Abogados de la CCSS recomendaron anular adjudicaciones de caso Barrenador

La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó anular las 9 partidas de la adjudicación del caso Barrenador que quedaron en firme. Cabe resaltar que una de las partidas fue anulada por la Contraloría General de la República (CGR).

En un oficio, del cual crhoy.com tiene copia, detallaron que la falta de razonabilidad del precio de los contratos es la razón por la que se deberían anular.

De hecho, para llegar a esa conclusión, los abogados de la CCSS se basaron en el criterio que emitió la CGR sobre la partida de Coopesana que fue anulada.

Se desprende con total claridad que la CGR expone como principal vicio de nulidad del acto final de adjudicación la falta de un requisito de legalidad como lo es la determinación de la razonabilidad del precio adjudicado, este aspecto es el eje central para fundamentar su argumento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, además y específicamente sobre el análisis de la adjudicación de la partida No. 3, advierte sobre otras deficiencias como lo es la no cotización de un médico en la rama de medicina familiar y comunitaria por parte de la empresa adjudicataria y falencias en las horas cotizadas para el administrador del centro de salud; no obstante, por considerarse estos señalamientos específicos y puntuales correspondientes a la oferta de Coopesana, no se analizarán en el presente documento por cuanto se considera que el argumento ya esbozado de la falta de razonabilidad del precio adjudicado, es el que resulta ser común y tiene la potencialidad de afectar la validez de las restantes partidas adjudicadas en el concurso 2023LY-000002- 0001101142, indica el criterio jurídico.

Además, se resaltó que el criterio técnico del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios y la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios concluyó que el vicio de nulidad declarado por la CGR, declarado en una de las partidas, determina la nulidad de las demás.

Sobre esta aseveración, la Dirección Jurídica explicó que:

El vicio absoluto evidente y manifiesto en la falta de "motivo" del acto final, evidenciado por el Órgano Contralor, es común sobre todas aquellas partidas objeto de adjudicación, de tal forma que afecta todos los derechos otorgados con base en ese mismo acto administrativo, Por lo que resulta procedente, adoptar el mecanismo legal correspondiente, para concretar la declaratoria de nulidad respecto de los derechos otorgados por medio del acto de adjudicación, de la contratación N°2023LY- 000002- 0001101142.

Los abogados de la CCSS concluyeron que para proceder con la anulación, la Administración de la CCSS debe instruir un procedimiento administrativo ordinario que garantice el debido proceso a las empresas adjudicadas en las 9 partidas. 

Después de este procedimiento deben solicitar el dictamen positivo a la CGR y posterior a esto la Junta Directiva podrá declarar la nulidad del acto, para lo que tendrán tiempo de 1 año de la adopción del acto.

Estas 9 partidas pertenecen al contrato investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por haber sido aprobado por la Junta Directiva con aparentes sobreprecios. Los miembros de la Junta aprobaron adjudicar la administración de 10 áreas de salud a 4 cooperativas y una asociación de salud.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados del caso anularon un procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y mediante presiones lograron modificar el pliego de condiciones para favorecer a las cooperativas, con quienes aparentemente sostuvieron reuniones.

Esta adjudicación causó que se realizaran 28 allanamientos y se detuviera a varias personas ligadas con la CCSS.

Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes del estado; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Actualmente, quienes aún tenían cargos en la CCSS fueron suspendidos por 6 meses como medida cautelar aprobada por el juez Paúl Fuentes.