Abogado de narcotraficante “Pancho Villa” le exige a ministro devolver carro que le decomisaron a su cliente

Celso Gamboa, el abogado defensor de Darwin González Hernández, conocido como "Pancho Villa", quien fue condenado por narcotráfico a 12 años de cárcel, aseguró que el vehículo que utiliza el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, pertenece al sospechoso y debe ser devuelto.

Dicho carro fue decomisado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y estos bienes, usualmente, son puestos a las órdenes de las autoridades gubernamentales para sacarles provecho.

El pasado martes, el empresario de la Zona Sur fue declarado culpable de delitos relacionados con trasiego y comercialización de drogas.

A pesar de que el Ministerio Público acusó a González y su banda de 13 miembros por supuestamente mover hasta ₡810 millones en lavado de dinero ilícito, finalmente fueron absueltos por la legitimación de capitales, tras graves errores y deficiencias en la investigación.

Por esa razón, el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada no los condenó de presuntamente enmascarar las ganancias producto de la droga, ante la falta de certeza de que se cometieron estas acciones.

Al contrario, las juezas ordenaron regresar de todas las propiedades, vehículos, dinero y demás bienes que pertenecían a "Pancho Villa", así como el resto de imputados. Según el abogado Celso Gamboa, son miles de millones de colones que retornan a manos de Darwin González.

Entre todo lo que se tiene que devolver a la supuesta banda criminal, está el vehículo que, en apariencia, está siendo utilizado por el jerarca del actual gobierno, Mario Zamora Cordero.

"El carro que usa el ministro de Seguridad, que se vaya bajando de ahí. Porque el carro que usa Mario Zamora es el carro de Darwin. Que se lo vaya devolviendo, bien lavado y con la gasolina, por favor todos los carros", aseguró Gamboa.

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), confirmó a crhoy.com que efectivamente el Ministerio de Seguridad Pública tiene a préstamo un carro que pertenece a la organización criminal de Pancho Villa.

Esta es la entidad a cargo de custodiar los recursos y los bienes confiscados en los casos de posible narcotráfico o lavado de dinero, la cual indicó:

"En nuestros registros se consigna que uno de los vehículos recibidos en depósito judicial provisional por parte de la Unidad de Recuperación de Activos del ICD relativos a la causa conocida como Pancho Villa, fue dado en préstamo al Ministerio de Seguridad Pública, luego de cumplir con los requisitos contemplados en la Ley N.º 8204 y su reglamento", confirmó la entidad.

Ante la consulta de este medio, el ministro de Seguridad indicó, mediante su asesor de prensa, que no se va a referir a este tema y no brindaría respuesta a lo dicho por el abogado Celso Gamboa, quien fue magistrado y también jerarca de la misma cartera.

De acuerdo con la acusación, el grupo criminal habría operado entre los años 2018 y 2021. Fue en abril de ese año, cuando el Organismo de Investigación Judicial realizó una serie de allanamientos y diligencias para desmantelar la organización.

Al parecer, dirigidos por el empresario Darwin González Núñez, el grupo de personas conseguía importar droga desde países suramericanos.  Principalmente cocaína, por los cantones de Golfito y Puerto Jiménez, al sur del territorio nacional.

Presuntamente, parte de la droga salía del país por medio de exportación, mientras que otra parte era distribuida por el Pacífico Central, en Puntarenas.

¿Qué carro anda el ministro?

De acuerdo con el Registro Nacional, entre los bienes muebles de Darwin González está un carro de alta gama valorado ₡26.110.000. Se trata de un vehículo con placa de carga liviana, marca Toyota estilo Land Cruiser, año 2018. Fue inscrito en marzo del 2020.

El vehículo fue comprado en ₡33 millones de colones por parte del imputado, según el Ministerio Público. Tiene una capacidad para 6 pasajeros, motor 4.500 c.c. Es doble cabina con techo duro, de color blanco, y un valor de contrato de ₡1.

Este vehículo tiene un gravamen desde mayo del 2021, interpuesto por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y delitos Conexos. También tiene otro gravamen ante el Juzgado de Cobro de Golfito por un monto superior a los ₡2 millones. Este embargo practicado está presentado desde noviembre del 2022.

Ante la consulta de crhoy.com, el ICD confirmó que ese uno de los vehículos que tienen el Ministerio de Seguridad a préstamo.

Días atrás, el director del ICD, Fernando Naranjo, explicó a este medio que los vehículos que son confiscados por investigaciones sobre el narcotráfico y delitos conexos, pasan a manos de este instituto, que tiene la potestad legal de embodegar, prestar, devolver, donar y vender los autos según el avance de cada caso en el ámbito judicial.

Desde 2021, al menos 160 unidades han sido prestados a instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública mediante convenios, en los cuales deben asumir los costos de mantenimiento, gastos y seguros.

Si el proceso judicial es favorable hacia los propietarios, como en este caso, el ICD debe devolver el vehículo o el dinero equivalente al valor en caso de venderlos.

"Depende mucho del tipo de vehículo. Los que son para préstamo en instituciones normalmente son vehículos que están más orientados a actividades de seguridad.

Por ejemplo, ahí entran los Toyota Prado, los Hilux, los RAV4 y algunos automóviles, son de los que más se requieren por parte de las instituciones públicas porque inclusive es parte de la línea que históricamente se ha utilizado en las instituciones del gobierno", explicó Ramírez.

De la misma forma, el ahora sentenciado por narcotráfico Pancho Villa, posee dos camionetas tipo pick-up marca Ford, 3 tractores catalogados como vehículos de equipo especial agrícola y 5 motocicletas, todo valorado en unos ₡77 millones, de acuerdo con el Registro Nacional.

Según la hipótesis inicial del Ministerio Público, Darwin González adquirió el carro prestado a Seguridad Pública, así como algunos de los tractores y motocicletas por un total de ₡107 millones.

Según los hechos contenidos en la acusación leída al inicio del juicio, fueron alrededor de 30 vehículos adquiridos por la agrupación durante el periodo de investigación, entre los cuales destacan motocicletas, automóviles, pick-ups, tractores, maquinaria, remolques y hasta buques.

Por las transacciones legales, los sospechosos habrían conseguido ganancias que superan los ₡267 millones. La fiscal del caso señaló que los acusados tenían interés en adquirir bienes, para ingresar los recursos al sistema financiero nacional. 

Durante la primera intervención de todos los imputados hace 7 meses, ellos debieron dar información sobre el origen de sus recursos y cómo los conseguían.

Darwin González Hernández, empresario señalado, reconoció que obtenía ingresos de entre ₡30 y ₡50 millones mensuales. Justificó que el origen de sus ganancias son por la actividad agrícola.

Manifestó que es afiliado a cooperativas dedicadas a negocios de la palma. Adicionalmente, su abogado señaló que el empresario también se dedica a vender arroz, actividad por la que ingresa entre $60 mil o $70 mil mensuales por cosecha.

Pese a que existían indicios policiales notorios sobre la mezcla de ganancias lícitas con el dinero producto de la importación de cocaína, el Tribunal explicó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para demostrar el delito acusado y la investigación fue sumamente deficiente, lo que no brindó oportunidad a las juezas de imponer un castigo y por ende, los absolvieron por falta de certeza.

Según explicó la jueza Ana Yancy Umaña, el peritaje realizado por un funcionario de apellidos Vargas Hernández en el cual se basó la acusación, fue sumamente cuestionable y no tenía en conclusiones objetivas. En apariencia, el documento incluso contenía errores de suma por elevadas cifras de hasta $500 mil.

El peritaje no logró establecer el capital semilla de los imputados, ni logró separar la cantidad de dinero que recibían los imputados de actividades legales y cuántos venían de negocios ilegales. Vargas Hernández estuvo prácticamente 2 meses en audiencia ante el Tribunal.

Por el contrario, el perito aseguró que los dineros de la organización criminal estaban todos justificados, pese a que una de las modalidades de la legitimación es mantener empresas para mezclar el dinero lícito con ilícito.

El investigador no logró determinar cuáles depósitos se realizaban de forma legal y daba por sentado que todos los dineros eran de origen legal, y nunca se indagó realmente cuál era la procedencia o uso de los recursos.

Inclusive, el Tribunal detectó que hubo documentos contables que no se pasaron al Ministerio Público para indicar si esos ingresos eran una mampara o no. Por toda esa falta de determinación de dónde provenían los recursos, se debió absolver a los imputados.