Aclaraciones sobre la regulación del servicio de taxi
Nunca resultará técnica ni racionalmente conveniente realizar comparaciones simples entre dos elementos sustancialmente diferentes, ignorando todos los aspectos que están detrás de esas diferencias. Esta afirmación por parte de algunos asesores o personas aplica para la discusión sobre el proyecto para regular el servicio de taxi y las plataformas. Más aún, las diferencias no solo se refieren a tarifas, dado que son dos servicios con obvias diferencias en su operación, al margen que uno de ellos no cumple con la legislación vigente, parámetros de calidad, ni requisitos operativos establecidos.
La realidad es que hoy, el taxi rojo es un servicio público regulado, lo cual implica que las tarifas deben cubrir todos los costos necesarios para una prestación óptima y además el operador debe garantizar su disponibilidad y continuidad. Esto difiere grandemente con un servicio ilegal donde algunas compañías ponen las reglas, aunque no estén autorizadas para prestar este servicio público.
Las tarifas del servicio de taxi cubren todos los costos propios y necesarios para brindar el servicio, en estricto apego a la legislación y normativa vigentes. Es así como las tarifas de este servicio incluyen los salarios mínimos para los choferes, establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las cargas sociales, los turnos de trabajo definidos por el Consejo de Transporte Público (CTP), los seguros exigidos en el transporte público, el costo de las dos inspecciones técnicas vehiculares al año, los cánones de regulación del CTP y Aresep, los uniformes de los choferes, el costo de los activos (vehículo, taxímetro, radio de comunicación), gastos en repuestos y mantenimiento, la ganancia del concesionario y, en el caso particular de los taxis del aeropuerto, el costo mensual que deben pagar al administrador del aeropuerto por el uso del área de estacionamiento.
Es claro que las condiciones que actualmente rigen al servicio público de taxis son sustancialmente diferentes a los que operan al margen de la ley, por lo cual no se deben realizar simples comparaciones de costos cuando la operación y el marco normativo que los sustenta son tan disímiles.
No hace falta vivir en un mundo fantasioso para saber lo erróneo de realizar comparaciones simplistas de situaciones complejas, que van más allá de dos cifras y que abarcan una realidad social y económica. Al existir varias propuestas de ley para normar este servicio, es preciso que las discusiones sean sustentadas técnica y legalmente, sin reducirla a frases que distorsionan la realidad, ofenden y crean confusión. Más aún, parece tener la intencionalidad de otros intereses, para convertir un servicio regulado en uno informal, disminuyendo los niveles de calidad y el detrimento de los derechos laborales.
Intendente de Transporte