Abogados de exfiscala Berenice Smith piden absolutoria y condenar al Estado por costas
Defensa de Smith, el extraditable Celso Gamboa y el exalcalde Johnny Araya insiste en que el caso carece de pruebas
Los abogados defensores de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla solicitaron que se absuelva por certeza a la exfuncionaria, acusada de tráfico de influencias junto al exsubjefe del Ministerio Público, Celso Manuel Gamboa Sánchez, y el exalcalde josefino Johnny Araya Monge.
Este viernes fue el turno de las conclusiones del equipo legal de Smith, el cual pidió que el Tribunal Penal de Hacienda la declare inocente porque la acusación no cumple con los requisitos formales ni de fondo, debido a que la prueba no logró acreditar los hechos y consideran que existen múltiples defectos o vicios.
Federico Campos, uno de los dos defensores, señaló además que los hechos imputados son atípicos, es decir, no constituyen ningún delito. Esto, a diferencia de una absolutoria por duda razonable, en la que no se logra demostrar el delito, pero la acusación sí está bien formulada y las evidencias resultan insuficientes.
"Siempre hemos tenido la la teoría que realmente este proceso, primero nunca ha debido haberse iniciado, menos en contra de doña Berenice y tenemos indicios que no puedo como revelarlos, pero que efectivamente esto viene en aquel momento por una persecución, un interés de afectar a Celso Gamboa y afectar también a don Johnny Araya.
Es la única explicación lógica que le encontramos a la razón o al motivo de por qué se eligió a estas tres personas para este proceso penal y se ha durado 10 años. A doña Berenice nunca hemos entendido por qué, solo por estar seguramente acompañando en ese momento a don Celso en la reunión, es la única razón por la que nosotros hemos encontrado", señaló Campos.
Durante su exposición, el abogado también solicitó que no se condene a Smith al pago de ₡15 millones por daño social, como pretende la Procuraduría General, y que, por el contrario, se condene al Estado al pago de las costas del proceso.
"Había algún contubernio para dañar a estas personas y lo han logrado. En el caso de mi representada ya lo hemos dicho: fue despedida, era una connotada fiscal con una reputación altísima y salió por la puerta de atrás, la despidieron sin derechos laborales, etcétera y esto le ha causado daño a mucha gente, pero no hay ninguna razón para que realmente este proceso ni siquiera hubiera llegado hasta donde llegó", añadió el jurista.
En el caso de Smith, tampoco se descarta demandar por daños y perjuicios para solicitar una indemnización mayor. Todavía está pendiente que su otro abogado, el exfiscal general Francisco Dall'Anese, rinda sus últimos argumentos. El juicio se retomará el próximo lunes.
Todos piden absolutoria
Los defensores del extraditable Gamboa y del exalcalde Araya también han solicitado la absolutoria por certeza de la acusación penal y de la acción civil resarcitoria, así como la condena al Estado por costas.
Estas peticiones se dan luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sorprendiera esta semana al solicitar la absolutoria de los tres implicados.
Natalia Villalta, fiscala adjunta y jefa de FAPTA, explicó que la razón para pedir la absolutoria fue la objetividad, al no contar con evidencia ni elementos de prueba suficientes para solicitar una condena contra los acusados.
La acusación elaborada años atrás por otro equipo de fiscales no describía claramente qué presiones habrían ejercido Gamboa y Smith para favorecer a Araya, lo que dificultó demostrar la existencia de un delito, indicó Villalta.
"Nosotros tenemos que hacer un análisis de toda la prueba testimonial y documental, pero es que el análisis tiene que ser bajo el principio de objetividad y eso fue precisamente lo que hoy nosotros aplicamos.
Analizamos todo el universo de prueba y nos llevó a la conclusión de que en este caso lo procedente era pedir una absolutoria en favor de los imputados", señaló Villalta.
Contrario a ese criterio, la Procuraduría sí solicitó condenar a los tres acusados y, además, pidió una indemnización. En su rol de abogado del Estado, este órgano solicitó sentenciar a Gamboa y a Smith a pagar ₡15 millones cada uno, y ₡12 millones en el caso de Araya.
Inicialmente, la tesis fiscal sostenía que hubo contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, para impulsar gestiones que permitieran cambiar el estatus judicial de Araya.
La Fiscalía alegó en aquel momento que los tres imputados —Gamboa, Araya y Smith— ejecutaron una serie de acciones concertadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016, con el objetivo de manipular una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y eliminar la condición de imputado de Araya.
Según esa versión, Gamboa y Smith habrían utilizado su jerarquía para influir sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas Méndez, y conseguir que emitiera un oficio que —en apariencia— afirmaba falsamente que Araya no era imputado.
Ese documento, identificado como FAPTA-08-2016, fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del sistema informático de la Fiscalía.
Dos días después, el entonces candidato a regresar al municipio por el partido Alianza por San José envió el oficio por WhatsApp a una periodista de La Nación, que preparaba un reportaje sobre aspirantes con causas penales activas.
Gracias a esa maniobra, el nombre de Araya no apareció en el listado publicado el 2 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, los imputados habrían generado una "ventaja indebida" que le permitió ocultar su condición procesal ante el electorado.
La postura del Ministerio Público cambió tras recibir toda la prueba. En la fase de conclusiones, el fiscal Carlos Rodríguez explicó que la acusación inicial carecía de precisión y claridad, lo que impedía sostener una solicitud de condena.
