Abogado: Presidencia violentó el debido proceso en destitución de exdirectivos del BN

El procedimiento que siguió la Presidencia de la República para destituir a la junta directiva anterior del Banco Nacional (BN) no solo vulneró la autonomía de esa entidad, sino que también violentó el debido proceso.

Así lo sostiene el abogado Mario Fernando Rodríguez en un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional a favor de Maricela Alpízar, exdirectora y exvicepresidenta de la junta directiva del BN.

La gestión detalla una serie de hechos ocurridos desde enero de 2024, cuando se inició el procedimiento para la elección de un nuevo gerente general del banco, hasta junio de 2025, y señala que se afectó gravemente el goce efectivo de las garantías del debido en perjuicio de los siete exdirectores.

Entre los principales acontecimientos se señalan los siguientes:

• 30 de julio de 2024: la junta directiva aprobó la actualización del perfil del nuevo gerente general.
• 6 de agosto: la Secretaría del Consejo de Gobierno solicitó información a la junta directiva sobre el avance del concurso para la selección y nombramiento de la Gerencia General. Ese mismo día, la junta respondió que había aprobado la actualización del perfil y que se había acordado encomendar el proceso de selección a la empresa Doris Peters & Asociados, con el objetivo de realizar el nombramiento durante el tercer trimestre de 2024.
• 20 de agosto: la Secretaría del Consejo de Gobierno solicitó nuevamente información sobre la actualización del perfil del nuevo titular de la Gerencia General y el cronograma del proceso de selección. Un día después, la junta directiva respondió.
• 21 de agosto: la firma Doris Peters & Asociados publicó el concurso para la Gerencia General en la plataforma LinkedIn y en su página web, con fecha de cierre prevista para el 24 de agosto.
• 22 de agosto: al enterarse —aparentemente de forma extraoficial— de la apertura del concurso, la Secretaría del Consejo de Gobierno solicitó ampliar el plazo para recibir postulaciones de tres a quince días, con el argumento de ajustarse a mejores "prácticas".
• 29 de agosto: la Secretaría del Consejo de Gobierno envió otro oficio a la junta directiva, recordando lo solicitado en dos comunicaciones anteriores.
• 3 de septiembre: la junta directiva acordó el nombramiento en firme de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.
• 6 de septiembre: la Secretaría del Consejo de Gobierno presentó un recurso de reposición con nulidad concomitante ante la junta directiva, alegando supuestas irregularidades "aparentemente" visibles en el proceso de nombramiento.
• 18 de septiembre: el Consejo de Gobierno designó a Diana Calvo Reyes, abogada de la Secretaría del Consejo, para realizar una investigación preliminar sobre el nombramiento de Ulloa.
• 23 de octubre: en poco más de un mes, Calvo remitió al Consejo de Gobierno el resultado de la investigación, en la cual "se identificaron posibles irregularidades".

Apertura de procedimiento

Ese mismo 23 de octubre, el Consejo de Gobierno conoció el resultado de la investigación preliminar y acordó la apertura de un procedimiento administrativo contra todos los integrantes de la junta directiva. Ese día también se nombró a Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, como órgano director del proceso.

Los hechos posteriores fueron los siguientes:

• 5 de noviembre: se notificó a los miembros de la junta directiva su destitución.
• 6 de noviembre: los exdirectivos presentaron dos recursos de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad contra la resolución del Consejo de Gobierno. Además, al considerar que dicho órgano había adelantado criterio, recusaron a sus miembros y al órgano director del procedimiento.
• 13 de enero de 2025: el presidente de la República, Rodrigo Chaves, resolvió las recusaciones, las declaró con lugar y anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno. También ordenó el archivo del procedimiento y se inhibió de conocer los hechos bajo investigación, trasladando el asunto al primer vicepresidente, Stephan Brunner.
• 10 de febrero: Brunner ordenó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la junta directiva y nombró a Jeremy Bermúdez como órgano director.
• 26 de marzo: el órgano director notificó a los exdirectivos sobre la apertura del segundo procedimiento.
• 30 de abril y 2 de mayo: el órgano director realizó la comparecencia oral y privada, pese a solicitudes válidas y justificadas para su reprogramación, las cuales fueron rechazadas.

"Esta situación atentó nuevamente contra el derecho de defensa de los miembros de la junta directiva, ya que varios de los directores carecieron de asistencia profesional durante las diligencias o no pudieron estar presentes, a pesar de haber presentado los justificantes válidos requeridos", se asegura en el escrito presentado ante la Sala IV.

Pese a los yerros procesales señalados, durante la audiencia oral se evacuó la prueba testimonial, en la que se demostró que la junta directiva encargó el proceso de reclutamiento de la gerente general a la empresa especializada Doris Peters & Asociados. Esta firma trabajó conjuntamente con el personal del área de Recursos Humanos del Banco Nacional, y se acreditó que los integrantes de la junta no tuvieron ninguna participación en el procedimiento de reclutamiento y selección de los candidatos.

El 13 de mayo, el órgano director remitió el informe de instrucción a Brunner. En dicho informe no se señaló ninguna anomalía en el procedimiento de nombramiento reprochable a los miembros de la junta directiva, ni se recomendaron sanciones.

Sin embargo, el 28 de mayo, Brunner tomó la decisión de remover a toda la junta directiva del BN.

El 4 de junio, Brunner rechazó los recursos de apelación presentados por los exdirectivos.

Según se señala en el recurso, el procedimiento vulneró flagrantemente los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y al juez natural.