley, lo cual podría traer como consecuencia la proliferación de grupos dedicados a cometer esos actos.
"La Corte Suprema tenía un plan de acción del Poder Judicial con un presupuesto dedicado, desarrollado en 2018, para desarrollar capacidades y aumentar la conciencia pública sobre cómo identificar la trata, pero el gobierno nuevamente no implementó el plan", reprocha EEUU.
Aumento de casos
El documento hace una valoración del trabajo que hacen en esta materia el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía Profesional de Migración (PPM) de la Dirección General de Migraciones (DGME) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA).
Este último despacho informó a Estados Unidos que investigó el año pasado 46 casos, de los cuales 26 son de trata sexual, 6 de trabajo forzado y 14 de formas no especificadas.
A diferencia del pasado informe (2022) este año no se abrió ningún expediente por trata sexual infantil, cuando en el anterior hubo 23 investigaciones de esa índole.
Además, se confirma el inicio de procesos judiciales contra seis traficantes sexuales acusados formalmente.
En cuanto a condenas, se logró culminar procesos contra tres traficantes, dos sexuales y uno laboral, mientras que en los últimos dos años se tenía registro de uno y cinco, respectivamente.
"En un caso, un juez condenó a un traficante laboral acusado de abuso contra una posible víctima de la trata, aunque los cargos de trabajo forzoso impuestos en el mismo caso no prosperaron, y lo condenó a 14,5 años de prisión. Los fiscales presentaron para apelar la absolución de los cargos de tráfico. Antes de esta condena, el gobierno no había procesado ni condenado a ningún traficante de mano de obra desde que procesó a un traficante de mano de obra",
Entre otras destacan la imposición de penas de 4, 5, 8 años a otros imputados en causas similares.
Destaca el caso de un alcalde
"Además, la escasez generalizada de fondos restringió la actividad de aplicación de la ley, incluido el monitoreo regular y las patrullas contra la trata. El gobierno informó sobre varios casos en curso que involucran a funcionarios presuntamente cómplices de delitos de trata, incluida una investigación de 2011 que aún espera juicio.
Se involucra a un alcalde local acusado de tráfico sexual; una investigación de 2018 que incluye a 12 funcionarios acusados de tráfico sexual; y una investigación de 2022 que involucra a un oficial por formas no especificadas de tráfico", confirman.
Pese a que en el documento no especifican detalles del funcionario, el único caso conocido reciente y que coincide con hechos investigados en el 2018 es el de un exfuncionario de la Municipalidad de Quepos.
Los observadores a cargo de elaborar el estudio informaron que algunos fiscales a nivel local no estaban familiarizados con los casos de trata y "no sabían cómo solicitar el apoyo de FACTRA para construir un caso".
Sobre la colaboración internacional, informaron que los funcionarios de Costa Rica colaboraron con los de Guatemala y Nicaragua en un caso sobre tráfico sexual de niños, y junto a Panamá unieron esfuerzos para arrestar a cuatro presuntos traficantes sexuales de niñas e identificar a otras nueve posibles víctimas del mismo delitos en el vecino país del sur.
Costa Rica: Nivel 2
Estados Unidos mantiene la calificación de nivel 2 para Costa Rica, perfilándolo como un país vulnerable pero con relativo control sobre este delito.
"El Gobierno de Costa Rica no cumple en su totalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. El gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad contra la trata; por lo tanto, Costa Rica permaneció en el Nivel 2", argumentó la oficina gubernamental estadounidense.
El documento revelado hace dos semanas menciona que los traficantes someten a mujeres y niños costarricenses a la trata sexual dentro del país, siendo las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur, las más vulnerables.
