Académicas preparan proyecto de ley para reformar el Consejo Superior de Educación

Un grupo de académicas del movimiento Mauro Fernández prepara un proyecto de ley para reestructurar el Consejo Superior de Educación (CSE).

Esta propuesta surge a raíz de lo que consideran conflictos de intereses en la conformación actual del Consejo, así como por la eliminación de programas esenciales dentro del sistema educativo costarricense.

La reestructuración busca fortalecer la autonomía del CSE y garantizar que sus decisiones se tomen en beneficio de la ciudadanía, sin la influencia de intereses políticos.

Por ejemplo, argumentan que el CSE no debería estar conformado por personas subalternas del ministro de turno, ya que estarían obligadas a acatar sus directrices. Tampoco debería incluir exministras o exministros, pues podrían actuar en función de intereses políticos partidarios. “Llegan a defender su gestión y pueden negociar con el ministro”, explicaron.

Actualmente, la conformación del Consejo es muy particular, ya que algunos de sus miembros pertenecen al Ministerio de Educación Pública (MEP). Hay tres representantes: uno de los sindicatos, que trabaja en el MEP, y dos representantes de primaria y secundaria, quienes también laboran directamente en el Ministerio. Se trata de tres funcionarios en puestos de confianza.

Lo que debemos definir en este momento en una propuesta de ley es: ¿qué otros sectores faltan? ¿Cuáles deben estar representados para equilibrar la independencia y la representatividad? ¿Quiénes deberían ocupar un asiento en esa mesa para tomar decisiones estratégicas?”, expuso a CR Hoy la exviceministra académica del MEP, Karla Salguero, integrante también del movimiento Mauro Fernández.

La propuesta también sugiere que el CSE deje de ser un órgano subordinado al MEP y recupere su autonomía, con el fin de definir la agenda educativa del país sin interferencias de la administración de turno.

Ante esto, las académicas plantean una reestructuración en la que el CSE esté compuesto por representantes de distintos sectores, de manera que se logre una visión integral de las necesidades educativas del país.

Según indican, en lugar de una conformación sujeta a intereses sectoriales o gubernamentales, es necesario incluir actores que aporten diversas perspectivas para tomar decisiones estratégicas y sostenibles a largo plazo.

Lo que buscamos es sumar, no restar. Necesitamos incorporar sectores que brinden una visión integral de la ciudadanía que queremos formar. La educación debe ser una política de Estado, no de gobierno.

El Consejo ha estado aprobando la agenda del ministro o ministra de turno sin desarrollar una propia, lo que ha limitado su capacidad de acción a largo plazo, afirmaron tanto Salguero como la académica Eleonora Badilla.

Además, proponen modificar las funciones del Consejo para que pueda cumplir el rol estratégico que le asigna la Constitución de la República.

“El Consejo Superior de Educación tiene un papel fundamental, pero enfrenta muchas dificultades para desempeñarlo. Creemos que es necesario darle mayor visibilidad y, sobre todo, fortalecer su capacidad de acción, ya que se trata de un órgano constitucional”, señaló Badilla.

Para las académicas, este órgano debe estar por encima del ministro o ministra de Educación. No obstante, consideran que actualmente opera como un ente subordinado, lo que ha llevado a la toma de decisiones que afectan a la población estudiantil.

El borrador de la propuesta fue presentado en la Asamblea Legislativa, donde una fracción política lo está analizando. En los próximos días, se dará a conocer el documento para iniciar la discusión y definir la comisión legislativa que abordará el tema.

Críticas a la eliminación de programas esenciales

El movimiento Mauro Fernández también cuestiona al CSE por sus recientes decisiones, como la finalización del convenio con la Fundación Omar Dengo y el cierre de programas relacionados con la formación en materia tecnológica. Asimismo, critican la reciente eliminación de los programas de educación sexual en los colegios.

Según las académicas, estas medidas no contribuyen a mejorar la crisis educativa, sino que, por el contrario, generan un retroceso en el desarrollo tecnológico y en la enseñanza de derechos humanos.

“El Consejo Superior de Educación debería asumir un rol propositivo. No debería estar esperando que el ministro proponga iniciativas; al contrario, debería liderar la planificación educativa del país. Sin embargo, en este momento está funcionando al revés: espera las directrices del ministro en turno en lugar de establecer su propia agenda.

Casi nadie en el país sabe que este Consejo es el ente rector de la educación”, aseguró Badilla.

Las académicas sostienen que el CSE ha eliminado programas siguiendo propuestas de los ministros del MEP, sin solicitar criterios técnicos, sin contar con un plan alternativo y sin exigir explicaciones sobre las razones para su eliminación.

“No ha habido un plan de contingencia ni de sustitución. Las decisiones de implementación han sido posteriores a la eliminación de los programas.

Es preocupante lo que ocurre con la Fundación Omar Dengo: hay equipos almacenados que generan un costo de más de $11.000 mensuales en bodegaje. No existe un plan claro para reutilizar esos recursos y aún no hay evidencia de estrategias de reemplazo que ofrezcan soluciones a los estudiantes sin agravar la desigualdad educativa”, denunció la exviceministra académica, Salguero.

El pasado 18 de febrero, en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, los diputados Jonathan Acuña (Frente Amplio), Kattia Rivera y Francisco Nicolás (Liberación Nacional) presentaron una moción para convocar al Consejo Superior de Educación a una audiencia en una futura sesión de la comisión.

Por este tema, se solicitó una postura al CSE. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.